Greenpeace denunció que dos topadoras fueron registradas mientras desmontaban bosques en territorio de comunidades wichí ubicadas sobre la ruta nacional 86, en las cercanías de Tartagal, al norte de Salta. La organización ambientalista difundió imágenes de las máquinas utilizando grandes cadenas para derribar la vegetación y señaló que la intervención forma parte de un proceso de desmonte que, según sus relevamientos, afectó más de 3.300 hectáreas durante los últimos dos meses.
De acuerdo con la información difundida por Greenpeace, los desmontes se concentran en tres fincas: Tonono, perteneciente a Martín Morales; Alcoba, de la empresa agropecuaria Desdelsur S.A.; y Caraguatá, de Estancia Tres Lagunas S.A. La organización sostuvo que las intervenciones alcanzaron territorios utilizados por distintas comunidades wichí y también zonas donde se encuentran cementerios, aunque las características y situación administrativa de cada área forman parte del conflicto denunciado.
Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, cuestionó el accionar de las autoridades provinciales. “Es evidente la complicidad del gobierno de Gustavo Sáenz frente a este ecocidio”, afirmó la dirigente, quien sostuvo que se están afectando bosques que, según la organización, presentan un buen estado de conservación y constituyen parte del territorio y sustento de diez comunidades wichí. Se trata de una acusación formulada por Greenpeace, que reclama intervención estatal sobre la situación.
El reclamo por los bosques y las comunidades
La organización ambientalista vinculó el episodio con una situación más amplia de presión sobre los bosques nativos del norte argentino. Greenpeace viene señalando desde hace años el avance de desmontes en Salta y cuestionando las modificaciones del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos impulsadas en la provincia. En 2024, la entidad había advertido que una propuesta de actualización podía habilitar desmontes en superficies actualmente protegidas y afectar territorios de comunidades indígenas.
El nuevo reporte también fue relacionado por Greenpeace con el debate nacional sobre la Ley de Bosques y con la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vinculada con la Ley de Tierras Rurales. La entidad expresó su preocupación por el impacto que, a su criterio, podrían tener tanto la flexibilización de las normas ambientales como los cambios en el régimen de tierras sobre territorios rurales y comunidades indígenas.
En paralelo, Greenpeace volvió a cuestionar una propuesta de modificación de la Ley Nacional de Bosques 26.331 y advirtió que, según su interpretación, podría permitir un aumento de la superficie susceptible de ser desmontada. La organización sostiene que Argentina mantiene un compromiso de alcanzar la deforestación cero para 2030 y considera que cualquier flexibilización normativa debería ser evaluada en función de ese objetivo.
Cruz sostuvo que el país “aún está lejos de cumplir con el compromiso de Deforestación Cero para el año 2030”, en referencia al compromiso internacional asumido en el marco de la Cumbre Climática de Glasgow. La referente ambiental reclamó, en contraposición, una aplicación estricta de la legislación vigente y planteó la necesidad de avanzar en mecanismos que permitan prohibir y penalizar la destrucción de bosques nativos.
Greenpeace también recordó sus antecedentes de monitoreo sobre la deforestación en Salta. Según datos oficiales citados por la organización, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques, a fines de 2007, hasta fines de 2022 se desmontaron 714.052 hectáreas en la provincia. La cifra corresponde al período indicado por la propia entidad y permite dimensionar la extensión histórica del proceso de pérdida de bosques que Greenpeace viene denunciando en el territorio salteño.
Frente a este escenario, la organización presentó recientemente la iniciativa denominada “República de los Siete Bosques”, una plataforma destinada a promover la participación ciudadana en la defensa de los distintos ecosistemas forestales del país. Greenpeace invita a quienes quieran participar a registrarse en el sitio web de la iniciativa, con el objetivo de conformar una comunidad que reciba información y acompañe acciones frente a las amenazas identificadas sobre los bosques.
El caso de las comunidades wichí de la ruta 86 se suma a otras situaciones denunciadas por Greenpeace durante 2026 en relación con desmontes y conflictos territoriales que involucran a pueblos indígenas. La organización incluyó a estas comunidades entre los grupos afectados o amenazados por procesos de desalojo y desmontes en distintas provincias argentinas.
La denuncia sobre las 3.300 hectáreas desmontadas en las cercanías de Tartagal se encuentra así enmarcada en una disputa que combina cuestiones ambientales, productivas y territoriales. Mientras Greenpeace reclama mayores controles y protección de los bosques nativos y de las comunidades indígenas, las responsabilidades específicas sobre cada desmonte y el cumplimiento de la normativa aplicable deberán ser determinadas por las autoridades competentes a partir de los procedimientos administrativos y legales correspondientes.
La organización cerró su pronunciamiento con un llamado a la participación ciudadana a través de la “República de los Siete Bosques” y reiteró su reclamo para que los desmontes y la destrucción de bosques nativos sean objeto de mayores restricciones y sanciones. El episodio registrado en el norte salteño vuelve a colocar en el centro de la discusión el estado de los bosques chaqueños, la protección de los territorios wichí y el alcance de las políticas ambientales en la Argentina.