Las comunidades Mapuche Lof Melo y Lof Kinxikew (Quintriqueo) denunciaron que este miércoles se produjo un operativo de desalojo en el territorio comunitario, en la zona de El Pedregoso, sobre la margen norte del lago Nahuel Huapi, y advirtieron sobre la posibilidad de que las fuerzas de seguridad regresen este jueves para ejecutar la medida judicial. El procedimiento involucró al Grupo Especial de Operaciones Especiales (GEOP), fuerzas federales y otros funcionarios estatales, en el marco de una causa judicial que tramita ante el Multifuero de Villa La Angostura.
La jornada comenzó durante la mañana del miércoles con el despliegue de efectivos en el territorio tradicional ocupado por integrantes de ambas comunidades. La Lof Melo y Kinxikew, denunciaron públicamente que alrededor de las 10 se inició el procedimiento y se produjo el ingreso de las fuerzas de seguridad. Las comunidades sostienen que la intervención se concretó aproximadamente 24 horas antes del momento establecido en el mandamiento de desalojo y cuestionaron que durante el operativo no se hayan contemplado de manera suficiente las condiciones de niños y adultos mayores que permanecen en el lugar.
El territorio involucrado corresponde al denominado lote pastoril 42, ubicado entre los kilómetros 2081 y 2083 de la Ruta Nacional 40, en el tramo que conecta San Carlos de Bariloche con Villa La Angostura. Las comunidades sostienen que resguardan colectivamente ese espacio desde 2011, aunque la presencia es histórica y reivindican derechos territoriales derivados de su pertenencia al pueblo Mapuche. La disputa, sin embargo, tiene también un extenso recorrido judicial y enfrenta a las comunidades con particulares de origen extranjero que reclaman derechos sobre el inmueble.
De acuerdo con el relato de las comunidades, durante las primeras horas del operativo se produjo un fuerte despliegue policial y federal. La presencia de organizaciones sociales, políticas y movimientos que se acercaron al lugar modificó el escenario y, cerca de las 14, efectivos del GEOP se retiraron del sector correspondiente al Lof Melo, en El Pedregoso. Las comunidades calificaron lo ocurrido como un “desalojo ilegal a medias” ya que el procedimiento avanzó sobre la Lof Kinxikew.
El retiro parcial de los efectivos no significó, el cierre del operativo ni el levantamiento de la orden judicial. Por el contrario, durante la tarde las Comunidades difundieron mensajes en los que advirtieron que el procedimiento podría continuar este jueves 20 de agosto, fecha que habían señalado previamente como el momento previsto para la ejecución del mandamiento. La posibilidad de un nuevo despliegue policial generó preocupación entre las familias y organizaciones que se mantienen en alerta en el territorio.
En un audio difundido durante la tarde del miércoles, el longko Lucas Melo cuestionó el procedimiento y reclamó directamente al gobernador neuquino, Rolando Figueroa, que intervenga para evitar una escalada del conflicto. “Si esto termina mal, la responsabilidad es del gobernador de Neuquén”, afirmó. También responsabilizó a la Policía y al juez de la causa por avanzar con un desalojo que, según sostuvo, no habría contemplado suficientemente la historia territorial, la documentación presentada por las comunidades y los derechos que invocan.
La autoridad Mapuche llamó al mandatario provincial a “la reflexión” y pidió que se detenga la situación antes de que pueda producirse un nuevo enfrentamiento. Desde las comunidades señalaron que durante el operativo hubo presencia de familias y que su principal preocupación está puesta en las consecuencias que podría tener un nuevo ingreso de fuerzas especiales al territorio. Por ese motivo convocaron a personas y organizaciones a acercarse durante toda la jornada de este jueves.
La convocatoria plantea un escenario particularmente sensible: la posibilidad de que la resistencia anunciada por las comunidades coincida con un nuevo operativo destinado a ejecutar la orden judicial. Hasta el momento, las comunidades no anunciaron que abandonarán voluntariamente el territorio y, por el contrario, pidieron acompañamiento para permanecer allí. La eventual concentración de personas frente a un despliegue de fuerzas de seguridad podría elevar la tensión y generar situaciones de confrontación, especialmente si se intenta concretar el desalojo por la fuerza.
