El vicegobernador Pedro Pesatti resaltó el proyecto para regular las concesiones de uso de agua pública con destino a la generación de energía hidroeléctrica, que utilice aguas del dominio público del Estado provincial, que fuera enviado recientemente por el Poder Ejecutivo.

Tras mantener una reunión con el gobernador Alberto Weretilneck, Pesatti indicó que se trata de una iniciativa “íntimamente relacionada con el federalismo que hemos elegido los argentinos como forma de organización territorial del poder” y un ejercicio de defensa “ante los embates del poder central en desmedro de las autonomías provinciales”.

Destacó el vicegobernador que “el dominio originario de los recursos naturales pertenece a las provincias” y que “el agua es para las hidroeléctricas como el combustible para un motor de un auto. Somos los dueños del agua y merecemos que nos paguen por ello”, indicó.

Los usos hidroeléctricos más importantes por su magnitud son los que explotan las centrales emplazadas sobre el río Limay, compartidas con Neuquén: El Chocón-Arroyito, Piedra del Águila, Alicurá y Pichi Picún Leufú. “Este complejo constituye una de las fuentes de energía renovable más importantes del país”, indicó Pesatti.

El vicegobernador explicó que hay que ir hasta el primer gobierno de Juan Domingo Perón para encontrar los más fuertes impulsos a la generación de energía desde la norpatagonia. “Ese proceso iniciado a mediados de los años 40 se detiene con el golpe del 55 y toma nuevo impulso a partir del programa desarrollista de Arturo Frondizi”, expresó. “El presidente Arturo Illia también tuvo una mirada federal interrumpida por el general Juan Carlos Onganía vía Hidronor, que volvió a poner los intereses de Buenos Aires por encima de los provinciales”, añadió.

Más adelante, el vicegobernador relató que “en la ola privatizadora de 1993-1997, las hidroeléctricas son concesionadas por el Estado nacional por treinta años, plazo que está vencido o próximo a vencer según el caso”.

En el contexto descripto, señaló Pesatti, “Río Negro y Neuquén plantearon rediscutir la situación, pero nos encontramos una vez más con el destrato del gobierno nacional, que dispuso que cuando finalicen las concesiones el manejo de las represas quede para su dominio a través de Enarsa, desconociendo los acuerdos del Parlamento Patagónico y los gobiernos provinciales”.

En definitiva, cerró el vicegobernador, “lo que estamos haciendo es un acto de justicia para con nuestros recursos naturales, el federalismo y las autonomías provinciales, en respuesta al avasallamiento constante al que nos quiere someter un gobierno nacional que no dialoga, no escucha y desatiende a los argentinos”.