La investigación judicial que permitió desarticular una organización dedicada a la extorsión digital tuvo como punto de partida el suicidio de Rodrigo Andrés Gómez, soldado voluntario del Ejército Argentino que cumplía funciones de vigilancia en la Quinta Presidencial de Olivos y fue hallado sin vida el 16 de diciembre de 2025.
La investigación judicial que permitió desarticular una organización dedicada a la extorsión digital tuvo como punto de partida el suicidio de Rodrigo Andrés Gómez, soldado voluntario del Ejército Argentino que cumplía funciones de vigilancia en la Quinta Presidencial de Olivos y fue hallado sin vida el 16 de diciembre de 2025.
Este martes, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, junto al jefe de Gabinete Nacional, Manuel Adorni, y la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, dieron a conocer los resultados del caso, que permitió esclarecer el contexto que rodeó la muerte del joven militar y avanzar sobre una estructura criminal de alcance nacional.
En el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Gómez, los investigadores secuestraron su teléfono celular y una carta manuscrita. En ese escrito, el soldado hacía referencia a graves problemas económicos y a presuntas extorsiones ejercidas por supuestos “policías corruptos”, un dato que resultó clave para no cerrar prematuramente la causa.
A partir de esos elementos iniciales, la Justicia dispuso una serie de medidas probatorias que incluyeron el análisis del dispositivo móvil y la profundización de la investigación sobre las personas y situaciones mencionadas en la carta.
Según se informó oficialmente, el análisis de la información permitió detectar una operatoria de extorsión que tenía como base el uso de perfiles falsos en aplicaciones de citas, desde donde se captaban víctimas para luego someterlas a presiones económicas mediante amenazas de denuncias penales simuladas.
Durante la presentación, la ministra Monteoliva señaló que el caso evidenció la importancia de no dar por concluida una investigación ante la existencia de una nota de despedida, ya que, en este caso, permitió descubrir una trama delictiva que iba más allá del hecho individual.
Las tareas judiciales derivaron en la intervención de líneas telefónicas y dispositivos, lo que permitió confirmar que la red operaba desde el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires, valiéndose del uso irregular de teléfonos celulares dentro de las unidades carcelarias.
De acuerdo con el parte policial, los integrantes de la organización utilizaban la aplicación “EVERMATCH” mediante un perfil falso que simulaba corresponder a una menor de edad. Tras el contacto inicial, se hacían pasar por funcionarios policiales y exigían transferencias de dinero como condición para no avanzar con una supuesta causa penal.
La modalidad detectada coincidió plenamente con la situación relatada por Gómez en la carta hallada en el lugar de su muerte, lo que permitió vincular su caso con otros hechos similares y avanzar en la identificación de nuevas víctimas.
En total, la investigación incluyó 55 días de escuchas telefónicas, que abarcaron ocho líneas y tres IMEI distintos. Ese material fue incorporado al expediente judicial y resultó determinante para sostener las imputaciones.
Siete detenidos y allanamientos simultáneos
Como resultado del avance de la causa, se realizaron allanamientos simultáneos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, entre ellos domicilios en Lomas del Mirador, El Palomar y Monte Grande, además de procedimientos dentro de la Unidad Carcelaria N.º 36 de Magdalena.
Las autoridades identificaron como presuntos cabecillas de la organización a TMF y MJDA, junto a KMS como integrante del núcleo principal. También fueron detenidas IAS, KYC, CAM y EYT, señaladas como responsables de la recaudación del dinero obtenido mediante las extorsiones.
Durante la conferencia, el jefe de Gabinete Nacional, Manuel Adorni, remarcó la gravedad institucional del uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles y advirtió que estos dispositivos permiten la comisión de delitos complejos desde el interior de los penales.
Por su parte, la jueza Sandra Arroyo Salgado destacó el trabajo coordinado entre la Justicia Federal de San Isidro y la División Homicidios de la Policía Federal Argentina, y afirmó que la investigación permitió afirmar que la muerte de Gómez no fue un hecho inexplicable ni quedará impune.
La magistrada explicó además que la difusión pública del caso busca advertir sobre esta modalidad delictiva y prevenir nuevas víctimas, subrayando que el uso irrestricto de celulares en contextos de encierro continúa siendo una de las principales herramientas para la comisión de delitos graves.
De la presentación participaron también el jefe de la Policía Federal Argentina, Luis Rolle, y el comandante general de Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni, quienes acompañaron la exposición de los resultados del operativo y las medidas adoptadas en el marco de la causa.