El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, afirmó que “en lo que va del año, el Gobierno Nacional le arrebató $4,5 billones a los jubilados y ajustó $3,3 billones en obra pública” y consideró que “lejos de eliminar los privilegios de una presunta casta, está cercenando los derechos de 47 millones de argentinos”.
En una publicación en la red social X, que fue reposteado por el gobernador Axel Kicillof, el funcionario destacó que “en lo que va del año, el Gobierno Nacional le arrebató $4,5 billones a los jubilados y ajustó $3,3 billones en obra pública”.
“Ambos conceptos explican más de la mitad del recorte y golpean de lleno en las condiciones de vida, en la actividad productiva y en el mercado interno”, precisó López y destacó que “el ajuste fiscal de (Javier) Milei también desfinancia servicios públicos provinciales, reduce el presupuesto universitario y pulveriza salarios y programas sociales”.
Así, adjuntó un cuadro en el que se detallan los ítems que explican la caída en el gasto público nacional, entre enero y mayo de 2023, comparado con el corriente año, en el que se advierte que las jubilaciones cayeron un 4,5%; un 3,3% la obra pública; un 1,8% los subsidios; un 1,1% los salarios; un 1% las transferencias a las provincias; un 0,8% programas sociales; un 0,4% la inversión en universidades; un 1,5% el resto. El gasto primario en 2023 fue del 45,5% y del 31,2% en 2024.
En lo que va del año, el Gobierno Nacional le arrebató $4,5 billones a los jubilados y ajustó $3,3 billones en obra pública.
— Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) June 19, 2024
Ambos conceptos explican más de la mitad del recorte y golpean de lleno en las condiciones de vida, en la actividad productiva y en el mercado interno. pic.twitter.com/ZhLXJOa4TE
Un reclamo que no cesa
Hace 10 días, el gobernador Kicillof denunció que la administración nacional le adeuda “a los 17 millones de bonaerenses” un total de 6,3 billones de pesos y analizó que el presidente Javier Milei “decidió cancelar y suspender de manera ilegal y arbitraria”.
“El resultado de estos seis meses de gobierno es calamitoso. Lo de Milei fue una estafa electoral: dijo que el ajuste lo pagaría la casta, pero lo está pagando el pueblo”, subrayó el mandatario bonaerense y reclamó: “Necesitamos que parte esta locura”.
“Los recursos que recortó Milei a la provincia de Buenos Aires, con desprecio al carácter federal, implican actos ilegales porque tenemos normas, leyes y presupuestos que sustentan las transferencias que se realizaron y dejan en claro el incumplimiento”.
El economista formuló esas declaraciones en una conferencia de prensa en la Casa de la Provincia después de que los ministros de su gabinete y unos 67 intendentes presentaran en el Ministerio de Economía de la Nación una nota dirigida a su titular, Luis Caputo, en la que reclamaron formalmente por la deuda de fondos que la Nación mantiene con la jurisdicción más poblada de la Argentina.
“Presentamos este reclamo en nombre de los 135 intendentes bonaerenses de todos los partidos, y en nombre de los 17 millones de bonaerenses que son los damnificados, las víctimas de estos recortes despiadados y absolutamente ilegales”, expuso.
El detalle de la deuda
Anses debe a la caja provincial 716 mil millones de pesos; por las compensaciones previstas en el Consenso Fiscal, 447 mil millones; por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, 320 mil millones; por el Convenio de Asistencia Financiera, 76 mil millones; por el Fondo Nacional de Incentivo Docente, 74 mil millones; por Equipamiento para diagnóstico por imágenes, 30 mil millones; por la Venta de Energía generada por Centrales de la Costa, 15 mil millones.
En tanto, por el Fondo para Infraestructura Portuaria, se deben 10 mil millones; por el Fondo de Compensación del Transporte del Interior, 10 mil millones; por el Programa para la Jornada Completa en Educación, 5 mil millones; por Fondos para la compra de Vacunas, casi 3 mil millones; por programas de Maternidad y Medicamentos, 2 mil millones de pesos; por Programas de mejora educativa, 2 mil millones, y por otros fondos, 3 mil millones.
En cuanto a obras públicas, son 180 los trabajos que estaban siendo ejecutados y quedaron abandonados por 2.35 billones; por el programa PoCreAr había 105 convenios para hacer 6.500 casas por 1 billón; por convenios de Nación con municipios para 755 obras se adeudan 400 mil millones y se paralizaron Programas de construcción de 9.000 viviendas por 240 mil millones.
Además, se frenaron convenios con provincia para 128 obras por 225 mil millones y el envío de fondos para saneamiento de grandes basurales por 60 millones; en concepto de obras de infraestructura de convenios tripartitos entre Nación, provincia y municipios, se deben 43 mil millones; por las 40 obras de infraestructura por programas nacionales, 28 mil millones, para las universidades nacionales con sede en la provincia, 27 mil millones; por obras en el Hospital El Cruce de Florencio Varela por 21 mil millones y por el Plan de Infraestructura penitenciaria se adeudan 15 mil millones y por otra obras 47 mil millones.
A la vez, por el Programa Fines se deben 13 mil millones; por el Programa Sumar, 4.700 millones; por el Cucaiba, 1.600 millones; por el Programa VIH, 1.100 millones; por el Potenciar Trabajo, 1.000 millones; y por Incluir Salud, 910 millones.
Por obras y refacciones en clubes de barrio, se adeudan 629 millones; por obras en polideportivos, 440 millones; por gestión educativa, 395; por programas culturales, 300 millones; por otros programas, 2.000 millones.
Otro reclamo tiene que ver con la obligación de asistir a la provincia para el servicio alimentario escolar, el programa MESA, y comedores, los programas para celíacos, dinero para catástrofes y temporales.
Al sumar todos esos montos, la deuda total que tiene el gobierno es de 6,3 billones de pesos. (SOMOSTELAM)