La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves, en primera vuelta y por mayoría, el proyecto que establece un modelo de gobernanza de los datos públicos provinciales. La iniciativa busca ordenar y estandarizar la información que generan y administran los organismos estatales, además de facilitar el intercambio de datos bajo criterios comunes.
El proyecto plantea la construcción de una arquitectura común para la gestión de la información pública. El objetivo es que los distintos organismos provinciales puedan interoperar, compartir datos y utilizar herramientas tecnológicas de manera ordenada, segura y eficiente.
Entre los aspectos contemplados por la iniciativa se encuentran la trazabilidad de la información, la utilización de metadatos, la protección de los datos personales y la incorporación de sistemas automatizados e inteligencia artificial dentro de la administración pública.
Durante el debate parlamentario se expresaron distintas posiciones respecto del alcance y la implementación del proyecto. Mientras la legisladora Lorena Matzen, una de sus autoras, defendió la propuesta por considerarla una herramienta para modernizar el Estado, Santiago Ibarrolaza manifestó el rechazo de su bloque por posibles superposiciones normativas y burocráticas.
Por su parte, Martina Lacourt valoró los objetivos y los componentes técnicos de la iniciativa, aunque planteó la necesidad de realizar algunas precisiones antes de que el proyecto sea tratado nuevamente en segunda vuelta.
Matzen: “Modernizar el Estado, pero poniendo a las personas en el centro”
Durante la fundamentación, Matzen destacó el proceso de elaboración de la propuesta y señaló que el texto fue enriquecido a partir de aportes realizados por distintos sectores vinculados con la temática.
La legisladora reconoció especialmente el trabajo desarrollado por el Ministerio de Modernización y su equipo técnico durante la elaboración del proyecto. Según explicó, esos aportes permitieron avanzar desde una formulación general hacia una herramienta destinada a ser aplicada dentro de la administración pública.
“No queríamos que quede solamente en una expresión de deseos, sino que se convirtiera realmente en una herramienta posible, concreta, vinculada a este proceso que estamos viviendo de transformación y de modernización de nuestra provincia”, explicó Matzen.
La autora de la iniciativa también destacó la participación de universidades públicas en el proceso de análisis y elaboración. En particular, mencionó el aporte de la Universidad Nacional de Río Negro, el trabajo del profesor Mauro Cambarieri y sus alumnos, además de especialistas de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Tecnológica Nacional.
“La universidad pública tiene un papel insustituible”, sostuvo Matzen durante su exposición ante el recinto. Para la legisladora, la incorporación de conocimiento académico a la elaboración de políticas públicas permite generar herramientas con una perspectiva de largo plazo.
En esa línea, consideró que la gobernanza de datos debe constituirse en una política que trascienda a las distintas administraciones provinciales. “Este proyecto dejó de ser nuestro, de nuestro bloque, sino que tiene la participación de muchos actores”, afirmó.
Qué cambios podría generar para los ciudadanos
Matzen buscó explicar los alcances de una iniciativa de contenido principalmente técnico a partir de situaciones concretas que pueden afectar a los ciudadanos en su relación cotidiana con el Estado.
Uno de los ejemplos planteados estuvo relacionado con la documentación que las personas deben presentar ante distintas dependencias públicas. La propuesta apunta a evitar que un ciudadano tenga que entregar reiteradamente información que ya se encuentra registrada dentro de otro organismo estatal.
“Le sirve para no tener que presentar una y otra vez documentación que el propio Estado ya posee. Le sirve para simplificar los trámites y tener respuestas más rápidas”, explicó la legisladora.
Otro de los aspectos señalados está relacionado con el conocimiento y control sobre el uso de los datos personales. Según Matzen, el nuevo esquema permitirá avanzar en mecanismos para que los ciudadanos puedan conocer quién utiliza su información y con qué finalidad.
La iniciativa también contempla la posibilidad de cuestionar decisiones automatizadas que eventualmente puedan perjudicar a una persona. De esta manera, el proyecto incorpora dentro de la discusión estatal los desafíos vinculados con el uso creciente de herramientas tecnológicas y sistemas de inteligencia artificial.
Otro de los objetivos consiste en mejorar la calidad de la información utilizada para diseñar políticas públicas. La propuesta busca que las decisiones estatales puedan sustentarse en datos actualizados, trazables y compatibles entre los diferentes organismos.
