La creación del Ente Regulador de Servicios y Concesiones (ERSeC) avanzó en las comisiones de la Legislatura de Río Negro, donde el Poder Ejecutivo defendió la iniciativa impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck para reemplazar al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) por un organismo multiservicios.
El proyecto obtuvo dictamen favorable por mayoría durante la reunión plenaria de las comisiones de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo; Asuntos Constitucionales y Legislación General; y Presupuesto y Hacienda. De esta manera, quedó en condiciones de ser tratado en el recinto durante la sesión prevista para el jueves.
La iniciativa fue acompañada por los bloques Primero Río Negro, Unión Cívica Radical (UCR), CC-ARI Cambiemos y Juntos Somos Río Negro. En tanto, los bloques peronistas y Pro Unión Republicana solicitaron 48 horas para definir su posición frente a la propuesta.
Durante el tratamiento legislativo expuso el secretario de Energía Eléctrica de Río Negro, Santiago Yanotti, quien fundamentó el proyecto y respondió las consultas formuladas por las y los legisladores respecto del funcionamiento del nuevo organismo, la atención de los usuarios y los mecanismos de control.
Yanotti explicó que el ERSeC concentraría en una misma estructura la regulación de los servicios de electricidad, agua potable y desagües cloacales. Según sostuvo, el objetivo es modernizar el sistema, incorporar tecnología y evitar la duplicación de estructuras administrativas, jurídicas y técnicas.
El funcionario señaló que los contratos de concesión actualmente vigentes son anteriores a la reforma constitucional de 1994 y a la legislación de defensa del consumidor. En ese contexto, planteó que los derechos de usuarios y consumidores adquirieron desde entonces una mayor relevancia y requieren mecanismos de atención acordes con esa evolución.
Uno de los ejes expuestos durante la reunión fue la posibilidad de establecer un sistema unificado para la recepción y seguimiento de reclamos. “La voluntad del Gobernador es que rápidamente los rionegrinos puedan reclamar desde el celular y no tengan que ir hasta una oficina”, afirmó Yanotti.
El secretario sostuvo que la unificación permitiría abordar desde una misma estructura aspectos vinculados con las tarifas, las obras, los reclamos y la protección de los derechos de los usuarios, con equipos técnicos especializados para cada área y criterios comunes de regulación.
“Lo que busca la Provincia es evitar las estructuras duplicadas, para que cuando un usuario se acerque, pueda ser atendido por los servicios en su conjunto. Es una provincia muy extensa, muy dispersa y con zonas muy rurales”, explicó Yanotti al referirse a las características territoriales de Río Negro.
En esa línea, destacó que uno de los objetivos del nuevo organismo sería facilitar el acceso a los servicios públicos independientemente de la localidad donde residan las familias. Como ejemplo de las dificultades que genera la extensión territorial, mencionó las distancias que deben afrontar usuarios de localidades alejadas para realizar trámites de manera presencial.
Yanotti puso como referencia el caso de Valcheta y cuestionó que una persona deba recorrer largas distancias para efectuar un reclamo. “No puede ser que una persona tenga que hacer 300 o 500 kilómetros para presentar un reclamo”, sostuvo, al defender la incorporación de herramientas digitales para ampliar la cobertura territorial.
El proyecto también contempla la utilización de nuevas tecnologías para fortalecer los mecanismos de fiscalización. Entre las herramientas mencionadas durante la exposición se encuentra la georreferenciación, que permitiría controlar las obras e inversiones declaradas por las empresas prestadoras directamente en territorio y en tiempo real.
De acuerdo con la explicación brindada por el funcionario, este mecanismo permitiría complementar o superar controles basados exclusivamente en la documentación presentada por los prestadores. La posibilidad de compartir información entre los distintos servicios también fue presentada como una herramienta para mejorar la fiscalización y anticipar eventuales problemas.
La propuesta establece que el ERSeC tendrá autarquía e independencia funcional y presupuestaria. El organismo estaría conducido por un Directorio integrado por tres personas, designadas por el Poder Ejecutivo, con mandatos de cuatro años.
