El Equipo de Apoyo y Orientación Profesional a las Instituciones Educativas (Eaopie) del Consejo Provincial de Educación (CPE), presentó este lunes la guía de orientaciones socio pedagógicas ante mensajes amenazantes en las escuelas de la provincia.

Esta acción se da en línea con lo consensuado el viernes pasado por los miembros del Cuerpo Colegiado del CPE presidido por Glenda Temi, con miras a pautar procedimientos ante amenazas o hechos de violencia, con alcance para los diferentes niveles educativos.

Desde la Eaopie se explicó que se viene trabajando desde el mes de febrero, en líneas de capacitación y abordajes en conjunto, con todos los defensores de la provincia; y están planificadas reuniones interinstitucionales para la próxima semana.

Al respecto, la ministra de Educación, Soledad Martínez, consideró que, por el momento, “nos permite un abordaje individual; en cada una de las situaciones que hemos recibido este abordaje implica vincularnos con otras instituciones también, en algunos casos con la Defensoría del niño -niña y adolescente-, en otros casos con fiscalía o con la policía, en otros con salud mental de salud pública, y en otros con todos estos dispositivos”.

Valoró el hecho de atender cada emergente de manera situada y manifestó que, a diferencia de las disposiciones adoptadas en Río Negro, “de momento no estamos pensando en tomar una medida que de alguna manera uniforme lo que pasa en las escuelas de la provincia”. Por último, la ministra aseguró que la evaluación de la situación es cotidiana y explicó: “Estamos muy atentos sin construir alarmas que hagan que los chicos no estén en la escuela, porque es lo que queremos evitar que pase”.

El documento expone líneas generales de acción que deberán ser evaluadas en función del contexto en cada caso particular. A partir de la Guía Federal de Orientaciones 2, el instrumento distingue tipos de escenarios -de diferente gravedad- que pueden ocurrir en las escuelas y señala aspectos procedimentales para dar aviso por vía jerárquica, intervención a otros organismos provinciales con competencia de acuerdo con el caso (policía, fiscalía, defensoría, salud); y establece marcos para la comunicación desde una perspectiva de derechos y anteponiendo el resguardo de la privacidad de las y los diferentes actores de la comunidad educativa.

La guía recupera el fortalecimiento del trabajo interministerial e interinstitucional para construir redes colaborativas al momento del abordaje; al mismo tiempo señala la importancia del rol de las y los adultos, encarnado tanto en docentes como en las familias. Plantea también estrategias post crisis que permitan el regreso a la actividad dando cuenta de lo acontecido y reflexionando para construir corresponsablemente -entre escuela, familias y organismos externos-, salidas dialógicas.

Esta presentación formaliza y da continuidad a las acciones que se llevan adelante en las instituciones educativas ante hechos ocurridos con anterioridad, y considera a la escuela como espacio seguro donde las y los estudiantes puedan sentirse escuchados en ámbitos de confianza.