Organizaciones sociales y trabajadores del ámbito de la niñez de Bariloche manifestaron su rechazo al proyecto de Régimen Penal de Adolescentes impulsado por el Gobierno nacional, que propone reducir a 14 años la edad de punibilidad. El planteo fue analizado por el Movimiento de Infancia Bariloche junto a entidades como Grupo Encuentro, Fundación Gente Nueva, Vientos de Libertad (MTE), Pastoral Carcelaria y Antu Ruka, en el marco del debate que el oficialismo busca instalar durante las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso.
Los espacios advirtieron que la iniciativa se inscribe en una mirada punitivista que asocia a niños, niñas y adolescentes con la inseguridad, pese a que el régimen vigente fija la imputabilidad a partir de los 16 años en consonancia con la legislación nacional y tratados internacionales. Si bien coincidieron en la necesidad de actualizar el marco legal vigente desde 1978, sostuvieron que la baja de la edad no resolverá los problemas de seguridad y remarcaron que en Río Negro son casi inexistentes los delitos graves cometidos por adolescentes. En ese sentido, reclamaron mayor inversión en políticas públicas de prevención, promoción de derechos y una justicia especializada y restaurativa que priorice la inclusión social.
Comunicado
Las organizaciones sociales y los trabajadores de niñez le dicen no a la baja
El Movimiento de Infancia Bariloche y organizaciones sociales se juntaron a analizar el proyecto de Régimen Penal de Adolescentes que promueve el gobierno nacional con el objetivo de bajar la edad de punibilidad a niños y adolescentes hasta los 14 años de edad.
Las organizaciones sociales: Grupo encuentro, Fundación Gente Nueva, Vientos de Libertad (Movimiento de Trabajadores Excluidos), Pastoral Carcelaria y Antu Ruka analizaron el proyecto que el Gobierno Nacional impulsa en el Congreso durante las sesiones extraordinarias de febrero, la cual busca principalmente bajar la edad de punibilidad.
El actual régimen de responsabilidad Penal de adolescentes fija en 16 años como la edad limite para que un niño o niña pueda ser imputado penalmente por delitos graves. Esta franja etaria se encuentra en concordancia con la Ley de Protección Integral, la Convención de los Derechos de Niños y Adolescencias y otros tratados internacionales firmados por Argentina.
La avanzada del gobierno libertario se enmarca en una perspectiva punitivista que intenta asociar a niños, niñas y adolescentes (de sectores populares principalmente) con la agenda de la inseguridad.
Si bien las organizaciones de infancia concuerdan en que habría que actualizar y mejorar un decreto ley que data de 1978 y que hace 47 años rige a los adolescentes en conflicto con la ley penal, consideraron que bajar la edad de punibilidad de niños y niñas no es la solución a los problemas de inseguridad que atraviesan vastos sectores de nuestra población.
Hay que invertir en políticas públicas de prevención y promoción de derechos. Fortalecer a la comunidad organizada que lleva adelante estas tareas a puro voluntarismo militante y construir una justicia especializada y restaurativa donde los adolescentes que no tuvieron un vínculo sano con su comunidad puedan reparar sus acciones e integrarse nuevamente a su comunidad bajo un proyecto de vida que contemple el trabajo, la educación, el arte, la cultura y el deporte.
En Río Negro son casi inexistentes casos de delitos graves cometidos por adolescentes. Muy por la contrario son los adultos (en muchos casos en connivencia con las fuerzas de Seguridad) quienes promueven la inserción de nuestros pibes y pibas en las redes del narcomenudeo.
