Los legisladores Lorena Matzen y Ariel Bernatene presentaron un proyecto de ley ante la Legislatura de Río Negro, con el propósito de crear la Oficina Anticorrupción en la provincia. Esta entidad, concebida como un ente autárquico de la administración central, se dedicará a coordinar y ejecutar programas destinados a erradicar la corrupción en todas sus manifestaciones dentro del ámbito público provincial.
"La corrupción, un mal que socava los cimientos de la democracia y mina la confianza ciudadana, ha sido durante mucho tiempo una de nuestras mayores preocupaciones en la esfera pública", señalaron los legisladores.
Enfatizaron que la corrupción no solo conlleva pérdidas económicas para las arcas públicas, sino que también debilita la eficacia de nuestras instituciones y socava la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático.
"Por ende, la creación de esta oficina no sólo busca proteger los recursos públicos, sino también restaurar la integridad y la transparencia en la gestión gubernamental", añadieron.
La jurisdicción de la Oficina Anticorrupción abarcará tanto la administración pública provincial centralizada como la descentralizada, así como también empresas, sociedades y cualquier entidad u organismo público o privado que mantenga vínculos con el Estado o dependa de sus recursos para operar. Esto garantiza que ningún sector quede exento de la vigilancia y el escrutinio necesario para prevenir y detectar actos corruptos.
Es crucial destacar la autonomía administrativa y funcional que tendrá la Oficina Anticorrupción, así como su independencia técnica y económica. Esta independencia asegura que la entidad pueda cumplir sus funciones de manera imparcial y sin interferencias externas, lo que garantiza su efectividad en la lucha contra la corrupción.
Además, se establece que el presupuesto general de la provincia de Río Negro deberá asignar las partidas necesarias para el funcionamiento de la Oficina Anticorrupción, asegurando así su operatividad y continuidad en el tiempo. Este compromiso financiero demuestra la firme voluntad del gobierno provincial de combatir la corrupción de manera efectiva y sostenida.