La Lof (comunidad) Mapuche Melo anunció que resistirá el desalojo ordenado por la Justicia neuquina y anticipó que permanecerá en el territorio que ocupa en el paraje El Pedregoso, entre Bariloche y Villa La Angostura. La decisión de la comunidad se conoció luego de que el juez Francisco Astoul Bonorino librara un nuevo mandamiento para completar el operativo iniciado en agosto y avanzar sobre la fracción del lote pastoril 42 que todavía permanece ocupada.
“La decisión es resistir, nosotros de acá no nos vamos a ir. Es resistir hasta las últimas consecuencias”, afirmó el Longko Lucas Melo. El referente de la comunidad también responsabilizó por las consecuencias del procedimiento tanto al juez que dispuso la medida como al Gobierno de Neuquén, al considerar que ambos tendrán responsabilidad frente a lo que pueda ocurrir durante una eventual ejecución.
La comunidad sostiene que el conflicto no puede analizarse únicamente desde la existencia de una orden de desalojo, sino que debe contemplar los antecedentes históricos de ocupación y los derechos que las comunidades Mapuche reivindican sobre ese territorio. Desde la Lof Melo afirman que la presencia de las familias Melo y Kinxikew (Quintriqueo) en la zona se remonta a las décadas de 1830 y 1840.
Ese antecedente histórico constituye uno de los principales argumentos que la comunidad plantea frente al avance judicial. Según sostienen sus integrantes, no se trata de una ocupación reciente, sino de una presencia territorial que se mantiene desde hace generaciones y que debe ser considerada al momento de evaluar cualquier medida que afecte su permanencia en el lugar.
A esa cuestión histórica, la Lof Melo suma su condición de comunidad Mapuche reconocida y el relevamiento territorial que, según afirma, ya fue completado. Desde la comunidad cuestionan que esos antecedentes y los derechos indígenas vinculados con el territorio no hayan recibido la consideración que, a su entender, corresponde dentro del proceso judicial.
El reclamo se profundizó por las dificultades para acceder al expediente. Los integrantes de la Lof Melo denunciaron que nuevamente se les habría restringido el acceso a las actuaciones y señalaron que esa situación les impide conocer en detalle los mandamientos que serán remitidos a las instituciones encargadas de ejecutar el desalojo. Para la comunidad, esa limitación afecta sus posibilidades de ejercer una defensa efectiva.
El cuestionamiento alcanza también a la documentación vinculada con el relevamiento territorial. Desde el sector mapuche sostienen que el juez desestima elementos relacionados con sus derechos y que tampoco tuvieron acceso a la carpeta técnica correspondiente. En paralelo, afirman que los demandantes no cuentan con título de propiedad sobre el territorio en conflicto, un aspecto que consideran relevante para discutir la legitimidad del desalojo.
Mientras esas cuestiones continúan siendo planteadas por la comunidad, el magistrado resolvió avanzar con la parte del desalojo que quedó pendiente. El mandamiento de Astoul Bonorino dispone continuar la ejecución en una de las márgenes de la ruta 40 y contempla la expulsión compulsiva de la Lof Melo del sector que ocupa.
La medida judicial tiene como antecedente el operativo realizado el 19 de agosto pasado, cuando la Policía de Neuquén, con efectivos uniformados y personal del grupo especial GEOP, desalojó otra fracción de las 625 hectáreas correspondientes al sector. En esa intervención fue expulsada la Lof Kinxikew, en un procedimiento que, según la información difundida, se realizó un día antes de la fecha inicialmente prevista.
“La decisión es resistir, nosotros de acá no nos vamos a ir. Es resistir hasta las últimas consecuencias”
Para la Lof Melo, el nuevo mandamiento representa la continuidad de un proceso que consideran contrario a sus derechos territoriales. Por ese motivo, la comunidad llamó a permanecer en estado de alerta y solicitó acompañamiento para enfrentar la ejecución de la medida. La postura expresada públicamente es que no abandonarán el territorio ante la llegada de las fuerzas de seguridad.
“La decisión es resistir, nosotros de acá no nos vamos a ir. Es resistir hasta las últimas consecuencias”, afirmó el Longko Lucas Melo. El referente de la comunidad también responsabilizó por las consecuencias del procedimiento tanto al juez que dispuso la medida como al Gobierno de Neuquén, al considerar que ambos tendrán responsabilidad frente a lo que pueda ocurrir durante una eventual ejecución.
En su declaración, Melo recordó además el antecedente de Rafael Nahuel, integrante de la comunidad Lafken Winkul Mapu que murió durante un operativo de fuerzas de seguridad en Villa Mascardi. “Acá no va a haber un Rafita Nahuel como ya pasó en Winkul (Lafken Mapu), acá pueden haber diez o más porque mi familia pertenece a esta tierra y no nos vamos a ir”, sostuvo el longko.
La referencia al caso de Nahuel refleja el nivel de tensión que la comunidad anticipa frente a un eventual despliegue policial. Desde la Lof Melo plantean que la resistencia será en el propio territorio y reclaman que las autoridades tengan en cuenta los antecedentes del conflicto mapuche en la región antes de avanzar con una intervención que, según advierten, podría generar una situación de alta conflictividad.
El conflicto de El Pedregoso se inscribe así en una disputa territorial que excede la ejecución material de un desalojo. Mientras la Justicia neuquina procura completar una medida que comenzó en agosto, la comunidad coloca en el centro del debate su historia de permanencia en el lugar, el reconocimiento de su identidad colectiva y los derechos indígenas que, según sostiene, no están siendo considerados de manera adecuada.
Desde la perspectiva de la Lof Melo, el relevamiento territorial constituye además un elemento que debería ser incorporado al análisis del conflicto. La comunidad sostiene que cumplió con ese proceso y cuestiona que la documentación producida donde constan esos antecedentes no sea valorada en el expediente.
La situación genera además preocupación entre otras comunidades Mapuche de la región, que fueron convocadas a mantenerse alertas ante la posibilidad de un nuevo operativo. El pedido de acompañamiento formulado por la Lof Melo apunta a evitar que la ejecución de la orden judicial se produzca sin presencia de organizaciones y referentes que puedan observar lo que ocurra en el territorio.
Por ahora, el mandamiento judicial no tiene una fecha de ejecución informada públicamente por la comunidad, aunque sus integrantes aseguran que la medida fue confirmada y que el procedimiento puede avanzar. La Policía neuquina y los demás organismos que eventualmente intervengan deberán ser notificados de acuerdo con las instrucciones establecidas para concretar el desalojo.
El escenario queda marcado, de esta manera, por dos posiciones enfrentadas. Por un lado, una resolución judicial que ordena completar el desalojo pendiente en El Pedregoso; por otro, una comunidad que reivindica una presencia territorial de casi dos siglos, invoca derechos indígenas y sostiene que esos antecedentes no fueron contemplados adecuadamente en el proceso.
La definición de la Lof Melo es explícita: resistir y permanecer en el territorio. “Mi familia pertenece a esta tierra y no nos vamos a ir”, afirmó Lucas Melo, en una declaración que sintetiza la posición de la comunidad frente al nuevo mandamiento. La eventual ejecución de la orden judicial deberá determinar ahora cómo se desarrolla un conflicto en el que la disputa por la tierra se encuentra atravesada por reclamos históricos, derechos indígenas y una fuerte tensión entre las partes.