Ariel Bernatene, del bloque de la UCR, destacó la relevancia de las Normas de Manejo de Agua (NMA) en el marco de la legislación nacional y provincial que regula el uso del agua, como instrumento fundamental para garantizar un manejo armónico y coordinado de este recurso vital.

Lo hizo en el marco de la última sesión, cuando la legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad el proyecto de ley del Ejecutivo para regular las concesiones de uso de agua pública destinada a la generación de energía hidroeléctrica, utilizando aguas del dominio público del Estado provincial.

Según el legislador, estas normas son esenciales para establecer un orden de prioridades en el uso del agua, especialmente en casos de aprovechamientos hidroeléctricos como en la cuenca del Comahue.

Resaltó la necesidad de alcanzar acuerdos entre las partes involucradas para garantizar un uso equitativo y eficiente del recurso, priorizando la seguridad de las personas, los usos domésticos, el riego agrícola y la generación de energía eléctrica, en ese orden.

“En este contexto, las NMA juegan un papel fundamental al establecer reglas claras para la operación de embalses y la disponibilidad temporal y volumétrica del agua para la generación de energía”, consideró.

Bernatene sostiene que es necesario que estas normas sean elaboradas de manera conjunta entre las provincias y el Estado nacional, a través de organismos como la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC), garantizando una gestión integrada y armónica de los recursos hídricos.

Además, planteó que las provincias deben tener la facultad de sancionar las concesiones de uso del agua para preservar la calidad ambiental de los ríos, en coordinación con otras jurisdicciones. Resaltó la necesidad de establecer el costo económico del uso del agua para cualquier usuario, público o privado, asegurando una gestión sostenible y equitativa del recurso.

“Las Normas de Manejo de Agua son un instrumento indispensable para asegurar un uso racional y equitativo del agua, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales. Cualquier acción unilateral del Estado Nacional que no respete estas normativas será inválida y contraria a derecho”, finalizó el legislador radical.