En el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria, el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y el Frente Sindical de Universidades Nacionales difundieron un duro documento en el que denunciaron que el Gobierno nacional lleva “203 días sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario” y advirtieron sobre una situación “crítica” en las universidades públicas argentinas.
El texto sostiene que las transferencias a las casas de estudio registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, mientras que los salarios universitarios perdieron más del 37% de su poder adquisitivo frente a la inflación, ubicándose “en su nivel más bajo de los últimos 23 años”.
Además, alertaron sobre el deterioro de becas estudiantiles, obras sociales, investigación científica y gastos de funcionamiento, y acusaron al Poder Ejecutivo de desconocer la ley sancionada por el Congreso y los fallos judiciales que ordenan su cumplimiento.
En ese contexto, reclamaron la intervención de la Corte Suprema y llamaron a defender “la universidad pública, gratuita y federal” como una herramienta central de igualdad social, desarrollo científico y democracia.
Cuarta marcha federal universitaria: 203 días sin aplicar la ley. Por la universidad pública y en defensa de la democracia
Las universidades públicas y sus comunidades, junto con el sistema público de investigación, desarrollo e innovación, somos el fruto de una larga lucha de nuestro país, de nuestro pueblo, por contar con un sistema estatal de educación y de producción de conocimientos que garantizara el núcleo del porvenir: educación superior de la máxima calidad para todos, profesionales altamente calificados, conocimientos para el desarrollo social y económico, una juventud protagonista de su tiempo.
La universidad pública se constituyó como una caja de resonancia de las grandes demandas del país, de sus dolores y de sus esperanzas. Hoy, como siempre, la comunidad universitaria asume la tarea de luchar por su universidad y en esa lucha hacer reverberar todas las demás: la discapacidad, las jubilaciones, la salud, las diversidades, el alimento, los recursos naturales, la industria nacional.
El financiamiento del sistema universitario nacional es actualmente crítico y la principal causa es que el Gobierno nacional incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario que establece un piso de recursos que asegura el normal desenvolvimiento del sistema.
La situación presupuestaria, como lo venimos planteando públicamente, es crítica. El recorte ocurre en todas las dimensiones de los asuntos universitarios y afecta a todas las funciones sustantivas gravemente. Las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6 % entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema.
La política salarial impuesta por el Gobierno nacional cerró las paritarias y produjo un deterioro alarmante del poder adquisitivo y el empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo, preocupante nivel de renuncias de cuadros formados, reducción de las dedicaciones, pluriempleo y crisis en las obras sociales: las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas.
Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación ha sido 293,30 %, mientras que los salarios acumulan un incremento del 147,30 %. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 37,13 %. Para tener un orden de magnitud de dicha pérdida en el tiempo, el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios en el período considerado. Esta situación ubica, en la actualidad, a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia, contando con los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina. La progresiva pérdida salarial causa, además, la destrucción de nuestras obras sociales, del sistema de salud y de los haberes jubilatorios.
El sistema de apoyo al acceso, al ingreso, al sostenimiento y a la graduación de las y los estudiantes ha sufrido un profundo deterioro que vacía de contenido una política pública fundamental para garantizar el derecho a la educación superior. Las principales becas nacionales como las Becas Progresar permanecen congeladas frente a una inflación creciente, perdiendo gran parte de su poder adquisitivo y dejando de cumplir su función de acompañamiento económico para miles de jóvenes trabajadores y sectores populares. Del mismo modo, las Becas Estratégicas Manuel Belgrano atraviesan una situación de incertidumbre y desfinanciamiento que afecta especialmente a estudiantes de áreas estratégicas para el desarrollo nacional. La reducción y el deterioro de estas políticas expulsan estudiantes del sistema universitario, profundizan las desigualdades sociales y ponen en riesgo la posibilidad de que miles de jóvenes puedan continuar sus estudios. Las becas vinculadas a las vocaciones científicas (Becas EVC) también se encuentran suspendidas, siendo el principal instrumento de sostenimiento de esas vocaciones a nivel nacional.
El poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los Gastos de Funcionamiento de las Universidades no ha superado, en ninguno de los meses de la actual gestión de Gobierno, el 64 % del que tenía en enero de 2023. Actualmente, esa tendencia se intensificó y se ha perdido, durante la gestión del actual Gobierno, el equivalente a casi 9 meses de transferencias.
Sin embargo, la crisis no es solo presupuestaria. Como ciudadanas y ciudadanos debemos denunciar con dolor y firmeza la ruptura del acuerdo democrático de la división de poderes en nuestra nación. El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la república: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho.
La universidad argentina, pública, gratuita y federal, tal como la construimos, la promovemos, la protegemos y la defendemos. Es un valioso logro de muchas generaciones y una extrema responsabilidad a preservar; siempre hicimos notar que, si se atenta contra el sistema de educación pública, se lesionan las condiciones de igualdad y el horizonte posible de reducción de asimetrías y atención de los problemas colectivos desde lo público. La educación es y debe ser el medio para reducir las desigualdades y la exclusión en la sociedad argentina.
La universidad pública y el sistema público de investigación, desarrollo e innovación son factores fundamentales de la economía del país, recursos estratégicos para una industria nacional con capacidad para competir en el mundo, agregar valor a la materia prima, generar puestos de trabajo con derechos, y ambientalmente sustentables. Además, necesita movilizar toda la creatividad que el mundo de las artes y del conocimiento de lo humano aporta para que un país se piense. Todo proyecto de país necesita una universidad de excelencia que contribuya desde la soberanía científica, tecnológica y de las artes a su desarrollo.
La universidad pública argentina somos todas y todos. Hijos e hijas de una nación que supo construir aquí lo que no se pudo en ninguna otra parte del mundo. Un instrumento de justicia social que produce movilidad social ascendente, el lugar que aloja la esperanza y hace posible los sueños de miles de jóvenes. Es la educación pública que iguala y nos hace libres. Es el conocimiento y la ciencia que permite alumbrar el desarrollo.
Le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que nos acompañe y escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario. La trama que nos impulsa se funda en el derecho a la educación, el carácter alimentario de los salarios y de las becas y la obligación del Estado nacional de financiar la universidad pública.
No permitamos que los pilares de nuestras universidades, trabajadores docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes, sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño. Es aquí y ahora. ¡La universidad pública se defiende! ¡Por más y mejor educación pública y ciencia!
- Frente Sindical de Universidades Nacionales
- Federación Universitaria Argentina (FUA)
- Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
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