La fiscalía había pedido bloquear esa cifra de USDC identificados en una dirección de la blockchain de la plataforma Solana. La medida fue resuelta favorablemente por la jueza federal María Servini que libró un exhorto a las autoridades competentes de los Estados Unidos. La investigación procura establecer las circunstancias que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA y qué participación tuvieron las personas investigadas en los sucesos, que podrían encuadrar en las figuras de estafa, tráfico de influencias, cohecho y abuso de autoridad.

Los registros de cámaras de video permitieron detectar la intervención de un cabo y de un sargento de la Gendarmería Nacional en las maniobras previas a una operación de tráfico que había sido descubierta el 5 de mayo en Aguaray. Aquel día dos personas fueron detenidas a bordo de una camioneta con 173 paquetes ocultos en un doble fondo. La profundización de la pesquisa derivó en la identificación de los miembros de la fuerza de seguridad.

De las siete personas investigadas, seis deberán responsar en calidad de autores y uno, el funcionario policial, como partícipe necesario de ese delito. Para los representantes del MPF, el niño “no se extravió” y todos los imputados “intervinieron de manera coordinada” en su sustracción y posterior ocultamiento. También solicitaron la extracción de testimonios para que continúe la investigación para hallar al niño de 5 años desaparecido hace casi un año en la localidad correntina de 9 de Julio.

Los implicados contactaban a jóvenes con dificultades económicas y los convencían de que podían ganar dólares con sus redes sociales si pagaban una suscripción y conseguían más gente. Los acusados reconocieron su responsabilidad en la maniobra, que afectó a por lo menos 29 personas, se obligaron a reparar a las víctimas y cesar su actividad en el marco de un acuerdo con la fiscalía. Además de la condena, se ordenó una reparación para los/as damnificados/as y sus familias.

A seis les dictaron la prisión preventiva, que cumplen en sus domicilios. Están procesados como partícipes necesarios de privaciones ilegales de la libertad, imposición de tormentos y homicidios perpetrados contra las víctimas que pasaron por los centros clandestinos de detención que funcionaron en la guarnición militar.

A través de su Área Operativa de Fraude Financiero y Mercado de Capitales explica características propias de las estafas piramidales, las formas de establecer si un intermediario está autorizado para operar en el país y los recaudos que pueden adoptarse previo a realizar una inversión.

Se trata de Marcos Herrero, quien en esta causa realizó con sus canes peritajes irregulares de rastros de olor que incriminaron a los policías investigados. Se le impuso una pena única de 7 años y 8 meses de cárcel-ya tenía otra condena por encubrimiento en el fuero penal mendocino- e inhabilitación absoluta por 14 años. Los fundamentos se conocerán el 29 de abril.

Fernando Gómez murió alcanzado por dos perdigones de plomo tras un incidente registrado con efectivos de Gendarmería el 18 de diciembre pasado en un paso ilegal en la localidad de Aguas Blancas. La fiscalía imputó por “homicidio en riña agravado por el uso de armas de fuego” a cinco suboficiales del Escuadrón 20 de Orán de la fuerza federal.

A su vez, confirmó la prisión preventiva de los imputados Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Walter Adrián Maciel y Mónica Millapi -esta última en su modalidad de prisión domiciliaria-, quienes permanecerán privados de su libertad hasta por un plazo de dos años más, tal como se decidiera en la primera instancia.

La decisión judicial -que incluyó la prisión preventiva de ocho de las nueve personas imputadas- indicó que el financista mantenía una "importante deuda", por lo que habría organizado y encargado a los policías un operativo para librarse de sus acreedores. Previamente habría colocado más de un kilo de cocaína y un arma robada en el baúl del automóvil de la pareja damnificada.

Los procedimientos se llevaron a cabo anoche en los aeropuertos de Bariloche y de la ciudad de Buenos Aires. Este lunes se harán públicos los detalles del caso en la audiencia de formalización de la investigación.

En el 49° aniversario del último golpe de Estado hay 14 juicios en curso. 63 causas se encuentran con elevación a juicio a la espera de futuros debates. 615 personas están privadas de su libertad, de las cuales 498 se encuentran en arresto domiciliario. Hay 33 prófugos.

Un sargento, un subalferez y dos cabos del Escuadrón 21 de Gendarmería Nacional fueron imputados por el homicidio agravado por alevosía y por su calidad de funcionario público de Ivo Rodrigo Torres, de 22 años. La víctima presuntamente fue baleada por los gendarmes en un procedimiento en La Quiaca cuando, procedente de Bolivia, traspasó la frontera por un paso ilegal con escasa cantidad de hojas de coca. La semana pasada, ampliaron su declaración dos de los imputados.

El fiscal cámara y el fiscal de instrucción intentan revertir dos fallos que sobreseyeron al presunto manager del fallecido, a la gerenta del hotel y al encargado de seguridad por los delitos de “homicidio culposo” y -en el caso del primero de los nombrados-, también por “facilitación y suministro de estupefacientes”. Además, la Unidad Fiscal de Asistencia ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional logró que ese tribunal confirme la denegatoria de la excarcelación de uno de los procesados.

El fiscal federal Fabián Canda argumentó que, en función de las especiales particularidades del caso, la Resolución 2024-603 APN de esa cartera “provoca una injusticia inconstitucional”, puesto que priva del acceso a la salud al hijo de una trabajadora de una cooperativa textil, quien a raíz de aquella disposición se ve obligada a abonar la obra social que hasta entonces tenía “costo cero” para las personas inscriptas en el monotributo social.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad relevó que el 17% de las 338 sentencias dictadas desde la reapertura de los juicios incluye condenas por los tipos penales relacionados con agresiones sexuales a las víctimas del terrorismo de Estado.

A pedido de la fiscal Virginia Miguel Carmona, el procurador Eduardo Casal dispuso que la procuraduría especializada intervenga en el caso del niño de tres años desaparecido desde el 22 de febrero pasado en la localidad de Ballesteros Sud.

En las últimas semanas la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) tomó conocimiento sobre nuevos casos donde las víctimas fueron engañadas para efectuar inversiones o realizar tareas laborales en plataformas virtuales. Sin embargo, cuando quieren retirar la inversión y la supuesta ganancia no pueden hacerlo bajo diversos pretextos.

“Estamos frente a un avance significativo de la lucha que los estatales llevamos adelante contra el ajuste que en el sector público impulsa el Gobierno Nacional”, señaló Rodolfo Aguiar. Se esperan respuestas a otras causas aún en trámite.