Greenpeace manifestó su preocupación ante el aumento de desalojos y desmontes que afectan o amenazan a comunidades indígenas en distintas provincias argentinas. La organización ambientalista cuestionó decisiones judiciales y gubernamentales que, según sostuvo, vulneran derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Entre las comunidades señaladas por Greenpeace se encuentran la Mbya Guaraní Puente Quemado II, en Misiones; la Kolla Santa Rosa, en Jujuy; comunidades Wichí de la Ruta 86, la Diaguita Calchaquí Las Pailas y la Lule Finca Las Costas, en Salta; la Vilela El Tunal, en Santiago del Estero; y las comunidades Mapuche Kinxiquew y Melo, en Neuquén, y Kurrache, en Chubut.
La organización recordó que el artículo 75 de la Constitución Nacional reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos” y establece garantías vinculadas con su identidad, la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. El mismo artículo contempla además su participación en la gestión de los recursos naturales y en otros intereses que puedan afectarlos.
En relación con la protección de los bosques nativos, Greenpeace también citó la Ley Nacional de Bosques 26.331, cuyo artículo 19 establece que “todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de los bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras”. Para la organización, estas disposiciones constituyen un marco legal que debe ser considerado ante cualquier intervención sobre territorios ocupados tradicionalmente por pueblos indígenas.
Greenpeace manifestó además su respaldo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en particular a los principios de autodeterminación, libertad, paz y seguridad y al consentimiento libre, previo e informado frente a decisiones que puedan afectar a las comunidades. Ese criterio incluye, según señaló, proyectos vinculados con la exploración, desarrollo, utilización o explotación de minerales, madera, peces, agua y otros recursos presentes en sus territorios tradicionales, y contempla que los pueblos indígenas “no deben ser desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios tradicionales”.
Frente a este escenario, la organización ambientalista sostuvo que resulta necesario avanzar en la resolución de los derechos indígenas pendientes y de las cuestiones vinculadas con títulos y reclamos establecidos en la Constitución. Greenpeace expresó su apoyo a la búsqueda de “un acuerdo justo y equitativo” sobre estas cuestiones y consideró que el reconocimiento de esos derechos constituye un “pilar fundamental para el desarrollo de sociedades sustentables”.