La Legislatura de Río Negro aprobó por mayoría la reforma de la Ley Orgánica del Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS), impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck, que modifica el régimen de afiliación obligatoria y habilita a trabajadores estatales activos y pasivos a optar por otra cobertura de salud para sí mismos y su grupo familiar primario. La iniciativa fue sancionada este jueves 24 de septiembre, luego de un debate que expuso posiciones contrapuestas sobre el financiamiento, la situación prestacional y el futuro del sistema solidario provincial.
La reforma sustituye el régimen de afiliación obligatoria por uno voluntario u optativo. El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo mediante el expediente 1137/2026 y modificó la Ley K 2753, que regula el funcionamiento del IPROSS. La iniciativa había obtenido dictámenes favorables y modificaciones en las comisiones de Asuntos Sociales, Asuntos Constitucionales y Legislación General, y Presupuesto y Hacienda antes de llegar al recinto.
El cambio central consiste en que los agentes públicos alcanzados por la norma podrán dejar de tener al IPROSS como cobertura obligatoria y derivar su aporte personal a otra entidad de salud habilitada. La opción también contempla al grupo familiar primario del afiliado, de acuerdo con las condiciones establecidas por la nueva normativa.
Uno de los puntos centrales de la reforma es el destino de los aportes. El 100% del aporte personal del trabajador que ejerza la opción será transferido a la entidad receptora. Para los agentes activos, ese aporte representa el 4% de las remuneraciones sujetas a aportes, mientras que para los afiliados pasivos alcanza al 5,5%.
La contribución patronal, en cambio, mantendrá un tratamiento diferente. El 7% aportado por el Estado provincial o los municipios continuará ingresando íntegramente al IPROSS, incluso cuando el trabajador haya optado por otra cobertura. La normativa establece además un destino específico para esos recursos.
Según el esquema previsto, el 3% de la contribución patronal estará destinado al Plan Oncológico y a planes especiales con cobertura total. Otro 2% será asignado al Plan de Discapacidad, prestaciones especiales y prótesis, mientras que el 2% restante financiará el Plan de Farmacia Ambulatoria y Enfermedades Crónicas.
Si la cobertura elegida por el trabajador establece una cuota superior al monto correspondiente al aporte personal derivado, la diferencia deberá ser abonada por el propio afiliado. El Estado provincial, los municipios y el IPROSS no asumirán ese costo adicional.
La posibilidad de optar por otra cobertura tendrá algunas exclusiones. No podrán ejercerla quienes ocupen cargos electivos o de designación política, ni las autoridades superiores de los poderes del Estado, organismos de control y empresas estatales comprendidas por la normativa.
En el caso de jubilados y pensionados cuyos haberes sean liquidados por un organismo previsional nacional, la posibilidad de derivar los aportes quedará condicionada a la celebración de un convenio específico con ese organismo. Hasta que ese acuerdo se concrete, la opción no podrá instrumentarse para ese sector.
La reforma también establece mecanismos para proteger a quienes atraviesen determinadas situaciones luego de cambiar de cobertura. Si la entidad elegida deja de prestar el servicio por una causa ajena al afiliado, la persona podrá reincorporarse automáticamente al IPROSS y sin períodos de carencia.
Otro aspecto contemplado es la continuidad de los tratamientos médicos. Las prestaciones que se encuentren en curso deberán continuar sin interrupciones cuando se concrete el cambio de cobertura, de acuerdo con las condiciones previstas por la nueva normativa.
La legislación también establece períodos mínimos de permanencia en las entidades receptoras. Según la información oficial difundida durante el tratamiento del proyecto, quien ejerza la opción deberá permanecer al menos 12 meses en la primera entidad elegida, mientras que para posteriores cambios o el regreso al IPROSS se contempla un período de 36 meses.
La aprobación estuvo precedida por un debate político y gremial en el que se discutieron tanto el derecho a elegir como las consecuencias financieras para el IPROSS. Representantes del oficialismo defendieron el cambio como una ampliación de la libertad de los afiliados, mientras que sectores opositores cuestionaron que el trabajador solo pueda derivar su aporte personal y que la contribución patronal permanezca dentro del Instituto.
