Trabajadoras y trabajadores de Radio Nacional Bariloche difundieron una carta abierta en el marco del Día del Trabajador de Prensa y a 50 años del golpe de Estado de 1976, en la que advirtieron sobre un proceso de “desarticulación y vaciamiento” del sistema de medios públicos en Argentina y alertaron por el impacto que, aseguran, tiene sobre el derecho a la comunicación y el acceso a la información en las regiones.

En el documento señalaron que desde la asunción del gobierno de Javier Milei se profundizaron recortes en Radio y Televisión Argentina (RTA), con reducción de personal, centralización de contenidos y pérdida de producción local en las 49 emisoras de Radio Nacional, lo que —afirman— genera un “apagón informativo” en distintos territorios, además de afectar servicios históricos como los mensajes a pobladores rurales; también mencionaron cambios en la TV Pública, la reconfiguración de Télam y recortes en otros organismos vinculados al sistema de comunicación pública, y sostuvieron que “defender los medios públicos es defender el derecho de las comunidades a informarse, expresarse y existir en el mapa mediático del país”.

A 50 años del golpe, la comunicación también está en disputa

Hoy, 25 de marzo, en el “Día del trabajador/a de prensa” y a cincuenta años del golpe cívico-militar, eclesial y empresario en la Argentina, reafirmamos que no hay democracia posible sin derecho a la comunicación. La fecha nos devuelve a la memoria de Rodolfo Walsh, desaparecido por ejercer un periodismo comprometido, y remite también al Estatuto del Periodista de 1944, hoy amenazado por la Reforma Laboral y con posible pérdida de vigencia a partir de enero de 2027.

No se trata solo de acceder a noticias. Se trata de quiénes pueden contar lo que pasa, desde dónde y para quiénes. En un país extenso y profundamente desigual, la brecha informativa no es una abstracción. Se expresa todos los días en territorios donde las voces locales quedan relegadas frente a una lógica centralizada de producción de contenidos. En ese mapa, las 49 emisoras de Radio Nacional constituyen, o constituían, una política pública concreta para garantizar presencia, servicio y producción informativa en cada región.

Porque los medios públicos no son una estructura más. Son, o deberían ser, la casa común de un país. Un espacio donde la diversidad de historias, identidades y contextos encuentra lugar. Hoy, esa casa está siendo vaciada. Desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanza, con Javier Milei como presidente, lo que se profundiza es un proceso de desarticulación, recorte y control sobre el sistema de medios públicos que impacta directamente en el derecho a la información de las comunidades. No se trata solo de condiciones laborales, que también se deterioran, sino de algo más profundo. La pérdida de voces, de miradas y de presencia territorial.

El ajuste avanza. En Radio y Televisión Argentina (RTA), la intervención del Poder Ejecutivo a través del Decreto 117/24, prorrogado de manera sistemática, dejó sin funcionamiento al directorio con control bicameral, debilitando los mecanismos institucionales de supervisión. La eliminación de direcciones dentro del organigrama profundizó la centralización y dejó a las 49 emisoras de Radio Nacional sin conducción local efectiva.

A esto se suma una política de reducción de personal que combina retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. Desde julio de 2024 hasta febrero de 2026, los programas impulsados apuntan a recortar entre 500 y 600 puestos de trabajo. En paralelo, la precarización salarial y la falta de paritarias erosionan las condiciones laborales, mientras se reducen coberturas y servicios.

En la TV Pública, el impacto es visible en la pantalla. Eliminación de noticieros de fin de semana, cancelación de transmisiones en vivo fuera del horario central y desprogramación de contenidos propios, ficción, cultura, entretenimiento, reemplazados por repeticiones o material enlatado. Incluso avanza un proceso de reconfiguración de identidad, con la intención de quitar la denominación “Pública” del nombre del canal.

En Radio Nacional, el escenario es aún más crítico. La no renovación de contratos afectó a periodistas, locutores, técnicos, productores y trabajadores de distintas áreas. La unificación de señales y la retransmisión de contenidos desde LRA1 Buenos Aires redujeron drásticamente la producción local. En muchos casos, una de las frecuencias AM o FM quedó con transmisión centralizada las 24 horas, generando un verdadero apagón informativo en los territorios.

Ese corrimiento impacta directamente en servicios esenciales. En la Patagonia, por ejemplo, los históricos “mensajes a pobladores rurales” dejaron de emitirse durante fines de semana y feriados.

A esto se suma el control centralizado de contenidos, la suspensión de redes sociales y páginas web de las emisoras desde mayo de 2024, en un proceso denominado de “reestructuración” y la cancelación de convenios de producción con instituciones como el INTA, que garantizaban contenidos de alto valor social.

En este contexto, también se registran hechos de censura explícita. El levantamiento total de la programación de LT12 Paso de los Libres y el corrimiento del aire de una trabajadora de LRA3 Santa Rosa, junto con restricciones para entrevistar a voces críticas del gobierno.

El desmantelamiento no se limita a RTA. La agencia Télam fue prácticamente desactivada: en marzo de 2024 se suspendió el servicio informativo, se vallaron sus edificios y se avanzó en su transformación en Agencia de Publicidad del Estado (APE), reduciendo su función a la gestión de pauta oficial. La planta de trabajadores fue drásticamente recortada y la intervención se extiende hasta 2027.

En Contenidos Públicos S.E., las señales Encuentro, Pakapaka y DeporTV atraviesan un proceso similar: intervención, apagón digital, paralización de nuevas producciones y reducción de personal. La degradación de la Televisión Digital Abierta en la Patagonia agrava el escenario, afectando el acceso gratuito a contenidos educativos en zonas rurales.

El ENACOM, organismo clave en la regulación, también fue intervenido de manera unipersonal. El cierre de delegaciones provinciales centralizó la gestión en Buenos Aires y dejó sin cobertura operativa a gran parte del país. En enero de 2026, además, se eliminó el FOMECA, herramienta fundamental para el sostenimiento de medios comunitarios y de pueblos originarios.

La Defensoría del Público, por su parte, enfrenta recortes presupuestarios y amenazas a su autonomía, debilitando su rol en la defensa de las audiencias.

Nada de esto es aislado. Todo forma parte de un mismo proceso. A cincuenta años del golpe, cuando el silencio fue impuesto por la fuerza y la censura fue política de Estado, resulta imposible no trazar paralelismos. Sin equiparar contextos históricos, sí advertimos una preocupación profunda; el debilitamiento de los medios públicos implica también, el debilitamiento de la democracia.

Por eso, como trabajadoras y trabajadores de Radio Nacional Bariloche, volvemos a decirlo con la voz en alto. Defender los medios públicos es defender el derecho de las comunidades a informarse, a expresarse y a existir en el mapa mediático del país.

Y en esa defensa, nos encontramos con una consigna que atraviesa generaciones y sigue vigente: Memoria, Verdad y Justicia. Dictadura, nunca más.