En audiencia realizada durante la mañana de hoy se imputó a cuatro personas por el delito de usurpación, a raíz del hecho ocurrido entre los días 16 y 17 de enero del 2024, en un terreno público ubicado en la calle Sobral, entre Palacios y Rolando de esta ciudad. El resto de las personas que permanecen en el lugar, fueron notificadas y no comparecieron. 

En esa ocasión, los imputados usurparon un predio -que en ese momento había tomado conocimiento- que pertenecía a la Municipalidad de la Ciudad de San Carlos de Bariloche y es un sector de aproximadamente 100 metros de frente y 50 metros de fondo.

La fiscal de feria relató que los aquí imputados, actuando todos ellos de común acuerdo y aprovechando la ausencia de los cuidadores del inmueble, sabiendo que se trataría de un lote municipal destinado, ingresaron y se instalaron. Concretamente, aprovechando el masivo número de ocupantes y acompañados algunos de ellos por menores de edad, se agruparon, delimitaron el lote con cables y palos del lugar. Allí se asentaron, montaron carpas en algunos sectores y en otros bolsos y elementos personales. Todo ello, con la evidente finalidad de introducirse y despojar a los legítimos poseedores de sus derechos.

Ante la presencia y requerimiento policial efectuado el 17 de enero a las 20:00 horas, los imputados se negaron a retirarse del lugar y es allí que ante el elevado número de personas es donde también se materializa el acto violento de 10 personas que no les dejaron opción a la prevención de avenirse a la voluntad de los ocupantes -que fue lo que ocurrió- o bien repeler el acto violento con los mismos medios, expresó la funcionaria.

Aclaró la fiscal que en este caso en particular, después se tomó conocimiento de la cesión de la titularidad del predio al Consejo de Educación de la provincia. Luego relató la evidencia que obra en el legajo, entre los que figuran acta de constatación por parte de la policia de Río Negro acerca del corte de árboles, delineado con cables el lugar, la denuncia radicada por el IMTVHS de la Municipalidad y la fiscalía de Estado, entre otras.

Agregó la fiscal que previo a esta audiencia se han mantenido reuniones previas con la gente que ha estado ahí en el predio ocupando, para abordar una salida alternativa con el Ministerio Público, con la Fiscalía de Estado, y resolver de manera pacífica el conflicto; a lo que los imputados se han negado.

La defensa pública penal asistió a los imputados y rechazó la formulación de cargos por entender que "la norma que sanciona el delito de usurpación, prevé medios por los cuales se debe realizar el despojo, pero esos medios no están presentes en este caso porque cuyo titular no ha ejercido actos posesorios sobre el inmueble. Con lo cual no han existido los medios comisivos para realizar el delito de usurpación. No ha existido violencia, amenazas y ningún tipo de clandestinidad sobre un predio que no estaba cercado, que no había sereno, estaba en total estado de abandono, manifestó el defensor". Rechazó además la medida cautelar de desalojo forzoso solicitada por la fiscalía y la incorporación de un defensor de menores.

Luego de tener por formulados los cargos por usurpación acorde a los artículos artículos 45 y 181 del Código Penal, el Juez de Garantías interviniente hizo lugar al pedido de desalojo efectuado por el Ministerio Público Fiscal a los fines de que no se consolide la usurpación y la ocupación de este predio. "Pero no voy a ordenar por 72 horas por cuánto la defensa puede impugnar esta resolución dentro de los próximos cinco días". Dispuso se lleve a cabo el desalojo de las cuatro personas imputadas, al sexto día del día de la fecha, el día 2 de febrero a partir de las 9:30 de la mañana.