El peritaje reveló que se trataría de un cuadro del pintor italiano Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti. La obra sería una de las piezas sustraídas al comerciante de arte neerlandés Jacques Goudstikker. Su valor rondaría los 250.000 euros.

“Fernando Sabag Montiel ejecutó un ataque a traición, haciéndose pasar por un simpatizante de Cristina Fernández que quería acercarse a saludarla. Ni ella ni los custodios que estaban a su alrededor podían preverlo, y no hubo ni se dispuso de una defensa para un atentado perpetrado bajo tales condiciones”, remarcaron las representantes del Ministerio Público Fiscal, que resaltaron que debían aplicarse los agravantes de alevosía y de violencia de género en el caso.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 declaró la nulidad de la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación, conocida como “protocolo antiprotesta”, al considerar que vulnera derechos fundamentales garantizados por la Constitución Nacional y por tratados internacionales de derechos humanos.

El máximo tribunal penal consideró arbitraria la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes que exigía resolver en un plazo exiguo la situación procesal de los imputados o ampliar sus imputaciones. Ordenó continuar la investigación sin límite temporal, en atención a la gravedad del caso, la desaparición aún vigente del niño y las obligaciones internacionales del Estado argentino.

Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal de Corrientes al rechazar un planteo de una de las defensas que solicitaba que el caso vuelva al fuero ordinario provincial porque, según su evaluación, no se había comprobado la hipótesis de la trata de personas. El representante del MPF consideró que ello debe resolverse en el debate oral y que un cambio de fuero llevaría a “una dilación del proceso”. Los jueces coincidieron y resaltaron que el niño continúa desaparecido y que “la sociedad exige una respuesta judicial pronta, imparcial y eficaz”.

Los representantes del MPF los acusan de integran una organización narcocriminal trasnacional. En su última incursión, el miércoles pasado en una zona rural de Rosario de la Frontera, una de sus naves, provenientes de Bolivia, se estrelló contra el auto de uno de los implicados y contra una arboleda. Parte de la droga quedó en la aeronave, pero más de 200 kilos habían sido enterrados y fueron secuestrados a unos 70 kilómetros del sitio del accidente.

La amenaza fue detectada en redes sociales por el FBI y la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia y la fiscalía federal porteña interviniente identificaron al sospechoso, que tiene 16 años. En su domicilio se secuestraron varias réplicas de armas de fuego, armas blancas y escritos donde reivindicaba al nazismo y a otros jóvenes que realizaron ataques masivos. Tras su detención, la jueza federal María Servini ordenó su evaluación psiquiátrica.  

El fiscal Ramiro González solicitó a la Cámara Nacional Electoral que confirme la decisión por la que se rechazó el pedido de la Libertad Avanza para reimprimir la boleta para las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre ante la renuncia de su primer candidato.

Fueron considerados responsables del delito de homicidio agravado por mediar el empleo de un arma de fuego en grado de tentativa. El tercer imputado, Gabriel Nicolás Carrizo, fue absuelto en línea con lo planteado por el MPF en su alegato. Los fundamentos se conocerán el próximo 9 de diciembre.

El Máximo Tribunal avaló lo que ya había dispuesto en 2022 el Juzgado Federal N°2 de Neuquén y rechazó todos los planteos de la defensa, haciendo propios los argumentos del titular del MPF. El empresario se encontraba detenido desde 2021 y estaba bajo arresto domiciliario en Viedma. Lo acusan en Estados Unidos de asociación ilícita, narcotráfico, fraude y lavado de dinero.

El imputado es un retirado de la Armada que se expresó de esa forma en el programa “La Libertad Avanza Radio”. La fiscalía sostuvo que se trató de un ejercicio abusivo de la libertad de expresión, pues se trata de “un mensaje que legitima y glorifica prácticas vinculadas al terrorismo de Estado, alentando la repetición simbólica de esas violencias”.

