La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves la ley que establece la creación del Ente Regulador de Servicios y Concesiones (ERSeC), un nuevo organismo que concentrará la regulación, fiscalización y control de los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable y desagües cloacales en todo el territorio provincial.
El nuevo ente funcionará bajo la órbita del Poder Ejecutivo, aunque contará con autarquía técnica, funcional y presupuestaria. La sanción de la norma también determina la disolución del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y establece que el ERSeC asumirá sus competencias, además de incorporar de manera permanente el control sobre los servicios de saneamiento que hasta ahora ejercía de forma transitoria el Departamento Provincial de Aguas (DPA).
Durante la fundamentación del proyecto, el legislador Lucas Pica (Juntos Somos Río Negro) destacó el alcance institucional de la iniciativa y sostuvo que se trata de una reforma con impacto directo en la vida cotidiana de los usuarios. Según planteó, la norma establece “una clara arquitectura de distribución de roles” para la gestión y el control de los servicios esenciales.
Pica también señaló que la creación del ERSeC permite resolver una situación que se mantuvo durante 28 años. Recordó que la legislación sancionada en 1997 había asignado provisoriamente al DPA el control del agua y las cloacas, una transitoriedad que se extendió durante casi tres décadas. Para el oficialismo, la nueva estructura busca separar las funciones de diseño, ejecución y fiscalización.
Entre los objetivos establecidos por la nueva legislación aparecen la protección de los derechos de las personas usuarias, la mejora de la calidad y eficiencia de las prestaciones y la garantía de tarifas “justas, asequibles y razonables”. Pica aseguró que el proyecto no modifica los marcos regulatorios sustantivos ni altera los contratos de concesión vigentes.
El legislador oficialista también sostuvo que la creación del ERSeC no implicará un incremento del gasto público provincial. Explicó que el organismo será financiado, al igual que el EPRE, mediante la tasa de inspección y control abonada por las empresas prestadoras en función de sus ingresos. Para Pica, el nuevo esquema permitirá “elevar sustancialmente la calidad institucional” de Río Negro.
La conducción del organismo estará a cargo de un Directorio compuesto por tres integrantes: Presidencia, Vicepresidencia y Vocalía. Los funcionarios serán seleccionados por el Poder Ejecutivo entre profesionales con antecedentes en los sectores regulados y tendrán mandatos de cuatro años, bajo un régimen de incompatibilidades respecto de empresas vinculadas con los servicios bajo control.
La ley establece además un período de transición para la puesta en funcionamiento del nuevo ente. Luego de su promulgación, el Poder Ejecutivo tendrá 90 días para reglamentar la norma y, posteriormente, otros 90 días para concretar la puesta en marcha efectiva del ERSeC. Durante ese proceso deberá garantizarse la continuidad de las funciones regulatorias.
Desde la oposición, Luciano Sempé (Vamos con Todos) acompañó la idea de unificar los controles y ordenar las competencias del DPA, aunque cuestionó distintos aspectos de la estructura aprobada. Entre sus principales planteos reclamó que el nuevo organismo disponga de atención presencial en municipios y comisiones de fomento, al considerar insuficientes los actuales mecanismos virtuales de reclamo.
Sempé también cuestionó que la conducción del ERSeC quede bajo la designación exclusiva del Poder Ejecutivo. Planteó la incorporación de representantes de los usuarios al Directorio y reclamó una instancia de participación más amplia para cámaras comerciales, sectores productivos y ciudadanía. “Sin la participación activa y el control de los propios usuarios no se garantizará el correcto funcionamiento”, advirtió.
En tanto, Fernando Furgoni (CC ARI-Cambiemos) respaldó la necesidad de reemplazar el esquema vigente, pero cuestionó el funcionamiento que tuvo el EPRE frente a los reclamos de los usuarios. Reclamó que el nuevo organismo actúe con mayor firmeza frente a las empresas concesionarias y mencionó los reiterados cortes de energía registrados en localidades de la Costa Atlántica, entre ellas Las Grutas, San Antonio Oeste y Sierra Grande.
