La Legislatura de Río Negro avanzó con el tratamiento del proyecto de una nueva Ley de Carnes, impulsado por el Poder Ejecutivo provincial, durante una reunión plenaria de las comisiones de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo; Asuntos Constitucionales y Legislación General; y Presupuesto y Hacienda. La iniciativa propone reemplazar la Ley E Nº 2534 y sus modificatorias, vigente desde hace más de tres décadas.
El proyecto establece un nuevo marco regulatorio para la habilitación, el registro, la fiscalización y el control sanitario de los establecimientos y transportes vinculados con la faena, elaboración y comercialización de productos, subproductos y derivados de origen animal en el territorio provincial.
Durante el encuentro, representantes del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo expusieron ante los legisladores los principales cambios previstos en la iniciativa. Participaron el secretario de Ganadería, Tabaré Bassi, y el subsecretario de Fauna Silvestre, Iván López, quienes respondieron consultas y analizaron el alcance de la propuesta.
La iniciativa fue dictaminada por mayoría luego del debate en comisiones. El proyecto busca actualizar una legislación que, según plantearon desde el Ejecutivo, quedó desfasada frente a las actuales condiciones de producción, elaboración y comercialización de alimentos de origen animal.
“Pudimos explicar los distintos aspectos del proyecto y tener un buen debate con los legisladores”, sostuvo Bassi durante la reunión. El funcionario remarcó la necesidad de actualizar una normativa que tiene “más de 35 años” y contar con herramientas que permitan fortalecer los controles sanitarios.
Uno de los cambios centrales es la incorporación expresa de las pautas establecidas por el Código Alimentario Argentino. Según se explicó, la legislación provincial vigente mantiene una vinculación con la Ley Federal de Carnes, pero no contempla de manera integral los requisitos actualmente aplicables a la elaboración y comercialización de alimentos.
El proyecto también precisa las competencias que tendrán la Provincia y los municipios en materia de habilitación y control. Los gobiernos locales podrán autorizar establecimientos cuya producción tenga tránsito exclusivamente municipal, mientras que la Provincia conservará competencia sobre aquellos que comercialicen sus productos en más de una jurisdicción.
La propuesta contempla además la posibilidad de celebrar convenios con municipios y comisiones de fomento que no cuenten con capacidad técnica suficiente. El objetivo es generar mecanismos de acompañamiento y atender situaciones relacionadas con la comercialización de productos entre distintas localidades.
“Queremos que cada nivel del Estado tenga claramente definidas sus responsabilidades y, al mismo tiempo, generar herramientas para resolver situaciones concretas que hoy encuentran dificultades dentro de la normativa vigente”, explicó Bassi al referirse al nuevo esquema de competencias.
Otro de los aspectos incorporados es un régimen específico para los establecimientos artesanales. La iniciativa establece que estos emprendimientos deberán cumplir requisitos acordes con su escala productiva, pero manteniendo las condiciones sanitarias necesarias para garantizar la seguridad de los alimentos.
El nuevo marco permitiría formalizar la actividad de pequeños elaboradores de productos de origen animal que actualmente encuentran dificultades para acceder a una habilitación y comercializar dentro del circuito formal. Entre las producciones contempladas se encuentran huevos, lácteos, quesos y otros alimentos de similares características.
A su vez, el proyecto incorpora una herramienta destinada al autoconsumo de las familias rurales. Bajo las condiciones que establezca posteriormente la reglamentación, se permitirá el traslado de productos propios desde los establecimientos rurales hasta los hogares de quienes los producen.
La iniciativa también crea la figura del director técnico para establecimientos industriales y aquellos alcanzados por el tránsito provincial. El profesional tendrá entre sus responsabilidades la supervisión de los procesos productivos y el control de las condiciones sanitarias en las distintas etapas de elaboración.
En materia de fiscalización, el proyecto plantea una intervención coordinada de distintos organismos provinciales. El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo tendrá participación sobre establecimientos y transportes; el Ministerio de Salud intervendrá en aspectos vinculados con la inocuidad y los registros sanitarios; mientras que la Policía de Río Negro participará en controles relacionados con el transporte y la documentación.
“Hoy gran parte de la responsabilidad recae en Ganadería. Con este esquema incorporamos controles sobre el establecimiento, sobre el producto y sobre su circulación”, señaló Bassi. Según explicó, la modificación permitiría establecer una trazabilidad y una distribución de responsabilidades más clara desde la elaboración hasta la llegada del alimento al consumidor.
El proyecto también regula las condiciones para la comercialización de productos provenientes de la fauna silvestre y de la pesca. Para ingresar al circuito comercial, deberán contar previamente con autorización de la autoridad competente, que establecerá las especies habilitadas, temporadas, cupos y zonas correspondientes, además de cumplir con los requisitos sanitarios previstos para su procesamiento.
La propuesta está organizada en seis capítulos que abarcan las disposiciones generales, las competencias de las autoridades de aplicación, los requisitos sanitarios, las condiciones para las habilitaciones y los mecanismos de fiscalización y control. El Ejecutivo sostiene que el nuevo esquema permitirá actualizar la normativa y ampliar las herramientas para la formalización de la actividad.
Tras la exposición de los funcionarios y el intercambio con los legisladores, los bloques Juntos Somos Río Negro y Unión Cívica Radical emitieron dictamen favorable. En tanto, Primero Río Negro, Vamos con Todos, Partido Justicialista–Nuevo Encuentro y Coalición Cívica ARI solicitaron un plazo de 48 horas para analizar el texto y definir su posición frente al proyecto de nueva Ley de Carnes.