Para la fiscalía, las víctimas fueron explotadas, en el marco de un falso programa de recuperación de situaciones de consumo problemático, bajo la órbita de control y sometimiento del imputado, quien se vio beneficiado no solo económicamente sino también en su influencia sobre la comunidad. Se solicitó también una reparación de más de 135 millones de pesos para las nueve víctimas y el decomiso de inmuebles y vehículos.

Se trata de siete ciudadanos chilenos -uno de ellos menor de edad- y un venezolano, que fueron apresados este martes por la policía de la ciudad, en dos procedimientos realizados en los barrios porteños de Once y Barracas. El análisis de cámaras de seguridad, clave para rastrear los vehículos implicados en el robo.

El hecho ocurrió en la madruga del 25 de mayo de 2021. Además, el imputado también deberá responder por fabricación y tenencia de materiales explosivos y por integrar una asociación ilícita destinada a combatir ideologías por la fuerza y cometer actos discriminatorios.

El relevamiento fue realizado por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, que actualiza de manera periódica el registro de las causas desde la sanción de la ley N°26.364, de "Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas". Advierten sobre el incremento de la explotación sexual en entonos digitales, como una de las nuevas modalidades del delito.

Durante la audiencia de formalización se comunicó a los imputados el hecho, las pruebas reunidas hasta el momento y la calificación legal provisoria del caso. El cuadro “Retrato de una Dama” había sido entregado ayer al MPF por el abogado de los acusados. Quedó sin efecto su arresto domiciliario, pero se dispusieron otras medidas de coerción como la prohibición de salida del país. El fiscal destacó que el encubrimiento es de carácter agravado porque “debe ser entendido como conexo a delitos de lesa humanidad”.

El fiscal general Daniel Adler precisó ante la prensa que el abogado de las personas investigadas entregó a la fiscalía la obra de arte sustraída durante la ocupación nazi. Mañana será la audiencia de formalización de la investigación.

En el caso se intenta dar con la obra “Retrato de una dama”, que pintó el artista italiano Giusseppe Ghislandi en el siglo XVII y que fue sustraída durante la ocupación nazi en Países Bajos. En uno de los domicilios allanados encontraron cuadros pintados que datarían del siglo XIX.

El fallo del Juzgado Federal de Dolores obliga a Economía a entregar, en 5 días, el expediente que aprobó el crédito de U$S 20.000 millones con el FMI, con todos sus anexos y documentos.

La representante del MPF solicitó esas condenas para Fernando André Sabag Montiel y Brenda Elizabeth Uliarte, como autor y partícipe necesaria, respectivamente, del delito de homicidio triplemente agravado por alevosía, por haber sido perpetrado mediante violencia de género (femicidio) en su modalidad de violencia política y por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa. La fiscal retiró la acusación para el tercer imputado. El hecho ocurrió el 1° de septiembre de 2022 en el barrio porteño de Recoleta.

El Ministerio Público Fiscal solicitó además investigar si la ineficiencia recurrente en la tarea de los organismos públicos encargados del contralor de los laboratorios podría eventualmente constituir negligencia, connivencia o complicidad en los sucesos investigados. La fiscalía actúa con las colaboraciones de la PROCUNAR, la PIA, la DATIP y la SIFRAI.

Con la lectura de los requerimientos, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°8 comenzó con el debate que tiene a cuatro personas acusadas de llevar adelante una serie de maniobras ilícitas para direccionar el sorteo y obtener la radicación en la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal de los recursos interpuestos en la causa por el homicidio del militante del Partido Obrero, para asegurarse un eventual fallo favorable que desvinculara del caso al extitular de la Unión Ferroviaria.

Para el fiscal, en la causa pudieron probarse dos episodios de lesiones físicas, el debilitamiento permanente de la salud de Fabiola Yáñez y las coacciones para que la exprimera dama no denunciara los hechos en la justicia. González remarcó que desde el año 2016 hasta agosto de 2024, el exmandatario “ejerció de un modo sistemático violencia psicológica” contra su entonces pareja “bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”. El anexo con los chats entre la víctima y el imputado.