Escudero: “Libertad para el afiliado”
Como miembro informante, la legisladora Andrea Escudero, de Juntos Somos Río Negro, defendió el proyecto y rechazó que la reforma tenga como objetivo privatizar o vaciar el IPROSS.
Escudero sostuvo que la nueva normativa no obliga a ningún afiliado a abandonar la obra social provincial. “El proyecto no obliga a nadie a irse del IPROSS”, remarcó durante el debate legislativo.
La legisladora planteó que el objetivo es terminar con la condición de afiliados cautivos que, según señaló, fue cuestionada durante años por trabajadores estatales. Bajo el nuevo régimen, cada afiliado podrá decidir si permanece en el Instituto o deriva su cobertura.
Escudero también destacó medidas que, según indicó, fueron implementadas en los últimos años para ampliar las prestaciones del IPROSS. Entre ellas mencionó convenios con centros de alta complejidad, digitalización de trámites, prestaciones odontológicas y cobertura de prótesis, medicamentos, discapacidad y tratamientos oncológicos.
En relación con el financiamiento, sostuvo que la posibilidad de derivar el 4% personal no implica trasladar también la contribución patronal. Para la legisladora, el mantenimiento del 7% dentro del IPROSS permite preservar recursos destinados al esquema solidario.
Escudero sintetizó los objetivos que atribuyó a la reforma en tres conceptos: “libertad para el afiliado, fortalecimiento de la obra social y mejora obligada por parte de los prestadores”.
Picotti: libertad sí, pero “sin restricciones”
La legisladora Gabriela Picotti coincidió con el principio de libre elección, aunque cuestionó las condiciones bajo las cuales se instrumentará. Durante el debate sostuvo que la libertad debería poder ejercerse sin limitaciones económicas que condicionen la decisión del trabajador.
“Libertad es libertad verdadera, sin restricciones”, afirmó Picotti al plantear sus diferencias con el proyecto aprobado.
La legisladora centró su cuestionamiento en el hecho de que el trabajador solamente podrá derivar su aporte personal del 4% y deberá afrontar con recursos propios cualquier diferencia entre ese monto y el costo de la cobertura elegida.
Picotti también cuestionó el funcionamiento actual del IPROSS y mencionó problemas vinculados con demoras en prótesis, medicamentos y turnos, además de adicionales cobrados por algunos profesionales.
“Si realmente estuviese dando respuesta a los pedidos del afiliado, yo creo que ninguno de los trabajadores públicos decidiría o pediría irse de la obra social”, planteó durante su intervención.
Lacour: “Liberamos a la persona pero retenemos el financiamiento”
Martina Lacour también expresó coincidencias con el principio de libre elección, pero cuestionó el mecanismo financiero establecido por la reforma. Recordó que anteriormente había impulsado iniciativas vinculadas con esa posibilidad.
Uno de sus principales cuestionamientos estuvo dirigido a la permanencia del 7% de contribución patronal dentro del IPROSS cuando un trabajador decide trasladar su cobertura a otra entidad.
“Liberamos a la persona pero retenemos el financiamiento”, resumió Lacour al describir el esquema aprobado por la Legislatura.
La legisladora llegó a definir el mecanismo como “prácticamente una estafa a los empleados” y reclamó que el proyecto pudiera votarse por separado en general y en particular, con el objetivo de acompañar el principio de libre elección y rechazar los artículos con los que no coincidía.
Sposito: “Marketing libertario”
Ayelén Sposito, de Vamos con Todos, rechazó la reforma y la definió durante el debate como “marketing libertario”. Su argumento se concentró en la relación entre el monto del aporte personal y el costo de las coberturas alternativas.
Según Sposito, no existiría una libertad efectiva si el trabajador solo puede derivar el 4% de su salario, debido a que ese porcentaje podría resultar insuficiente para afrontar una cobertura privada equivalente.
La legisladora también sostuvo que la salida de aportes personales puede tener consecuencias sobre los recursos disponibles para el funcionamiento cotidiano del IPROSS.
