El Procurador General de Río Negro, Jorge Crespo participó este jueves de un encuentro de los Consejos de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y Federal de Política Criminal en el que la totalidad de los responsables de los Ministerios Públicos presentes manifestaron su firme predisposición a contribuir en la lucha contra el narcomenudeo, profundizando "acciones coordinadas y efectivas con autoridades federales". 

En el encuentro destacaron “la importancia de aprovechar las fortalezas de los Ministerios Públicos Fiscales locales para la persecución del narcomenudeo, teniendo presente que se cuenta con regímenes procesales modernos, eficaces y ágiles”.

El Procurador General de Río Negro manifestó la necesidad de combatir fuertemente este “terrible flagelo que ataca cada rincón de nuestro país”. Aclarando que el consumo problemático “constituye la matriz de un altísimo porcentaje de los delitos comunes que efectivamente los Ministerios Públicos provinciales tenemos la obligación de perseguir”.

Procuradores de todo el país compartieron experiencias para combatir el negocio de los estupefacientes ilegales en pequeña escala, también llamado “narcomenudeo”. El anfitrión del encuentro fue el Procurador General del Chubut, Jorge Miquelarena quien preside el Consejo Federal de Política Criminal.

El encuentro se realizó en el Hotel Raynetray de Puerto Madryn. Estuvieron presentes el Gobernador del Chubut, Lic. Ignacio Torres, el Ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, el Fiscal Jefe de Pto Madryn, Alex Williams y el intendente local, Gustavo Sastre. 

El titular del Ministerio Público rionegrino dijo además que “la asunción de esta competencia que hoy es federal, por tanto nos es ajena por ley, debe venir acompañada necesariamente de un compromiso del cumplimiento de leyes vigentes por parte de la totalidad de los actores institucionales intervinientes”.

Teniendo en cuenta lo previsto en la Ley Nacional 26.052 de Estupefacientes "es necesario generar convenios con Nación que procuren la inversión en cárceles, recursos humanos, tecnológicos y equipamiento policial para llevar adelante investigaciones exhaustivas y eficaces".

“Sin los recursos necesarios que la Nación debe proveernos conforme indica la mencionada Ley, para que las jurisdicciones provinciales puedan asumir la persecución de este flagelo con la seriedad que ello requiere, la lucha de los fueros provinciales contra el narcotráfico no pasará de ser una mera declaración de principios”, concluyó Crespo.

Comunicado:

El Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, asociaciones integradas por los Procuradores Generales y Fiscales de todas las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la reunión de los Titulares de los Ministerios Públicos efectuada en la Provincia del Chubut, ciudad de Puerto Madryn, los días 21 y 22 de marzo de 2024, manifestamos:

Mantenemos el criterio sustentado en comunicados anteriores emitidos en las jornadas precedentes sobre el tema del narcotráfico, en particular sobre el modo en que se lleva a cabo la gestión judicial de los delitos relacionados con drogas en la República Argentina.

Desde hace años las organizaciones vienen intentando ubicar en la agenda nacional la situación de algunas provincias argentinas sobre el avance de la distribución de drogas en sus territorios.

El federalismo es una herramienta para facilitar la persecución penal, no un obstáculo. Es por ello que insistimos en la necesidad de que desde Nación se impulse la desfederalización de la Ley 26.052, ampliando el número de provincias adheridas y la interacción de todos los Ministerios Públicos Fiscales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que mediante la implementación de criterios comunes de persecución penal se logre un eficaz combate contra el narcomenudeo, bloqueando los canales de distribución de droga. Establecer mapas del delito, enfocar con precisión la acción policial, fortalecer la presencia del Estado, evitar la ocupación territorial por los narcotraficantes en barrios y zonas propicias para el desarrollo clandestino de organizaciones criminales.

Deben profundizarse las acciones coordinadas y efectivas con autoridades federales, aplicando modelos de intervención convergentes que tiendan a abarcar la problemática de modo integral, reduciendo los márgenes de impunidad, sobre todo en relación con el fenómeno del narcomenudeo.

Es importante aprovechar las fortalezas de los Ministerios Públicos Fiscales locales para la persecución del narcomenudeo, teniendo presente que se cuenta con regímenes procesales modernos, eficaces y ágiles, con capacidad e infraestructura para abordar las actividades periciales que requieren este tipo de causas mediante la red de Laboratorios Forenses distribuidos en todo el territorio nacional.

Se entiende al flagelo del narcotráfico y el narcomenudeo como un mal desintegrador de la sociedad. Es necesario combatirlo de manera global, mediante la implementación de políticas de Estado que sean generales, fuertes y sustentables.

Es imperativo un abordaje integral, mediante la creación de un sistema que abarque: prevención, asistencia social y punición del fenómeno. Ello implica abordar el fenómeno, las causas y las consecuencias de una manera integral. A esos efectos, corresponde profundizar en los conceptos de PREVENCIÓN, DISUACIÓN, PERSECUCIÓN PENAL y TRATAMIENTO DEL ADICTO.

En ese orden de ideas, habremos de propiciar que se construya y profundice a nivel de nuestras organizaciones: 1.- Una verdadera política de prevención, publicidad y desintoxicación con lugares de tratamiento adecuados. 2.- Organización, capacitación y modernización de una policía de investigaciones, cuyos integrantes deben ser meticulosamente seleccionados y bien remunerados. 3.- Una inteligencia criminal institucionalizada. 4.- La organización y cooperación entre todas las autoridades Estatales, Municipales, Provinciales y Nacionales. 5.- Máximos controles en puertos y fronteras. 6.- Ataque decidido al lavado de dinero con legislación adecuada.

Debe concretarse un diálogo efectivo entre los Ministerios de Seguridad y de Justicia de la Nación, los poderes ejecutivos de las Provincias adheridas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, definiendo los aportes económicos que se deben asignar conforme las previsiones de la Ley 26.052, aportes que son vitales para una correcta investigación del delito.

Requerimos firmemente una convocatoria del Gobierno Nacional, con una amplia participación de los Ministerios Públicos Fiscales provinciales, para poder efectuar un abordaje integral del asunto. Es que observamos como prioritario que los estamentos gubernamentales argentinos, sin distinciones ideológicas o partidarias, asuman políticas de Estado que definan un camino hacia la convivencia pacífica, asegurando la prevención, control y punición de los delitos, especialmente los vinculados al narcotráfico y las infracciones penales colaterales.