El Ministerio Público Fiscal formuló cargos hoy a un joven, por considerar que tuvo directa participación en los hechos que se suscitaron en la jornada de ayer en los jardines del Ministerio de economía, en Viedma.

Según indicó la Fiscalía, minutos antes de las 19 horas del martes, el acusado “realizó disparos con un arma de fuego de puño, marca Glock contra otro adolescente, sin lograr herirlo”. Seguidamente caminó durante algunas cuadras portando el arma que fue secuestrada en inmediaciones de la plaza San Martín.

La calificación legal enrostrada por la acusación fue la de abuso de armas por el primer hecho y también se le endilgó el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil. Ambos en calidad de autor en función de los Artículos 45, 104 y 189 bis inc. 2, tercer párrafo del Código Penal.

La defensa pública se opuso a la escisión de los dos hechos en sendos delitos diferentes destacando que “el abuso de armas desplaza la portación. El peligro es concreto y tiene que ver con el abuso de armas que constituye un único hecho”, explicó.

El Juez, en tanto, tuvo por formulados los cargos y enfatizó, en este sentido, en la provisoriedad de la calificación legal en esta incipiente etapa de la investigación determinando abierta la investigación penal preparatoria por los hechos descriptos.

La acusación detalló que cuenta con el acta de procedimiento policial de la Comisaria 1º de Viedma, la declaración testimonial de un empleado policial que se encontraba en el lugar y el informe del Gabinete de Criminalistica, como sustento probatorio.

El arma fue secuestrada con un proyectil en recámara y cuatro en el cargador. Sobre la misma se realizarán diversas medidas de prueba, y se hará también una rueda de reconocimiento por lo que, a pedido de la defensa, se prohibió publicar imágenes o datos que permitan identificar al imputado evitando así que se frustren las mismas.

En ese marco, y en función de las medidas en curso, se requirió la prisión preventiva para garantizar que las mismas puedan realizarse y no frustren la investigación. La misma fue dispuesta por el Juez de garantías por el término de 45 días.