“En vez de estar discutiendo que la gente se vaya del IPROSS, tendríamos que estar discutiendo cómo mejoramos la obra social de los trabajadores del Estado”, planteó.
Sposito incorporó además al debate las diferencias existentes entre convenios con prestadores y el denominado plus médico, una práctica que, según señaló, afecta a afiliados en determinadas localidades de la provincia.
Domínguez: acompañamiento con diferencias
César Domínguez anticipó su acompañamiento general al proyecto, aunque manifestó diferencias con algunos aspectos de la iniciativa. Durante su exposición defendió una concepción amplia de la libertad individual para elegir la cobertura sanitaria.
El legislador recordó además que había impulsado una iniciativa destinada especialmente a los jubilados. Sin embargo, señaló que la reforma contiene restricciones que, a su criterio, impiden hablar de una libertad plena.
Domínguez sostuvo que para trabajadores de menores ingresos una cobertura privada puede resultar económicamente inaccesible. También observó que determinados sectores quedaron directamente excluidos de la posibilidad de optar.
A diferencia de otros legisladores opositores, Domínguez sostuvo durante el debate que el nuevo esquema no necesariamente producirá un desfinanciamiento del IPROSS.
Odarda pidió frenar el tratamiento y realizar una auditoría
Magdalena Odarda, de Vamos con Todos, formuló uno de los cuestionamientos más fuertes a la iniciativa. “No queremos perder la obra social que le pertenece a los trabajadores y trabajadoras”, afirmó durante su intervención.
La legisladora responsabilizó al poder político por parte de los problemas que, según describió, atraviesa actualmente el Instituto. También cuestionó el funcionamiento de la comisión legislativa encargada del seguimiento del IPROSS.
Odarda señaló que durante casi tres años esa comisión no habría funcionado de manera efectiva, situación que, desde su perspectiva, limitó el control parlamentario sobre la obra social provincial.
También cuestionó que el Poder Ejecutivo enviara la iniciativa con Acuerdo General de Ministros, mecanismo que permitió su tratamiento en única vuelta. Para Odarda, ese procedimiento redujo las posibilidades de participación de trabajadores, jubilados, sindicatos y municipios.
El bloque de Vamos con Todos solicitó postergar el tratamiento hasta disponer de una auditoría sobre las cuentas del IPROSS y una evaluación del impacto financiero que podría generar la salida de afiliados.
La preocupación planteada estuvo especialmente vinculada con la posibilidad de que trabajadores con salarios más altos opten por otras coberturas, mientras permanezcan en el Instituto jubilados, personas con discapacidad y pacientes que requieren tratamientos prolongados o de alto costo.
Pica defendió que el 7% permanezca en el sistema
Lucas Pica, de Juntos Somos Río Negro, desarrolló uno de los principales argumentos jurídicos del oficialismo para defender el esquema de financiamiento aprobado.
El legislador sostuvo que el aporte personal del 4% integra el salario del trabajador, mientras que la contribución patronal del 7% tiene una naturaleza jurídica diferente y constituye una obligación del empleador destinada al financiamiento del sistema solidario.
Desde esa interpretación, Pica rechazó que exista un derecho individual del trabajador a derivar también el 7% cuando decide abandonar el IPROSS.
El legislador resumió la reforma mediante una pregunta dirigida directamente al afiliado: “¿Usted se quiere ir o usted se quiere quedar?”.
Mansilla acompañó
Yolanda Mansilla, de Primero Río Negro, anticipó su respaldo a la reforma y recordó que su espacio político ya había impulsado iniciativas vinculadas con la libre elección de obra social.
Mansilla consideró que mantener la contribución patronal del 7% dentro del IPROSS permitirá sostener el sistema y financiar prestaciones de mayor complejidad.
Entre esas prestaciones mencionó particularmente las vinculadas con oncología y discapacidad, que integran el destino específico establecido para parte de los recursos patronales.
La legisladora también destacó que la salida del Instituto no será necesariamente definitiva. Según explicó, el esquema contempla la posibilidad de solicitar el regreso una vez cumplidos los períodos de permanencia establecidos.
