A través del Decreto 345/2025, el Gobierno nacional suprimió la autarquía del Instituto Nacional del Teatro (INT), una medida que generó un fuerte repudio por parte de la Asamblea Federal de Teatro. La decisión implica un cambio profundo en el funcionamiento del organismo creado por la Ley 24.800, que desde 1997 sostenía el teatro independiente con una estructura participativa, federal y con financiamiento propio.
Entre los principales cambios, se elimina el Consejo de Dirección —que hasta ahora tomaba decisiones con representación de todas las regiones del país— y se disuelven las representaciones provinciales, transformando al INT en una “unidad organizativa” bajo la órbita de la Secretaría de Cultura. Para las organizaciones teatrales, esta centralización desconoce el trabajo territorial, debilita salas y colectivos culturales, y afecta la diversidad y el acceso equitativo a los derechos culturales.
Según datos del propio Instituto, solo en 2023 se aprobaron 1.475 aportes por más de 682 millones de pesos, alcanzando a más de 47 mil trabajadores y beneficiando a 240 localidades. El INT no recibe fondos del Tesoro Nacional: se financia con recursos específicos establecidos por ley, como el 10% de la publicidad en medios (ENACOM) y el 31% del impuesto a premios de juego (LOTBA), lo que, según la Asamblea, deslegitima los argumentos técnicos y presupuestarios del decreto.
En respuesta, el sector teatral lanzó una campaña nacional de resistencia con la consigna #CulturaEsTrabajo. Se convocan actos, encuentros y movilizaciones, además de acciones judiciales y pedidos a legisladores para que se pronuncien contra la medida. Advierten que la eliminación de la autarquía no solo afecta a los trabajadores del teatro, sino a toda la ciudadanía, al poner en riesgo una política cultural que garantiza el acceso al arte en todo el país.
Golpe al corazón del teatro independiente: el INT pierde su autarquía y crece la resistencia
Desde la Asamblea Federal de Teatro repudiamos la decisión del Gobierno Nacional de eliminar la autarquía del Instituto Nacional del Teatro (INT), medida oficializada mediante el Decreto 345/2025.
Esta reforma no se limita a un ajuste administrativo: desmantela una estructura participativa y federal que durante casi tres décadas sostuvo al teatro independiente argentino.
Creado en 1997 por la Ley Nacional del Teatro 24.800, el INT fue concebido como un organismo descentralizado, con financiamiento propio y recursos garantizados por ley. Aunque su presupuesto representa apenas el 0,2% del total nacional, el sector cultural genera un valor agregado del 1,8% anual. Solo en 2023, el Instituto aprobó 1.475 aportes por más de 682 millones de pesos, alcanzando a más de 47 mil trabajadores y trabajadoras registrados/as y beneficiando a 240 localidades de todo el país con funciones, festivales, giras, capacitaciones, publicaciones y redes de acción territorial.
El Decreto 345/2025 vacía una política pública que ha sido fundamental para el desarrollo del teatro como expresión cultural, democrática y federal. Eliminar el Consejo de Dirección, dejando de ser quien toma las decisiones de todo el país para pasar a ser un mero espacio de asesoría Ad Honorem, disolver las representaciones provinciales y del quehacer teatral y transformar al Instituto en una simple “unidad organizativa” dentro de la Secretaría de Cultura, significa centralizar decisiones, desconocer el trabajo que se realiza en los territorios y que responden a las necesidades de las comunidades, debilitar el trabajo de salas, artistas, gestoras y gestores, técnicas y técnicos y romper con una forma de organización que garantiza equidad, diversidad y acceso a los derechos culturales de todo el país.
Además, se desmantelan programas estratégicos vinculados a la formación, la accesibilidad, las políticas de género y diversidad, la producción editorial y la representación internacional, que durante años construyeron una cultura plural, inclusiva y profundamente arraigada en los territorios.
Cabe destacar que el INT no depende del Tesoro Nacional ni de aportes directos de la ciudadanía.
Su financiamiento proviene de recursos propios establecidos por ley: el 10% sobre publicidad en medios (ENACOM) y el 31% del impuesto a premios de juego (LOTBA), de los cuales un 95% del total es aportado por ENACOM. Por lo tanto, no existe justificación técnica, presupuestaria ni administrativa que avale las modificaciones impuestas por este decreto.
Frente a este atropello, llamamos a la movilización y a la organización colectiva. Las asambleas abiertas se multiplican en espacios culturales de todo el país, impulsadas por una palabra que hoy nos une: RESISTENCIA.
Porque lo que está en juego no es solo un organismo, es una concepción de la cultura como derecho y no como gasto. Y es clave señalar que esta Ley no existe solo para quienes hacemos teatro, es una herramienta para el público argentino, porque garantiza el acceso a una política cultural que promueve la creación, circulación y democratización del hecho teatral en todo el territorio.
Con la consigna #CulturaEsTrabajo, sostenemos encuentros y actos públicos en defensa del teatro independiente y de todas las expresiones culturales que conforman la identidad de nuestro pueblo. Al mismo tiempo, se están presentando amparos judiciales y convocando a diputadas, diputados, senadoras y senadores para que se pronuncien en contra de este decreto, entendiendo que un instrumento del Poder Ejecutivo no puede modificar una Ley Nacional vigente.
Para eso está el Congreso y la división de poderes.
El teatro -ese arte colectivo, hecho de cuerpos, palabras y comunidad- está hoy en el centro de un nuevo escenario de disputa. Y como en toda obra… aún no sabemos cuál será el acto final.
ASAMBLEA FEDERAL DE TEATRO