El conflicto no comenzó esta semana. La disputa por el lote 42 lleva varios años y registra antecedentes judiciales desde 2011. En 2022, el juez civil de Villa La Angostura Francisco Astoul Bonorino había rechazado pedidos para suspender la ejecución de la sentencia que ordenaba el desalojo de la comunidad Kinxikew y otros ocupantes del predio, de unas 625 hectáreas. En aquella oportunidad, el planteo de la defensa había invocado la Ley 26.160, que entonces suspendía los desalojos de comunidades indígenas.
Las comunidades volvieron a declararse en alerta este mes, cuando denunciaron que habían sido notificadas de un procedimiento de desalojo para el 20 de agosto. El 10 de agosto difundieron una convocatoria a organizaciones sociales, políticas, sindicales, comunidades indígenas y organismos de derechos humanos para mantenerse atentos ante la posibilidad de una nueva intervención. En esa oportunidad sostuvieron que no esperarían a que el operativo comenzara para organizarse y llamaron a reforzar el acompañamiento territorial.
El trasfondo jurídico del conflicto se modificó durante los últimos años. La Ley 26.160, sancionada en 2006, había establecido una emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas y suspendido la ejecución de sentencias y actos destinados a desalojarlas durante su vigencia. Esa protección fue prorrogada en distintas oportunidades, pero finalmente dejó de regir en noviembre de 2025, cuando venció la última extensión de la emergencia.
La desaparición de ese mecanismo de suspensión no eliminó, de todos modos, las obligaciones constitucionales y convencionales relacionadas con los pueblos indígenas. El artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y establece garantías vinculadas con la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. A esto se suma el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece estándares específicos sobre los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
En paralelo al conflicto de Villa La Angostura, el Congreso Nacional avanzó este mes con el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que las comunidades y organizaciones de derechos humanos vinculan con el nuevo escenario de desalojos. El Senado aprobó el proyecto en general el 7 de agosto y lo giró a la Cámara de Diputados. Durante la discusión parlamentaria se plantearon modificaciones a los procedimientos relacionados con la recuperación de inmuebles y la protección del derecho de propiedad.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionó públicamente el proyecto y advirtió sobre las consecuencias que podría tener la incorporación de mecanismos destinados a acelerar desalojos. La organización sostuvo que la propuesta puede afectar a personas y comunidades que se encuentran en situaciones de ocupación o disputa territorial y reclamó que la protección de la propiedad sea compatibilizada con otros derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico argentino. Se trata de un planteo de una organización de derechos humanos y no de una decisión judicial sobre la constitucionalidad del proyecto.
En este contexto, las comunidades Melo y Kinxikew consideran que el operativo de este miércoles no constituye un episodio aislado, sino parte de un escenario político y jurídico más amplio. También cuestionaron declaraciones realizadas durante el debate parlamentario por la senadora neuquina Nadia Márquez, de La Libertad Avanza, quien vinculó en el recinto la discusión sobre los desalojos con conflictos territoriales registrados en Villa La Angostura. Las comunidades interpretan esas intervenciones como una señal de respaldo político a las medidas de desalojo.
La posición judicial, en cambio, parte de la existencia de una sentencia y de decisiones posteriores que habilitaron su ejecución. El juez Bonorino ya había rechazado planteos destinados a suspender el procedimiento, mientras que las comunidades continúan sosteniendo que deben considerarse sus derechos territoriales, la documentación histórica y los antecedentes de ocupación que invocan. Esa diferencia constituye uno de los principales puntos de tensión entre las partes y explica la persistencia del conflicto.
Para este jueves 20 de agosto, el escenario permanece abierto. Las comunidades convocaron a permanecer en El Pedregoso durante toda la jornada, mientras existe la posibilidad de que las fuerzas de seguridad retomen el operativo para avanzar con la orden judicial. En caso de producirse un nuevo ingreso, la presencia de integrantes de los Lof, organizaciones acompañantes y efectivos policiales podría generar una situación de alta tensión, con consecuencias todavía imprevisibles.
La jornada del miércoles dejó así un conflicto territorial nuevamente atravesado por una fuerte disputa política, judicial y social. El retiro parcial del GEOP evitó, por el momento, que el procedimiento concluyera con la expulsión total de las familias, pero no resolvió la controversia ni dejó sin efecto la orden de desalojo. La atención estará puesta ahora en lo que ocurra este jueves en el territorio: si se retoma el operativo, si se habilita una instancia de diálogo o si la confrontación escala. Mientras tanto, las comunidades reclaman que los gobiernos nacional y provincial garanticen sus derechos y que cualquier intervención evite situaciones de violencia.