Matzen: “Hay que escuchar a los trabajadores”
Lorena Matzen, de la Unión Cívica Radical, también respaldó la iniciativa y sostuvo que la libertad de elección constituye un reclamo que se viene planteando desde hace tiempo entre trabajadores estatales.
Durante su exposición citó una encuesta realizada por SITRAJUR sobre 215 trabajadores judiciales. Según los datos mencionados en el recinto, 57 manifestaron que optarían por una cobertura privada, 55 dijeron que permanecerían en el IPROSS y 85 condicionaron su decisión al costo y a las prestaciones disponibles.
“Escuchar a los trabajadores implica también actuar en consecuencia”, afirmó Matzen antes de confirmar el acompañamiento de su bloque.
La legisladora utilizó esos datos como argumento para sostener que existe una demanda concreta de sectores de trabajadores por contar con mayor capacidad de decisión sobre su cobertura sanitaria.
Acevedo acompañó, pero advirtió sobre la “selección adversa”
Javier Acevedo, de ARI-Cambiemos, anunció su voto favorable, aunque durante el debate planteó una serie de mecanismos de resguardo que, según sostuvo, deberían haber sido incorporados a la norma.
Uno de los principales riesgos señalados por Acevedo fue el de la denominada “selección adversa”, es decir, la posibilidad de que los afiliados con mayores incentivos para abandonar el IPROSS sean jóvenes, sanos y con salarios más altos, mientras permanezcan en el Instituto quienes requieren mayor cantidad de prestaciones.
Para afrontar ese escenario, propuso crear un Fondo de Estabilización Prestacional con garantía del Tesoro provincial, destinado a compensar eventuales caídas de ingresos del IPROSS.
Entre las alternativas de financiamiento mencionó una retención solidaria del 15% sobre el aporte de quienes abandonen el Instituto, un canon para la entidad receptora, una cuota de reingreso y eventuales aportes provenientes de superávits.
Acevedo también propuso establecer una ventana anual para ejercer la opción, con una primera apertura a los 180 días, de manera que el IPROSS pudiera anticipar presupuestariamente las posibles salidas.
“Esta propuesta no contradice el proyecto, lo completa”, sostuvo el legislador al defender sus propuestas de modificación.
García: “Un proyecto para la tribuna libertaria”
Leandro García, del bloque PJ-Nuevo Encuentro, anticipó el rechazo de su espacio y sostuvo que la discusión debería formar parte de un debate más amplio sobre el sistema de salud provincial.
El legislador calificó la iniciativa como un proyecto “para la tribuna libertaria” y relacionó los problemas financieros del IPROSS con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios estatales y el aumento de los costos de medicamentos y prestaciones.
García también cuestionó la situación de los jubilados y la posibilidad concreta de que puedan optar por PAMI. Según planteó, debido al convenio de transferencia del sistema previsional provincial, sería necesario alcanzar previamente un acuerdo específico con el organismo nacional.
Berros comparó el escenario con los años 90
José Luis Berros, de Vamos con Todos, también rechazó la reforma y sostuvo que responde a una orientación liberal que, desde su perspectiva, presenta similitudes con políticas implementadas durante la década de 1990.
El legislador cuestionó el uso del concepto de “portabilidad” y sostuvo que el debate debería centrarse en las condiciones concretas de acceso a la salud de los trabajadores estatales.
Durante su intervención presentó ejemplos de aportes personales correspondientes a médicos, enfermeros, bioquímicos, administrativos y docentes, con el objetivo de señalar que esos montos podrían no alcanzar para contratar coberturas privadas equivalentes.
Berros también mencionó la experiencia de las AFJP como antecedente de reformas que, según su interpretación, trasladaron decisiones vinculadas con sistemas solidarios hacia esquemas de elección individual.
Además, advirtió que una eventual pérdida de recursos del IPROSS podría derivar, ante dificultades financieras futuras, en una mayor necesidad de asistencia por parte del Tesoro provincial.
Juan Martín: “La libertad termina siendo una puerta entreabierta”
Juan Martín, del PRO-Unión Republicana, acompañó la reforma, aunque sostuvo que el proyecto podría haber avanzado más en materia de libre elección.
