Los salarios en las administraciones públicas provinciales varían entre los 500.000 y los 800.000 pesos. A nivel municipal becarios perciben salarios de entre 180.000 y 200.000 pesos; y entre jornalizados los ingresos son inferiores a los 100.000 pesos.

A 8 meses de asunción presidencial de Javier Milei, la cifra de trabajadoras y trabajadores estatales en condiciones de pobreza alcanza al 75% del total, sumando las y los trabajadores del Estado Nacional, de Provincias y de Municipios.  Sólo en este período la pérdida del poder adquisitivo entre trabajadoras y trabajadores del sector público ronda el 26%, una situación bastante alarmante para tan poco período de gobierno si se toma en cuenta que ni bien asumió el cálculo realizado desde ATE consideraba en estado de pobreza al 60% de trabajadoras y trabajadores.

Este incremento del 15% de estatales en condiciones de pobreza se debe a causas promulgadas durante la campaña electoral y puestas en marcha ni bien asumió: una devaluación del 118% y una inflación del 25%, solo en diciembre; 100% de inflación general al mes de abril; congelamiento presupuestario; exorbitante licuación de los salarios y de las jubilaciones; y la caída de la recaudación que impulsa de manera directa el recorte de la coparticipación que se envía a las provincias. Es una conclusión innegable bajo el gobierno de Milei que cualquier trabajador o trabajadora, ya no sólo estatal, sino que también puede incluirse al privado ha sufrido la caída del salario.

Retomando la situación del sector estatal, son pocas, pocos, o muy pocas y pocos las y los trabajadores que llegan a 1.300.000 pesos que cada familia necesita para no ser pobre en la Argentina. La mayoría de quienes pueden alcanzar esta cifra son trabajadoras y trabajadoras del Estado Nacional, o aquellos que trabajan en estados provinciales desde hace muchos años porque quienes tienen pocos años prestando servicio o recién ingresan obtienen salarios muy por debajo de este monto.

Según se desprende de la información que fluye desde las distintas representaciones de ATE en las provincias, los salarios en las administraciones públicas provinciales varían entre los 500.000 y los 800.000 pesos.

Para medir la gravedad de esta situación vale compararlo con un informe de ATE en el INDEC del mes de junio, que fijaba cuales son las necesidades mínimas para una familia tipo de cada región del país:

– Para la región de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, un trabajador o trabajadora necesitó en el mes de mayo 1.309.303 pesos para satisfacer las necesidades mínimas de un hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijos en edad escolar. Este valor se compone de 468.811 pesos necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y de 840.492 pesos para acceder a otros bienes y servicios básicos.

– Para la Región del Noreste (Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes) el monto fue de 1.165.651 pesos.

– Para la Región Noroeste (Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán) de 1.139.575 pesos.

– Para la Región Cuyo (San Juan, Mendoza, San Luis), 1.133.917 pesos.

– Para la Región Pampeana (Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Provincia de Buenos Aires – excepto Gran Buenos Aires) 1.202.350 pesos.

– Y para la Región Patagónica (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) 1.282.830 pesos.

Además de la brutal inflación y devaluación de los primeros meses existen otros condicionantes salariales que vienen repercutiendo con fuerza en el salario estatal. Se ha denunciado que el recorte de la Coparticipación Federal en el segundo trimestre alcanzó el 18,7% y junio fue el mes de mayor caída desde el año 2017. A partir de este fundamento los gobiernos han puesto el freno en la negociación salarial y suben a la escena salarial el aumento a través del pago de sumas no remunerativas o bonos. Consecuencias de estas políticas son las estrategias que impulsa el gobierno para sacar pecho y congraciarse con el controvertido “superávit fiscal”, del primer semestre del año.

Salario municipal

De los salarios que se pagan en los tres niveles del Estado el sector municipal es el de mayor complejidad. A corto plazo no hay perspectivas de que ello cambie. Las provincias cuentan con casi medio millón de trabajadoras y trabajadores que prestan servicio en los municipios y los datos que emergen de los Consejos Directivos Provinciales de ATE son concluyentes: el salario de un trabajador o trabajadora del ámbito provincial duplica o en casi triplica el salario de un trabajador o trabajadora municipal.    

No cabe duda de que la falta de Convenios Colectivos de Trabajo y las condiciones de contratación ilegal (contratos de trabajo, monotributismo, becas y jornalizados, entre otras modalidades de precarización) y cierto comportamiento estilo “patrón de estancia” por parte de muchos jefes comunales le quitan calidad al salario.

El precepto constitucional que asegura que por igual tarea debe existir igual remuneración, no se cumple. Entre las seccionales que tiene ATE la condición laboral es la primera causa de que existan salarios altamente precarizados. Algunas de ellas estiman que entre el 60 y el 80% de todas y todos los trabajadores que prestan servicios en los municipios están fuera de la planta permanente. Se han contabilizado becarias y becarios que trabajan por salarios de entre 180.000 y 200.000 pesos, aún cuando su trabajo es similar al de cualquier trabajador o trabajadora de planta permanente. Entre las y los trabajadores que se consideran jornalizados la situación es mucho peor: se han denunciado ingresos inferiores a los 100.000 pesos.  

La informalidad de este grupo de trabajadoras y trabajadores tampoco implica que la planta permanente tenga la situación resuelta. Históricamente en municipios con nula capacidad de recaudación se ha zanjado la problemática estableciendo un salario en con concordancia con el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM). La reciente actualización para el mes de julio deja el Salario Mínimo en 254.231,91 pesos, con un escalonamiento de subas para los meses de agosto ($ 262.432,93), septiembre ($ 268.056,50) y octubre ($ 271.571,22), por lo tanto, ese es el parámetro general para ubicar el salario promedio de un municipal.

Sin embargo el desbarajuste económico que impuso el gobierno de Javier Milei tiene sus consecuencias. Siendo el costo  del monto de la Canasta Básica Alimentaria, medida por el INDEC de 468.811 pesos, el ingreso salarial promedio de un municipal apenas alcanza para cubrir poco más que la mitad del costo en los alimentos. Ya ni siquiera se discute ahí cubrir la canasta básica.

Otra situación a tener en cuenta en los municipios es el de las y los trabajadores a punto de jubilarse. Sin recategorizaciones y con sueldos cuyos muchos de los componentes son sumas no remunerativas, jubilarse se transforma en una verdadera trampa. Por ello es que las y los trabajadores no se jubilen y no se generen nuevas vacantes, por lo que allí hay otro caldo de cultivo a la precarización laboral y salarial.  

En este sentido ATE es enfático en pedir a los gobiernos una solución inmediata a todos los problemas que aquejan a este sector tan postergado del Estado. Sin olvidar también que con el ajuste, inflación y recorte de la coparticipación da un golpe terminal a la economía de los pueblos. Desde siempre el trabajo municipal ha sido el motor que da vida y crecimiento a esas pequeñas ciudades.

Lo que además se teme es que con los salarios congelados y la caída del trabajo se venga un proceso similar de expulsión de familias de esos pueblos que como en los 90 supo generar el cierre del ferrocarril, cuando gobernaba el tan admirado por Javier Milei, ex presidente Carlos Menem, hecho del que aún el “interior” no ha podido recuperarse.