El bloque de legisladores de la Coalición Cívica ARI – Cambiemos presentó un proyecto de ley con el fin de reorganizar todo el sistema de control de velocidades en Río Negro.

Consideran que hay que reorientarlo hacia el fin principal de la prevención y no a la recaudación, y con ello decidir la ubicación de cinemómetros con criterios técnicos sólidos y fundados, con la autorización de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y con la colocación de la cartelería y demás requisitos ordenados por las leyes nacional y provincial. 

Los legisladores remarcan que “los accidentes viales son una de las principales causas de mortalidad e incapacidad en nuestro país y la mayoría son producto del exceso de velocidad”.

Consideran que El Estado “debe darse una política para reducir la cantidad y la gravedad de los siniestros viales y la única válida es la prevención”.

Añaden que “es necesario el control” y en ese sentido, gracias a la tecnología “son claves los cinemómetros controladores de velocidad, comúnmente conocidos como radares”.

“Pero también es necesario -afirman- que el conductor sepa del control y por ese motivo, para evitar la multa, se autocontrole”.

Sin embargo, los autores del proyecto entienden que “en nuestro territorio provincial estos objetivos no se cumplen y con perversidad se ha trastocado el objetivo de la prevención por el de recaudación”.

“Esa voracidad recaudatoria de los Municipios se ha transformado en una verdadera ‘trampa caza bobos’ para los ciudadanos”, aseguran.

También remarcan que “los Municipios rionegrinos incumplen las reglas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que establece en forma taxativa la obligatoriedad de colocar en forma visible y a las distancias apropiadas carteles que den cuenta de la existencia de los cinemómetros en las rutas, a fin de lograr el objetivo preventivo, que no es otro que la disminución de la velocidad de circulación”.

Más adelante subrayan que “la falta de cumplimiento de las exigencias de la Ley, motivada en el afán de recaudar, deriva en consecuencia en la ‘ilegalidad’ de la sanción y, lo que es mucho peor, no redunda en beneficio de la prevención y baja de siniestralidad”.

También hacen mención a la ubicación de los radares, que -sostienen- deben colocarse en aquellos lugares de las rutas dónde sea más necesario y adecuado para lograr la reducción de la velocidad, en consonancia con el grado de peligrosidad de siniestros.

“Llamativamente nos encontramos con la irregularidad que existen en el territorio provincial radares en funcionamiento que no han sido autorizados por la Agencia Provincial de Seguridad Vial”, manifiestan los parlamentarios.

Por todo ello es que creen “imprescindible la reorganización total del sistema” y que “se hace necesario suspender todos los radares actualmente en funcionamiento, previo a su reubicación”.