Así lo solicitó el fiscal Martín López Perrando ante el juez Alejandro Litvack. Para el representante del MPF, el acusado “buscó silenciar el crimen de Diego Fernández” y "practicó diversas maniobras tendientes a encubrir la averiguación de la verdad". Los restos óseos del joven desaparecido el 26 de julio de 1984, aparecieron cuando obreros realizaban una medianera en la casa lindera y se desmoronó la tierra desde el jardín de la casa del ahora imputado.

Se trata de Diego Fernández Lima, que era buscado desde el 26 de julio de 1984. Sus restos aparecieron cuando obreros realizaban una medianera en la casa lindera y se desmoronó la tierra del jardín donde vivía un compañero de escuela de la víctima. La difusión del caso y un cotejo de ADN permitieron llegar a su identificación.

La Unidad Especializada para casos de Apropiación de niños y niñas durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE) informa que luego de un examen de ADN realizado por el Banco Nacional de Datos Genéticos se logró la restitución de la identidad del hijo de Graciela Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz, apropiado durante el terrorismo de Estado en la ciudad de Bahía Blanca.

La fiscalía había pedido bloquear esa cifra de USDC identificados en una dirección de la blockchain de la plataforma Solana. La medida fue resuelta favorablemente por la jueza federal María Servini que libró un exhorto a las autoridades competentes de los Estados Unidos. La investigación procura establecer las circunstancias que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA y qué participación tuvieron las personas investigadas en los sucesos, que podrían encuadrar en las figuras de estafa, tráfico de influencias, cohecho y abuso de autoridad.

Los registros de cámaras de video permitieron detectar la intervención de un cabo y de un sargento de la Gendarmería Nacional en las maniobras previas a una operación de tráfico que había sido descubierta el 5 de mayo en Aguaray. Aquel día dos personas fueron detenidas a bordo de una camioneta con 173 paquetes ocultos en un doble fondo. La profundización de la pesquisa derivó en la identificación de los miembros de la fuerza de seguridad.

De las siete personas investigadas, seis deberán responsar en calidad de autores y uno, el funcionario policial, como partícipe necesario de ese delito. Para los representantes del MPF, el niño “no se extravió” y todos los imputados “intervinieron de manera coordinada” en su sustracción y posterior ocultamiento. También solicitaron la extracción de testimonios para que continúe la investigación para hallar al niño de 5 años desaparecido hace casi un año en la localidad correntina de 9 de Julio.

Los implicados contactaban a jóvenes con dificultades económicas y los convencían de que podían ganar dólares con sus redes sociales si pagaban una suscripción y conseguían más gente. Los acusados reconocieron su responsabilidad en la maniobra, que afectó a por lo menos 29 personas, se obligaron a reparar a las víctimas y cesar su actividad en el marco de un acuerdo con la fiscalía. Además de la condena, se ordenó una reparación para los/as damnificados/as y sus familias.

A seis les dictaron la prisión preventiva, que cumplen en sus domicilios. Están procesados como partícipes necesarios de privaciones ilegales de la libertad, imposición de tormentos y homicidios perpetrados contra las víctimas que pasaron por los centros clandestinos de detención que funcionaron en la guarnición militar.

A través de su Área Operativa de Fraude Financiero y Mercado de Capitales explica características propias de las estafas piramidales, las formas de establecer si un intermediario está autorizado para operar en el país y los recaudos que pueden adoptarse previo a realizar una inversión.

Se trata de Marcos Herrero, quien en esta causa realizó con sus canes peritajes irregulares de rastros de olor que incriminaron a los policías investigados. Se le impuso una pena única de 7 años y 8 meses de cárcel-ya tenía otra condena por encubrimiento en el fuero penal mendocino- e inhabilitación absoluta por 14 años. Los fundamentos se conocerán el 29 de abril.