En un nuevo informe del IEF, Tomás Raffo, economista y co-coordinador del Instituto, junto a Daniel Godoy, reflexiona sobre el industricidio, el éxodo de científico e investigadores y lo que dejó el Papa Francisco.

El gobierno de Javier Milei anunció una drástica reducción de aranceles e impuestos internos a productos tecnológicos importados. El plan prevé eliminar en dos etapas los aranceles de importación de celulares: primero bajar del 16% al 8%, y luego llevar a 0% a partir de enero de 2026. A la vez, se recortan a la mitad los impuestos internos para electrónicos importados (de 19% a 9,5%) y se eliminan completamente para los fabricados en Tierra del Fuego.

La justificación oficial es impulsar la competencia y bajar los precios al consumidor en un 30%, equiparándolos con los de países vecinos. El impacto productivo y laboral en Tierra del Fuego fue inmediato y profundamente negativo. La provincia austral alberga a la industria electrónica nacional gracias a un régimen de promoción vigente desde la decada del 70 que mediante aranceles protegía la producción local de celulares, televisores, aires acondicionados, etc.

Los sindicatos metalúrgicos (UOM) de Río Grande declararon un paro total e indefinido, advirtiendo que la decisión “puede dejar sin trabajo a 6.700 personas”. De hecho, de no revertirse la medida, “a fines del corriente año finalizaría la producción en las industrias metalúrgicas de la provincia”, lo que implicaría el colapso del principal enclave fabril fueguino. El gobierno provincial, insinuando que la medida responde a exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), anunció acciones legales para defender los “derechos adquiridos” de la provincia, coordinando con sindicatos, empresarios e intendentes una estrategia judicial contra la Nación, ante una medida percibida como sentencia de muerte para la industria local.

En efecto, esta rebaja arancelaria representa un quiebre en la política industrial nacional. Supone desmantelar un esquema de sustitución de importaciones que durante
años fomentó empleo y capacidades tecnológicas en Tierra del Fuego, en pos de una supuesta eficiencia de mercado. Abaratar los electrónicos importados a costa de la producción local implica sacrificar soberanía productiva y tejido industrial por una lógica de mercado de corto plazo.

En otras palabras, se privilegia al consumidor individual de clase media (que eventualmentepodrá acceder a dispositivos algo más baratos) por sobre los trabajadores y proveedores nacionales, profundizando un modelo primarizador y dependiente en el sector tecnológico.

La Patria sin industria: parálisis en la Fabrica Argentina de Aviones de Córdoba

En paralelo, se evidenció la crisis del entramado productivo científico-tecnológico nacional con el caso de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en Córdoba. Esta semana FAdeA –empresa estatal fundada en 1927, clave para la construcción y mantenimiento de aeronaves militares y civiles– debió cesar sus actividades durante 72 horas debido a un conflicto financiero: a mitad de mes solo había abonado 30% de los salarios y no contaba con fondos para pagar el resto. Se trata de la reedición de la crisis de la Fabrica de Aviones que impulsó Macri durante su gobierno. Actualmente FAdeA opera con apenas 720 trabajadores (frente a 1300 que tenía en 2015), tras sucesivas reducciones de personal por retiros y cesantías. La interrupción de actividades dejó en suspenso tareas cruciales: en los hangares de Córdoba quedaron paralizados tres aviones Hércules C-130 en mantenimiento, un L-100 y la línea de producción de entrenadores básicos, además de contratos con privados (p.ej. partes para Embraer). La falta de financiamiento impide comprar insumos y pagar salarios, llevando al límite a una fábrica emblemática de la soberanía tecnológica argentina.

El impacto sistémico de la crisis de FAdeA es grave. La planta cordobesa es “el corazón de la industria [aeronáutica]” nacional y el único complejo en el país capaz de reparar aviones militares. Su parálisis no solo afecta a los 700 trabajadores directos, sino a una cadena de valor de proveedores locales de componentes aeronáuticos que dependen de su actividad. La situación generó pronunciamientos políticos: el gobernador Llaryora, en lugar de encabezar una fuerte resistencia social contra la falta de apoyo del gobierno nacional, se limitó advirtió que “si la situación no cambia, el cierre es la triste salida” y revelando que FAdeA acumula deudas con proveedores por US$16 millones. Este panorama refleja el retroceso en la política de desarrollo tecnológico nacional bajo la gestión Milei: un Estado que se retrae de invertir en industrias estratégicas, incluso a costa de perder capacidad soberana en materia de defensa y alta tecnología. Un paso atrás en la construcción de autonomía tecnológica y diversificación productiva –pilares para un desarrollo equitativo.

Exódo de científicos- La crisis de la Ciencia

Finalmente, la semana dejó expuesta la profundización de la crisis en el sistema científico-tecnológico argentino.. Entre diciembre de 2023 (cuando asumió Milei) y marzo de 2025 se destruyeron 4.148 empleos en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, una caída del 5,5% de la plantilla pública del sector. Solo el CONICET –organismo emblema de la investigación– perdió 1.513 puestos (36% del total), incluyendo la no renovación de 751 becarios doctorales/postdoctorales y la baja de 762 cargos de investigadores, técnicos y administrativos. Estas cifras reflejan despidos, jubilaciones anticipadas y principalmente la no cobertura de vacantes ni ingresos de jóvenes investigadores, llevando el empleo científico a su nivel más bajo en años.

El ajuste presupuestario explica este desmantelamiento. En 2024, primer año de Milei, el presupuesto público para la función “Ciencia y Técnica” cayó un 30% respecto al año anterior, y el Presupuesto 2025 proyecta otro recorte adicional, profundizando el ahogo financiero del sector. Organismos como el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtieron que este “recorte en el financiamiento” ya provoca “laboratorios desactualizados, menos becas para jóvenes investigadores y fuga de talentos”, con impacto directo en la capacidad del país para desarrollar tecnología propia y soluciones innovadoras. De hecho, las instituciones científicas reportan una aceleración del éxodo de profesionales altamente calificados al exterior, ante la incertidumbre y la falta de fondos para proyectos.

El relato ideológico del mileísmo hacia la ciencia ha oscilado entre la indiferencia y el desprecio abierto. Milei calificó al CONICET de “aguantadero de ñoquis” durante su campaña, anticipando una visión ultraliberal que confía la innovación al mercado y ve la inversión pública en I+D como gasto superfluo. En la práctica, esa visión se tradujo enparálisis casi total de programas científicos: se cancelaron convocatorias y pagos de proyectos de la Agencia de I+D (ANPCyT), se suspendió el programa Raíces de repatriación de científicos, se frenaron las iniciativas Construir Ciencia (infraestructura) y Equipar Ciencia, y hasta trámites básicos como la importación de insumos de laboratorio (certificados ROECyT) quedaron estancados. Se trata sin dudas de un “cientificidio”.

En efecto, este vaciamiento de la ciencia es un suicidio como política de desarrollo. Se está comprometiendo el futuro productivo del país al desmantelar la base de conocimiento, innovación y formación de capital humano. La justicia social y la soberanía nacional se ven gravemente afectadas: menos ciencia local implica mayor dependencia tecnológica del exterior, pérdida de valor agregado en la producción y profundización de las desigualdades (solo quienes puedan pagar tendrán acceso a tecnología importada, medicamentos caros, etc.). La Argentina del conocimiento, que alguna vez soñó con biotecnología, satélites y software de exportación, enfrenta el riesgo de un retroceso histórico hacia un modelo primario-exportador sin capacidad endógena
de progreso técnico.

Informe completo acá: ReflexionesSemanales_Raffo_IEF (1)