El bloque Incluyendo Bariloche expresó su respaldo a la ex Defensora del Pueblo, Andrea Galaverna, frente a la Resolución DPB: 0000007/2025, que propone modificar la Ordenanza 2212-CM-11 y trasladar el Servicio de Mediación Comunitaria fuera del ámbito de la Defensoría del Pueblo. Este servicio, creado en 2011, ha funcionado como una herramienta gratuita y neutral para la resolución de conflictos vecinales, y su permanencia dentro de la Defensoría ha sido considerada fundamental para garantizar su independencia, especialmente en casos donde está involucrado el Estado municipal.
Desde el bloque manifestaron su preocupación por el momento en que se impulsa esta medida, a un mes del final de la actual gestión y en plena transición institucional. En ese contexto, advirtieron sobre la falta de legitimidad y transparencia del proceso, y solicitaron que se respeten la institucionalidad vigente y los principios de autonomía de la Defensoría. También remarcaron la necesidad de que cualquier cambio que afecte servicios sensibles para la comunidad se realice con participación y diálogo.
Comunicado de prensa
San Carlos de Bariloche, 21 de abril de 2025
Desde Incluyendo Bariloche compartimos y respaldamos la preocupación expresada por la Dra. Andrea Fabiana Galaverna, ex Defensora del Pueblo de la ciudad (2013–2017), ante la Resolución DPB: 0000007/2025 que propone modificar la Ordenanza 2212-CM-11, trasladando el Servicio de Mediación Comunitaria fuera del ámbito de la Defensoría del Pueblo.
Este servicio, creado en 2011, ha demostrado ser una herramienta efectiva, gratuita y neutral para la resolución pacífica de conflictos entre vecinos y vecinas, fortaleciendo el tejido social de Bariloche. Su desarrollo bajo la órbita de la Defensoría fue clave para garantizar independencia frente a situaciones donde el propio Estado municipal estaba involucrado.
Llama profundamente la atención que este intento de traslado se realice a solo un mes del fin de la actual gestión, y en plena etapa de transición para la designación de nuevas autoridades. Esto plantea interrogantes sobre la legitimidad y los intereses detrás de la medida.
Instamos a las autoridades a respetar la institucionalidad, la normativa vigente y los principios de autonomía que deben regir a la Defensoría del Pueblo. Las decisiones que afectan herramientas tan sensibles para la comunidad no pueden tomarse sin transparencia ni participación.
Incluyendo Bariloche