Qué cambia para el Estado provincial
La gobernanza de datos también pretende modificar la manera en que las diferentes áreas del Estado gestionan y utilizan la información. Matzen sostuvo que contar con información ordenada permitirá conocer con mayor precisión la realidad provincial y detectar posibles desigualdades territoriales.
Según la legisladora, disponer de datos integrados podría contribuir a anticipar determinadas demandas y orientar de manera más eficiente las políticas públicas. También permitiría evaluar resultados y determinar en qué áreas resulta prioritario asignar recursos.
En ese sentido, planteó que una administración pública basada en información confiable puede establecer con mayor precisión “qué política pública funciona y cuál debe corregirse”.
Uno de los objetivos centrales del proyecto es, además, mejorar la integración entre ministerios y organismos provinciales. La iniciativa busca evitar que cada área administre la información como un sistema aislado y establecer parámetros comunes para facilitar el intercambio.
Matzen sostuvo que el Estado debe dejar de funcionar como un conjunto de “compartimentos aislados” cuando se trata de gestionar información. La posibilidad de compartir datos bajo estándares comunes permitiría desarrollar políticas transversales entre distintos organismos.
“Los gobiernos pueden cambiar, pero los datos públicos, los procedimientos, la capacidad estatal debe permanecer”, expresó la legisladora al fundamentar la necesidad de establecer una estructura que pueda sostenerse a través de diferentes gestiones.
Inteligencia artificial con control y responsabilidad humana
La incorporación de nuevas tecnologías a la administración pública fue otro de los puntos destacados durante la defensa del proyecto. La iniciativa contempla la utilización de sistemas automatizados y herramientas de inteligencia artificial bajo determinados criterios.
Matzen sostuvo que la legislación debe acompañar los cambios tecnológicos y establecer reglas que permitan aprovechar sus beneficios sin descuidar los derechos de las personas.
“Decide innovar, pero con derechos. Decide integrar información, pero con seguridad. Decide utilizar inteligencia artificial, pero con transparencia, control y responsabilidad humana”, afirmó durante su intervención.
La legisladora agregó que la propuesta busca “modernizar el Estado, pero poniendo a las personas en el centro”. En su interpretación, la transformación digital de la administración pública debe estar acompañada por mecanismos de protección y control.
Matzen consideró que uno de los principales aportes del proyecto consiste en establecer “por primera vez una arquitectura integral para gobernar los datos públicos provinciales”.
Según explicó, el objetivo no se limita a resolver necesidades actuales, sino que apunta a desarrollar capacidades institucionales que permitan a Río Negro enfrentar los desafíos vinculados con la gestión de información durante los próximos años.
Ibarrolaza cuestionó el proyecto y advirtió sobre burocracia
Desde una posición diferente, Santiago Ibarrolaza anticipó el rechazo de su bloque a la iniciativa. El legislador aclaró que la negativa no estaba vinculada con el objetivo general de avanzar hacia un Estado moderno y eficiente, sino con la estructura normativa propuesta para alcanzar esa finalidad.
Ibarrolaza recordó que su espacio había acompañado en 2025 la sanción de la Ley 5.793, a la que vinculó con la necesidad de avanzar en una organización más eficiente de los datos generados por el Estado rionegrino.
Según explicó, para analizar el nuevo proyecto recurrieron a especialistas en informática y, a partir de los informes recibidos, identificaron posibles contradicciones entre ambas normas.
“Creemos que, en función de lo que nos han brindado los informes, esto viene a contradecir la ley, viene a generar compartimentos estancos”, sostuvo el legislador.
El parlamentario también cuestionó la posibilidad de que la implementación de la gobernanza de datos implique la creación de nuevas estructuras dentro del Estado provincial.
“Entendemos que el Estado de la provincia lo que necesita son menos estamentos, menos burocracia, menos funcionarios, menos empleados y mayor eficiencia”, afirmó Ibarrolaza durante el debate.
A su entender, el modelo planteado podría terminar generando un resultado contrario al buscado, al establecer nuevas instancias administrativas en lugar de simplificar el funcionamiento estatal.
“En vez de lo que era el espíritu de la ley, de hacer un Estado más cortito pero más eficiente con la tecnología y la utilización de datos, esta gobernanza viene a contradecir, a generar información de compartimentos estancos entre unos y otros”, argumentó.
