En el marco del Día de la Tierra, Greenpeace Argentina lanzó una advertencia contundente: el patrimonio natural del país se encuentra en su punto de mayor vulnerabilidad en décadas. La organización denunció que el avance sobre los ecosistemas y la modificación de normativas ambientales clave ponen en jaque los dos pilares de la resiliencia climática argentina: los bosques del Gran Chaco y los glaciares de la Cordillera de los Andes.
“Este Día de la Tierra nos encuentra en una situación de alerta roja. No podemos hablar de progreso mientras se rifan nuestros glaciares o se barren miles de hectáreas de bosque nativo. Defender la Ley de Glaciares y la Ley de Bosques es defender los ecosistemas de todos los argentinos. El ambiente no puede ser la variable de ajuste de la economía”, señaló Matías Arrigazzi, Licenciado en Ciencias Biológicas y especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina.
Ley de Glaciares: una reforma inconstitucional y regresiva
Greenpeace rechaza la reforma a la Ley de Glaciares, por considerarla un atropello a la seguridad hídrica nacional. Los cambios en la ley, inconstitucionales y regresivos en los estándares de protección previamente alcanzados, habilitan a las provincias a decidir de forma arbitraria que glaciares proteger, en base a criterios administrativos y no científicos, como lo amparaba la ley original.
Greenpeace, junto a Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, asambleas y 900.000 personas llevan adelante la construcción de la demanda colectiva más grande de la historia, que llegará a los tribunales en las próximas semanas.
La organización advierte que cualquier intervención minera en zona glaciar y periglacial pone en riesgo la capacidad de retener y filtrar agua dulce para las futuras generaciones.
El Gran Chaco, asediado por la destrucción de bosques nativos
La deforestación en el norte argentino no se detiene. En 2025, de acuerdo a un informe realizado por la organización, la pérdida de bosques en el norte del país fue de 210.702 hectáreas, un 40% más que el año anterior (149.649 hectáreas).
La organización exige que la destrucción de bosques nativos sea considerada un delito penal. Actualmente, las multas económicas son insuficientes y no desalientan la deforestación.
En provincias como Chaco y Santiago del Estero, el ritmo de deforestación ilegal ha alcanzado niveles críticos. En el caso de Chaco, en clara violación a un fallo judicial que ordenó la suspensión de los desmontes en 2020.
“Se necesitan políticas contundentes y urgentes para combatir la crisis climática, sin embargo parece que toda acción está postergada. Con los objetivos actuales, nos estamos acercando a un punto de no retorno. La destrucción de bosques y glaciares no puede ser considerada progreso si es a costa del bienestar de las personas y el ambiente. Son nuestro escudo protector contra el cambio climático y no podemos permitirnos su degradación”, agregó el vocero.