El legislador diferenció el debate sobre las prestaciones actuales del IPROSS de la discusión sobre el derecho a elegir otra cobertura. A su criterio, los problemas administrativos, financieros y prestacionales deberán ser abordados mediante medidas específicas.
Martín anunció además que existe un compromiso político para poner nuevamente en funcionamiento la comisión legislativa de seguimiento del Instituto.
El legislador recordó que su espacio había presentado una iniciativa de libre elección en 2024 y sostuvo que aquella propuesta contemplaba un esquema más amplio.
“La libertad puesta de este modo termina siendo una puerta entreabierta”, señaló. A pesar de sus observaciones, confirmó el voto favorable por considerar que la reforma avanza hacia una mayor capacidad de elección y competencia entre prestadores.
Facundo López: “No vamos a desfinanciar el IPROSS”
El cierre de la defensa oficialista estuvo a cargo de Facundo López, presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro. El legislador rechazó que la reforma tenga como finalidad debilitar al IPROSS y defendió el nivel de cobertura que atribuyó al Instituto.
“Lo que seguro no les voy a admitir jamás es que quieran comparar los beneficios, la calidad y el servicio del IPROSS con ninguna obra social o con ninguna prepaga. No tienen nada que envidiarle”, sostuvo López.
Durante su exposición utilizó vasos con agua como recurso visual para explicar el mecanismo financiero. El ejemplo buscó mostrar que el trabajador que abandone el IPROSS derivará su aporte personal del 4%, mientras que la contribución patronal del 7% continuará ingresando al Instituto.
Según el razonamiento expuesto por López, la permanencia de esa contribución permitirá que el IPROSS conserve recursos aun cuando determinados afiliados dejen de utilizar sus prestaciones.
“No vamos a desfinanciar”, insistió el titular del bloque oficialista durante el debate.
López también sostuvo que la reforma generará un escenario de competencia. Según planteó, el IPROSS deberá mejorar sus servicios para retener afiliados, mientras que los prestadores tendrán incentivos para elevar la calidad de la atención.
“Estoy convencido de que el IPROSS es una de las mejores obras sociales del país por lo que cubre en proporción a lo que aportamos y pagamos”, afirmó.
Cruces con UNTER y un debate caliente
El tratamiento de la reforma también estuvo acompañado por momentos de tensión entre legisladores y representantes gremiales que se encontraban en las bandejas de la Legislatura durante la sesión.
Los cruces se produjeron particularmente durante la exposición de Facundo López, quien cuestionó la presencia de dirigentes de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER), en el contexto del paro docente de 48 horas.
Ante las intervenciones desde las bandejas, el presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, reclamó silencio tanto al público como a los legisladores.
Pesatti pidió que no se produjeran interacciones entre ambos sectores durante las exposiciones y recordó que debía garantizarse el respeto a quien estuviera haciendo uso de la palabra.
La aprobación de la reforma cerró así un debate que atravesó cuestiones vinculadas con la libertad de elección, el financiamiento del IPROSS, la continuidad de tratamientos y las condiciones para acceder a otras coberturas.
La información oficial difundida por el Gobierno provincial indicó que la norma fue aprobada por 35 votos a favor y 9 en contra, correspondientes a legisladores del peronismo. La sanción modifica el régimen de afiliación y establece un nuevo esquema de relación entre los trabajadores estatales, el IPROSS y las entidades receptoras.
La reforma deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo dentro del plazo previsto por la normativa. El IPROSS tendrá además que establecer los procedimientos para ejercer la opción, instrumentar convenios con las entidades receptoras y brindar información previa a los afiliados sobre las consecuencias de abandonar la cobertura provincial.
De esta manera, Río Negro incorpora un régimen de afiliación optativa al IPROSS para los sectores alcanzados, manteniendo dentro del Instituto la contribución patronal del 7% y habilitando la derivación del aporte personal. El alcance efectivo de la reforma dependerá ahora de su reglamentación y de la implementación de los mecanismos que permitan a los trabajadores ejercer la opción.