Entre las atribuciones previstas para el nuevo ente se encuentran la regulación tarifaria, la fiscalización de los prestadores, la aplicación de sanciones, la resolución de reclamos y controversias y el control de las inversiones y de las condiciones de prestación de los servicios públicos.
Durante el debate también se plantearon cuestionamientos al diseño institucional propuesto. El legislador de Vamos con Todos, Luciano Delgado Sempé, cuestionó el funcionamiento actual del EPRE y afirmó que desde hace meses no funciona su línea telefónica de atención al usuario. Si bien consideró válida la idea de unificar los organismos, expresó dudas sobre la autonomía del nuevo ente y la designación de sus autoridades exclusivamente por parte del Poder Ejecutivo.
En el mismo sentido, Delgado Sempé cuestionó la ausencia de representantes de los usuarios en el Directorio y reclamó que la iniciativa sea discutida con cámaras empresarias, productores y usuarios. Su compañera de bancada, Magdalena Odarda, también pidió mayor participación de cámaras de productores y comerciantes y solicitó prorrogar el tratamiento del proyecto.
Odarda trasladó además interrogantes vinculados con la respuesta del EPRE ante los cortes prolongados de electricidad registrados en la Región Sur. La legisladora sostuvo que el organismo que eventualmente reemplace al actual ente deberá garantizar una atención efectiva de los reclamos y mecanismos que permitan la participación de los usuarios en el control.
Por su parte, Daniel Sanguinetti planteó dudas sobre el diseño institucional y tomó como antecedente la experiencia del organismo regulador nacional destinado a concentrar la regulación del gas y la electricidad. También consultó sobre la necesidad de contar con un Directorio de tres integrantes y sobre el impacto de la tasa de inspección y control en pequeños prestadores, especialmente en las juntas vecinales que administran redes de agua en Bariloche.
Desde el bloque CC-ARI Cambiemos, Fernando Frugoni consultó sobre la participación de la Legislatura en la designación de los directores, la situación laboral de los trabajadores del Departamento Provincial de Aguas (DPA), el costo de funcionamiento del nuevo organismo y el ahorro que podría generar la unificación. También preguntó por la capacidad sancionatoria frente a problemas de suministro eléctrico en Sierra Grande, Valcheta, Las Grutas y San Antonio Este.
La presidenta del bloque de la UCR, Lorena Matzen, valoró la separación entre las funciones de prestación y regulación que plantea el proyecto y consideró que el nuevo esquema podría aportar mayor agilidad y mejorar la respuesta a los usuarios. Sus consultas se concentraron en la consideración de las diferencias regionales para establecer indicadores de eficiencia, el período de transición y los mecanismos de fiscalización durante esa etapa.
También hubo cuestionamientos vinculados con aspectos constitucionales y de control. El legislador radical Ariel Bernatene planteó dudas sobre la transferencia al ERSeC de funciones que actualmente ejerce el DPA, a partir de las previsiones de la Constitución provincial respecto de ese organismo, y solicitó precisiones sobre la eventual incorporación de nuevos servicios a la órbita del ente regulador.
Desde Pro Unión Republicana, su presidente Juan Martín cuestionó que los tres directores sean designados directamente por el Poder Ejecutivo y propuso analizar como referencia el modelo del organismo regulador de Tucumán, que contempla la designación de autoridades por parte del Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura. Martina Lacour, de la misma bancada, advirtió sobre una posible ampliación de la discrecionalidad del Ejecutivo y consultó sobre audiencias públicas, tasas, incorporación de nuevos servicios y mecanismos para evitar la captura regulatoria.
Finalmente, Leandro García, del bloque Partido Justicialista-Nuevo Encuentro, centró su planteo en la transparencia del nuevo organismo. Señaló que entre las funciones previstas actualmente para el EPRE figura la obligación de dar publicidad a sus decisiones y a los antecedentes técnicos y jurídicos que las fundamentan, mientras que esa previsión no aparece expresamente entre las competencias establecidas para el ERSeC. El proyecto, tras obtener mayoría en las comisiones, quedó así a consideración del recinto, donde se definirá su futuro legislativo.