Furgoni también puso en duda que la atención virtual sea suficiente para responder a las demandas de todos los usuarios y reclamó controles estrictos sobre las inversiones comprometidas por las empresas. En ese marco, planteó incluso la posibilidad de retirar concesiones cuando los prestadores incumplan los estándares mínimos necesarios para garantizar un servicio estable y seguro.
Por su parte, Daniel Sanguinetti (Cambia Río Negro) anticipó el rechazo de su espacio y calificó la iniciativa como una “ley exprés”. El legislador sostuvo que no existió tiempo suficiente para consultar a los sectores involucrados y mencionó el caso de la Cooperativa Eléctrica de Bariloche (CEB), que administra unos 60.000 medidores y, según afirmó, tomó conocimiento del proyecto a través de los medios de comunicación.
Sanguinetti también manifestó preocupación por la aplicación de la tasa de inspección y control en la zona Andina, particularmente sobre las juntas vecinales de Bariloche que administran sistemas de agua en barrios del oeste. Según señaló, las explicaciones recibidas durante el tratamiento legislativo no permitieron establecer con claridad cómo se calculará la tasa para estas organizaciones comunitarias.
La legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos) fundamentó también el rechazo de su bloque y cuestionó la falta de participación ciudadana. Afirmó que cámaras de comercio, productores frutícolas y entidades como la CAIC de General Roca habían solicitado postergar el tratamiento para poder expresar sus posiciones. Además, advirtió sobre un posible debilitamiento del DPA y reclamó que el Directorio incorpore obligatoriamente un representante o defensor de los usuarios.
En la misma línea, Odarda cuestionó el funcionamiento histórico de los organismos de control y mencionó situaciones vinculadas con cortes de servicios que, según afirmó, afectan especialmente a sectores vulnerables y jubilados. También apuntó contra empresas prestadoras de energía y gas por presuntos incumplimientos de la normativa provincial de protección de usuarios.
El legislador Juan Murillo (PRO-Unión Republicana) anunció el acompañamiento de su bancada y consideró razonable la unificación de organismos para evitar estructuras duplicadas y generar economías de escala. No obstante, coincidió con parte de las críticas opositoras respecto del tratamiento acelerado y reclamó mayor tiempo para analizar las observaciones de cámaras empresarias y sectores productivos.
Murillo centró además sus cuestionamientos en la independencia del ERSeC y en la designación de sus autoridades. Propuso que los integrantes del Directorio cuenten con acuerdo de la Legislatura y que sus mandatos tengan límites a la reelección. Según argumentó, esos mecanismos permitirían fortalecer “la transparencia, el control institucional y la alternancia” en un organismo encargado de regular servicios esenciales.
Finalmente, el presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, defendió el proyecto y el esquema de gobernanza aprobado. Sostuvo que la designación directa de los directores por parte del Gobernador mantiene el modelo utilizado históricamente por el EPRE y permite garantizar eficiencia y capacidad técnica. También defendió la neutralidad del organismo al considerar que debe actuar como árbitro entre los intereses de las empresas y los usuarios.
López rechazó las críticas sobre un supuesto incumplimiento de los procedimientos legislativos y afirmó que el proyecto atravesó las instancias reglamentarias correspondientes en comisión. Además, destacó el uso de herramientas tecnológicas para facilitar el acceso a los reclamos y mencionó las inversiones realizadas y las sanciones aplicadas a empresas prestadoras. Según indicó, el Estado provincial impuso multas por cerca de 10.000 millones de pesos a compañías incumplidoras. Con la sanción de la ley, Río Negro inicia ahora el proceso de reglamentación y puesta en funcionamiento del ERSeC, que reemplazará al EPRE y concentrará el control provincial sobre electricidad, agua potable y saneamiento.