El gobernador Alberto Weretilneck envió a la Legislatura un proyecto de ley con acuerdos de ministros donde reafirma la propiedad de los recursos naturales por parte de la Provincia y establece regulaciones claras y rigurosas para el uso de aguas públicas con destino a la generación de energía hidroeléctrica.

El mandatario propuso derogar el artículo 46 del Código de Aguas de la Provincia de Río Negro, aprobado por la Ley Q Nº 2952, y regular las concesiones de uso de agua pública destinadas a la generación de energía hidroeléctrica que utilice aguas del dominio público del Estado provincial.

El proyecto se fundamenta en el federalismo argentino, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales dentro de su territorio, como se establece en la reforma constitucional de 1994. Este reconocimiento busca fortalecer el federalismo y evitar la intromisión indebida del gobierno central en las autonomías locales.

La Constitución de la Provincia de Río Negro ya establece la propiedad originaria de los recursos naturales en su territorio, incluyendo las aguas públicas y regula su uso y conservación.

El Código de Aguas de la provincia regula el gobierno, administración y manejo del recurso hídrico, así como los procedimientos para el otorgamiento de concesiones de uso de agua pública. Distingue entre el uso común, que es gratuito y accesible para todos y el uso especial, que requiere autorización o concesión de la autoridad competente.

Muchos de los contratos de concesión de aprovechamiento de agua para la generación de energía eléctrica están próximos a vencerse y Weretilneck pretende regular esta situación para garantizar la continuidad y el manejo adecuado de estos recursos en beneficio de la provincia.

De cara a la finalización de los contratos de concesión de represas, el Gobernador plantea una administración compartida entre provincias, destacando la necesidad de respetar la autonomía provincial y los derechos constitucionales sobre recursos hídricos.

Busca establecer una coordinación entre el Estado federal y las provincias en la concesión de uso de aguas públicas para la generación hidroeléctrica. Se argumenta que la falta de consulta previa a las provincias hace que las concesiones nacionales sean nulas y se busca proteger los recursos provinciales frente a la intervención federal.

Con esta nueva ley, la Provincia de Río Negro busca promover un uso responsable y equitativo de sus recursos hídricos, garantizando su preservación y el desarrollo sostenible de la región.

Dictamen favorable para la regulación de las concesiones hidroeléctricas en Río Negro

El Ejecutivo provincial, con acuerdo de ministros, presentó este martes ante la Comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo un proyecto de ley para regular las concesiones de uso de agua pública con destino a la generación de energía hidroeléctrica. El tratamiento parlamentario podría ser en la sesión del jueves 14.

El superintendente del Departamento Provincial de Aguas (DPA), Pedro Sánchez, fue el encargado de brindar los detalles de la norma a las y los legisladores que integran la Comisión. En su alocución explicó que se trata de “poner en valor el recurso agua de la provincia de Río Negro. Aquellas aguas que se utilicen y se turbinen vinculados a la generación hidroeléctrica van a tener que tener una concesión por parte de quienes se hagan cargo de las mismas, sean empresas públicas o privadas, y van a tener que abonar una retribución por el uso del agua, así como se hace con el resto de las actividades en la provincia”.

En este sentido explicó que “todo el uso de agua, ya sea para industria, riego, consumo de agua potable, todos tienen un valor y una retribución que entra a las arcas del estado rionegrino y se devuelve en obras, en este caso es una parte de la legislación que faltaba y la oportunidad de la renovación de los contratos es el momento de hacerlo”.

Posterior a la explicación de Sánchez, legisladores y legisladoras realizaron consultas puntuales sobre el articulado, los bloques Pro Unión Republicana y Primero Rio Negro solicitaron 48 horas de análisis de la norma para expedirse, mientras que los bloques restantes acompañaron el dictamen que fue aprobado por mayoría.