Con esos fundamentos, el legislador confirmó que su bloque no acompañaría el proyecto aprobado en primera vuelta por la mayoría de la Legislatura.
Lacourt valoró la propuesta, pero pidió precisiones
Martina Lacourt planteó una posición intermedia durante la discusión parlamentaria. La legisladora valoró el objetivo general del proyecto y destacó varios de sus componentes técnicos, aunque consideró necesario introducir modificaciones antes del tratamiento en segunda vuelta.
Para fundamentar su análisis, Lacourt hizo referencia a su experiencia profesional de más de dos décadas en IBM, vinculada con la gestión y análisis de información y con el diseño, implementación y testeo de sistemas informáticos.
Uno de los puntos que abordó fue la relación entre el proyecto de gobernanza de datos y la Ley 5.793. Frente a los cuestionamientos sobre una eventual superposición, señaló que la nueva iniciativa incorpora específicamente el concepto de metadatos.
“Este proyecto trata un tema que no estaba tratado en la Ley 5.793, que es el de los metadatos, que son fundamentales para toda la interoperabilidad de los distintos organismos de la provincia”, explicó.
Lacourt definió los metadatos de manera sencilla como “el dato sobre un dato” y utilizó un ejemplo para explicar las dificultades que pueden aparecer cuando distintos organismos utilizan denominaciones similares para informaciones que tienen características diferentes.
Una determinada información puede denominarse “localidad” en un ministerio y utilizarse con la misma denominación en otro organismo, aunque los sistemas podrían interpretarla de manera diferente.
“Para que esos sistemas de los distintos ministerios puedan conversar tenemos que tener establecido todo un parámetro general para que la información tenga sentido”, señaló la legisladora.
Desde esa perspectiva, Lacourt consideró “muy valioso” el proyecto porque, según sostuvo, “ordena, estandariza y hace trazable la gestión de los datos públicos en la provincia”.
Las observaciones que deberán analizarse
A pesar de su valoración positiva, Lacourt señaló que existen aspectos del proyecto que deberían ser revisados antes de la segunda vuelta. Entre ellos mencionó lo que definió como “un pequeño solapamiento” con la Ley 5.793.
La legisladora planteó específicamente la necesidad de precisar las atribuciones de la Oficina de Datos para evitar posibles superposiciones con las competencias del Ministerio de Modernización.
“Si no parece como que una cuestión la maneja el Ministerio de Modernización y la Oficina de Datos estaría haciendo prácticamente lo mismo”, advirtió.
Otro de los puntos observados por Lacourt está relacionado con la denominación del organismo dentro del propio articulado. Según señaló, el artículo 16 utiliza indistintamente las expresiones “Oficina de Datos Provincial” y “Oficina de Datos del Estado”.
La legisladora consideró necesario establecer una única denominación y definir con mayor claridad las funciones correspondientes a esa estructura. El objetivo, explicó, es evitar interpretaciones diferentes respecto de las responsabilidades asignadas.
Con la aprobación en primera vuelta, el proyecto continuará ahora su recorrido legislativo. Las observaciones realizadas durante el debate podrán ser incorporadas o analizadas antes de que la iniciativa regrese al recinto para su tratamiento definitivo.
La eventual sanción de la ley establecerá un marco provincial para la gobernanza de los datos públicos, con criterios comunes de gestión, interoperabilidad, trazabilidad, seguridad y protección de la información personal.
El debate dejó expuestas distintas miradas sobre la transformación digital del Estado de Río Negro: mientras sus impulsores destacan la posibilidad de mejorar la gestión y los servicios a partir de información integrada, desde la oposición se plantearon reparos vinculados con la estructura institucional, las competencias y la eventual generación de nuevas instancias burocráticas.
El proyecto deberá completar una segunda vuelta antes de convertirse en ley. En ese proceso podrán incorporarse precisiones sobre la organización y las competencias de las áreas involucradas, en particular aquellas cuestiones señaladas durante el tratamiento parlamentario.
De esta manera, la Legislatura de Río Negro avanzó en la discusión de un marco específico para la gobernanza de datos públicos, una cuestión que adquiere relevancia a medida que la administración provincial incrementa el uso de herramientas digitales, sistemas automatizados e inteligencia artificial para la gestión estatal.