La audiencia fue convocada por Resolución 3/2024 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, ENRE, en el contexto de la Declaración de Estado de Emergencia del Sector Energético Nacional que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2024, conforme artículo 1 del D.N.U. 55/23.

En esta instancia de partición ciudadana que resulta trascendente a todas las comunidades de nuestro país, la Defensora indicó que participó para hacer valer los derechos de las personas usuarias de los servicios de electricidad que son quienes, en definitiva, deberán afrontar las facturas de energía eléctrica por su consumo
Se escucharon exposiciones de las empresas distribuidoras de energía eléctrica tendientes a lograr, de parte del ENRE, la adecuación transitoria de tarifas.

La Defensora subrayó que es importante que el ENRE tenga presente adecuadamente y evalúe con detenimiento y responsabilidad todas las alocuciones de las organizaciones, Defensorías del Pueblo y particulares interesados, al momento de resolver el pedido de los ajustes tarifarios.

Remarcó que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad, intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno conforme lo consagra el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional

Exhortó a las autoridades del ENRE a respetar criterios de justicia y razonabilidad ya que si los aumentos se dieran en forma inmediata y desproporcionadas las familias patagónicas verían en sus economías domésticas endeudamiento y un camino hacia la pobreza energética en un escenario de incumplimiento de los compromisos internacionales que contrajo nuestro país con los organismos de protección internacional de los derechos humanos y sujeto a sanciones.