Las y los delegados sindicales de ATE CONICET Bariloche, integrantes del sistema científico y tecnológico nacional, que nos desempeñamos en las múltiples instituciones científicas de Patagonia Norte, expresamos nuestro rechazo al proyecto expresado en el DNU 70/2023, el DNU 84/2023 y el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos (Ley Ómnibus), por representar un ataque a la Nación Argentina, a la república, al Estado, a su soberanía y en particular a su sistema de ciencia y tecnología. Llamamos a las y los legisladores nacionales de Neuquén, Río Negro y Chubut que nos representan a rechazar dicho proyecto, y nos ponemos a su disposición para dialogar sobre el mismo.
El desarrollo de las naciones requiere un sistema industrial, científico y tecnológico consolidado y robusto, y el control soberano de los recursos estratégicos, nuestro país no es una excepción. Es un hecho histórico que ningún país dominante se industrializó sin políticas de estado e inversión estatal, y sin control de sus recursos estratégicos por parte del Estado. A contramano de estos hechos, los DNU y el proyecto de Ley Ómnibus mencionados sitúan a la Argentina en una posición subordinada a los intereses extranjeros y del capital financiero y extractivista, en detrimento de la soberanía, del cuidado de nuestros recursos y del desarrollo económico nacional. Como ejemplo: abren la posibilidad de la venta irrestricta a capitales extranjeros del espacio terrestre, marino y aéreo, y de empresas estratégicas [1], desarman la arquitectura institucional nacional del sistema de ciencia y tecnología [2] permitiendo la afectación de los principales organismos [3] y violan las leyes de financiamiento de dicho sistema [4].
Ignorar el funcionamiento de los sistemas de producción en los principales países del mundo, entre ellos el de ciencia, tecnología e innovación, y destruir, una vez más, el proceso de desarrollo y crecimiento argentino sin dudas constituiría un ataque directo al interés nacional, que el pueblo juzgará más temprano que tarde.
El proceso mencionado ya ha comenzado, basta mencionar: la degradación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva a subsecretaría, los despidos de personal fundamental para el funcionamiento de varios organismos, la licuación de becas y salarios, la paralización del proceso de admisión y promoción de becas y trabajadores del CONICET, la no transferencia de fondos a las administradoras de proyectos científicos, la anunciada paralización de la obra pública que cancela cerca de cien obras del plan Construir Ciencia, la devaluación reciente superior al 100% que destruye la posibilidad de adquirir equipamiento con el Plan Equipar.
Por estos motivos, y porque reconstruir un sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación requiere muchas décadas e inversión, mientras que una sola mala decisión de este cuerpo legislativo puede destruirlo en pocos meses, llamamos a las y los 2 legisladores nacionales: Tanya Bertoldi, Pablo Cervi, Osvaldo Llancafilo, Nadia Márquez, Pablo Todero, Carmen Lucila Crexell, Oscar Isidro Parrilli, Silvia Sapag, Sergio Eduardo Capozzi, Agustín Domingo, Martín Soria, Aníbal Tortoriello, Lorena Villaverde, Claudio Martín Doñate, Silvina Marcela García Larraburu, Mónica Esther Silva, Eugenia Alianiello, Jorge Antonio Ávila, José Glinski, Ana Clara Romero, César Treffinger, Andrea Marcela Cristina, Carlos Alberto Linares, Edith Elizabeth Terenzi, a rechazar en forma completa los DNU y el proyecto de Ley Ómnibus mencionados, y nos ponemos a su disposición para discutir sobre los mismos.
Cuerpo de delegados ATE CONICET Bariloche
Referencias:
[1] Citamos las empresas de base tecnológica, sólo como ejemplo: Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT), Dioxitek, Vehículo Espacial Nueva Generación (VENG), Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), Polo Tecnológico Constituyentes (PTC), Fabricaciones Militares (FM), Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” (Fadea), Talleres Navales Dársena Norte (TANDANOR), Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias (INTEA).
[2] El Art. 6° del proyecto de Ley Ómnibus faculta al Poder Ejecutivo Nacional a “intervenir todos los órganos y entidades descentralizadas que componen la Administración Pública Nacional, con la sola exclusión de las Universidades Nacionales”, establece que “el Interventor ejercerá las competencias del órgano de administración y dirección, cualquiera fuere su denominación. El Interventor podrá disponer el pase a disponibilidad o baja del personal de los órganos intervenidos, en el marco de las previsiones del artículo o cualquiera sea su modalidad de contratación” y “suprimir recursos propios de la administración central a su cargo o con afectaciones específicas establecidas por ley, (...) así como dejar sin efecto fideicomisos, fondos u otros instrumentos a través de los cuales se destinen recursos, los que deben ser girados al Tesoro Nacional rentas generales” y “privatizar actividades relacionadas con la prestación de servicios periféricos y la gestión de producción de obras o bienes (...)”
[3] Administración de Parques Nacionales, Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Carlos Malbrán (ANLIS Malbrán), Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (ANPIDTI), Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Fundación Miguel Lillo, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Instituto Nacional del Agua (INA), Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Instituto Geográfico Nacional (IGN), Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
[4] Leyes de Financiamiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Promoción de la Economía del Conocimiento y de Promoción de la Bio y Nanotecnología; y el Plan Estratégico 2030.