La Justicia suspendió el procedimiento de desalojo que involucraba a las comunidades Mapuche Melo y Kinxikew, luego de que la diligencia ordenada judicialmente no pudiera completarse en los términos previstos. La información fue confirmada este miércoles por el abogado defensor de las comunidades, Virgilio Sánchez, durante una entrevista con FM Andina, en la que explicó las consecuencias procesales de la medida y planteó el diálogo como una posible vía para abordar el conflicto territorial.
Según explicó Sánchez, el procedimiento no puede considerarse ejecutado parcialmente. El letrado sostuvo que, al no haberse completado la diligencia, esta debe considerarse frustrada y corresponde analizar los pasos que deberán seguirse en caso de que alguna de las partes pretenda avanzar nuevamente con el desalojo.
La situación se produjo en el marco del conflicto territorial que mantienen los Lof Melo y Kinxikew con la familia Broers. La diligencia había sido ordenada judicialmente y generó durante los últimos días distintas expresiones de respaldo a las comunidades, además de una amplia repercusión pública.
Implicancias de la suspensión
Durante la entrevista, Sánchez explicó que la decisión tiene consecuencias concretas respecto del operativo que se había puesto en marcha. De acuerdo con su interpretación, al no haberse podido completar la diligencia, los distintos participantes que intervinieron en el procedimiento deben retirarse del lugar.
El abogado fundamentó su explicación en la Guía de Intervención en Desalojos, Desahucios y Mandamientos, aprobada mediante el Acuerdo 5843. Según señaló, ese instrumento establece las pautas que deben seguirse durante las distintas etapas de este tipo de procedimientos judiciales.
Sánchez indicó que, en la etapa en la que se encontraba la diligencia, si el desalojo no puede concretarse corresponde dar por frustrado el procedimiento. En caso de que se busque avanzar nuevamente con la medida, sostuvo que deberá solicitarse un nuevo mandamiento.
“Lo concreto que ha señalado es que los actores [...] al estar en la fase 3.15 el día del desalojo se deberán retirar todos los actores y solicitar un nuevo mandamiento”, explicó el abogado al referirse al alcance de la decisión.
Ante una consulta sobre quiénes están comprendidos dentro de los denominados “actores”, Sánchez mencionó a la familia Broers, sus abogados, los operadores que participaron de la diligencia y efectivos policiales, entre otros integrantes del procedimiento.
El letrado aclaró, sin embargo, que la suspensión de la diligencia no implica una definición definitiva sobre la titularidad de las tierras ni resuelve por sí misma el conflicto territorial que dio origen al expediente.
En ese sentido, remarcó que el aspecto central de la resolución es de carácter procesal: el procedimiento de desalojo no pudo completarse en las condiciones previstas y, por lo tanto, no puede ser considerado ejecutado parcialmente.
Recurso rechazado por el juez
Sánchez también se refirió a un recurso de aclaratoria presentado por el abogado que interviene por la parte vinculada a Broers. El defensor de las comunidades aclaró que no tenía certeza sobre a quién representa específicamente ese profesional dentro del conflicto.
De acuerdo con lo explicado durante la entrevista, el juez rechazó ese planteo al considerar que los protocolos vigentes establecen de manera clara cómo deben desarrollarse las diligencias de desalojo y cuáles son los pasos a seguir cuando una medida no puede concretarse.
Para Sánchez, esa decisión refuerza la interpretación de que una diligencia frustrada no puede continuar de manera automática. En caso de pretenderse un nuevo procedimiento, sostuvo que deberá cumplirse nuevamente con las instancias previstas y obtenerse, eventualmente, otro mandamiento judicial.
El planteo adquiere relevancia en un conflicto que lleva varios años de litigio y que volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública a partir del intento de ejecutar la orden de desalojo.
Proponen un arbitraje para resolver el conflicto
En paralelo al escenario judicial, Sánchez propuso avanzar hacia una instancia de arbitraje entre las partes. La alternativa, según explicó, permitiría generar un espacio de diálogo para buscar una posible solución al conflicto sin depender exclusivamente de la continuidad de la disputa en los tribunales.
El abogado sostuvo que el nuevo Código Procesal de Neuquén contempla herramientas que podrían abrir una posibilidad para este tipo de mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
“Creo que es un excelente oportunidad para resolver un conflicto que en realidad viene de larga data”, señaló Sánchez al plantear la posibilidad de recurrir al arbitraje.
Según explicó, la intención sería establecer una instancia en la que las partes puedan exponer sus posiciones, evaluar alternativas y eventualmente alcanzar un acuerdo. El planteo todavía constituye una propuesta de la defensa de las comunidades y no supone, por sí mismo, que exista un acuerdo entre todos los sectores involucrados.
Sánchez consideró además que el actual escenario podría generar condiciones para intentar una negociación diferente, especialmente después de que la diligencia judicial quedara frustrada y de que el conflicto adquiriera una importante repercusión pública.
El abogado calificó la suspensión como un “triunfo”
Consultado sobre si la suspensión del desalojo representa una victoria para los Lof Melo y Kinxikew, Sánchez respondió afirmativamente, aunque sostuvo que no pretendía interpretar la situación únicamente como una celebración frente a la otra parte.
“Los derechos cuando no se ejercen es como si no existieran”, afirmó el abogado al valorar la importancia que le atribuye a la actuación de las comunidades y a la posibilidad de continuar defendiendo sus posiciones dentro de los ámbitos institucionales correspondientes.
Sánchez también vinculó la situación con las expresiones de apoyo que recibieron los Lof durante los últimos días. Según indicó, cerca de 1.000 personas participaron de una movilización en respaldo a las comunidades.
El abogado señaló además que el conflicto alcanzó repercusión internacional. Como ejemplo, mencionó la publicación de un artículo sobre el caso en el diario español El País, hecho que, según su consideración, refleja la dimensión que adquirió la disputa territorial.
La suspensión de la diligencia abre un nuevo escenario para el conflicto territorial que involucra a los Lof Melo y Kinxikew. Por un lado, el procedimiento de desalojo quedó frustrado al no poder completarse; por otro, continúa vigente la posibilidad de que las partes adopten nuevas acciones dentro del proceso judicial.
De acuerdo con la explicación brindada por Sánchez, si la parte interesada pretende insistir con el desalojo deberá ajustarse al procedimiento establecido y, eventualmente, solicitar un nuevo mandamiento. La decisión sobre los próximos pasos corresponderá a las partes y a las autoridades judiciales que intervienen en la causa.
Mientras tanto, la defensa de las comunidades plantea una alternativa basada en el diálogo y el arbitraje. La propuesta busca generar un ámbito de negociación que permita abordar un conflicto que lleva años de litigio y que en los últimos días volvió a generar una fuerte repercusión social y política.
Por ahora, el dato central es que la diligencia de desalojo no pudo completarse y quedó suspendida. La medida no se ejecutó de manera definitiva y cualquier nuevo intento deberá atravesar las instancias judiciales correspondientes, mientras permanece abierta la posibilidad de explorar una salida consensuada entre las partes.