La Legislatura de Río Negro aprobó el proyecto que ratifica el convenio para que la Provincia asuma durante 20 años la gestión y el mantenimiento de las rutas nacionales 22 y 151 dentro de su territorio. La iniciativa obtuvo 38 votos afirmativos y 3 negativos y fue sancionada en única vuelta, en una sesión donde oficialismo y oposición coincidieron en la gravedad del deterioro vial, aunque mantuvieron diferencias respecto del endeudamiento, los recursos nacionales y las condiciones del traspaso.
El texto aprobado establece las condiciones para que ambos corredores pasen a la órbita de la Dirección de Vialidad Rionegrina, sin que la Provincia pierda la jurisdicción ni el dominio federal de las rutas. Además, declara por un año la emergencia vial provincial en toda la extensión de las trazas dentro de Río Negro, habilitando a la autoridad de aplicación a realizar contrataciones directas de urgencia destinadas a obras y tareas de mantenimiento.
Para financiar las intervenciones consideradas prioritarias, la norma autoriza al Poder Ejecutivo provincial a contraer un endeudamiento de hasta 60 millones de dólares con FONPLATA u otro organismo de financiamiento multilateral. Los recursos estarán destinados a un programa de obras sobre los sectores de mayor criticidad de ambos corredores, mientras que el convenio contempla un plazo de 20 años para la transferencia operativa de la infraestructura.
Un plan de obras para los sectores más críticos
Durante el debate, el legislador Carlos Valeri (JSRN), miembro informante del proyecto, atribuyó el deterioro de las rutas a un proceso de desinversión vial de los sucesivos gobiernos nacionales durante los últimos 14 años. Según los datos expuestos en el recinto, la paralización de obras y el deterioro de calzadas y banquinas contribuyeron a un escenario que dejó 212 personas fallecidas entre 2018 y 2026 en accidentes vinculados con las rutas 22 y 151.
Valeri explicó que las obras de urgencia previstas alcanzan unos 305 kilómetros y detalló cuatro puntos considerados de extrema gravedad: la rotonda de Choele Choel, el tramo de la ruta 151 entre Barda del Medio y Catriel, la zona del puente 83 sobre la ruta 22 y un nuevo puente ferroviario en el ingreso a Cipolletti. El objetivo inmediato será intervenir en esos sectores mientras se avanza con una planificación de mayor alcance.
En paralelo, el legislador informó que Río Negro y Neuquén contratarán consultoras mediante financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para elaborar un esquema vial estratégico para las próximas dos décadas. También señaló que, una vez aprobada la norma, Nación contará con un plazo de 60 días para entregar las trazas saneadas de litigios o de contratos vigentes con empresas constructoras.
El oficialismo defendió la posibilidad de acceder al financiamiento internacional a partir de la situación financiera de la Provincia. Valeri sostuvo que la previsibilidad demostrada desde 2023 permitió acceder a un crédito con bajas tasas de interés y consideró que la decisión constituye un paso hacia una mayor autonomía provincial en materia de infraestructura vial.
Críticas por el endeudamiento y los recursos nacionales
El legislador Leandro García (PJ-Nuevo Encuentro) votó en contra y cuestionó que Río Negro asuma nuevas obligaciones sin recibir recursos nacionales equivalentes. Consideró que la transferencia de competencias “consolida una estafa a los rionegrinos” y sostuvo que los contratos abiertos no permitirán resolver los problemas existentes en los sectores más críticos de ambas rutas.
García también criticó que la Provincia deba endeudarse en dólares mientras el Estado nacional recauda los recursos derivados del impuesto a los combustibles. En ese sentido, planteó que los usuarios continúan pagando ese tributo en las estaciones de servicio y reclamó que una parte de esos fondos sea destinada a las provincias que asumen responsabilidades sobre corredores nacionales.
Desde Vamos con Todos, Luciano Delgado Sempé planteó que la Legislatura enfrentaba una “encrucijada compleja” entre garantizar el derecho a la vida de quienes utilizan las rutas y asumir una nueva deuda externa dolarizada. El legislador cuestionó la falta de envío de fondos nacionales y sostuvo que Río Negro debería reclamar judicialmente los recursos viales que, a su criterio, le corresponden por la coparticipación de los impuestos a los combustibles.
La legisladora Gabriela Picotti adelantó su acompañamiento en general, aunque manifestó reparos sobre las condiciones financieras del préstamo. Señaló que el proyecto no precisaba suficientemente los costos, los plazos de amortización y las tasas de interés, y cuestionó además la declaración de emergencia vial y la posibilidad de realizar contrataciones directas. Para Picotti, esa facultad excepcional podía convertirse en “un cheque en blanco” para la administración de fondos públicos.
Reclamos por otros tramos y por la coparticipación
El legislador Ariel Bernatene (UCR) acompañó la iniciativa y sostuvo que las rutas deben ser consideradas principalmente desde la perspectiva de quienes las utilizan diariamente, más allá de las jurisdicciones administrativas. Sin embargo, reclamó que la planificación provincial incorpore el tramo General Roca-Allen, por donde circulan más de 11.000 vehículos diarios y donde, según indicó, el transporte pesado vinculado con Vaca Muerta representa el 38% del tránsito habitual.
Fernando Frugoni (CC ARI) también respaldó el proyecto y sostuvo que la situación requiere respuestas concretas frente a la ausencia prolongada del Estado nacional. El legislador reclamó, además, que los representantes rionegrinos en el Congreso impulsen modificaciones a la legislación sobre combustibles para que las provincias que asuman corredores nacionales puedan recibir recursos destinados a su mantenimiento.
Fabián Pilquinao (Vamos con Todos) justificó su voto afirmativo al considerar que el estado de las rutas constituye una “trampa mortal” y una situación de “emergencia humanitaria”. Al mismo tiempo, advirtió sobre el riesgo de que el endeudamiento en dólares termine restando recursos a áreas como salud, educación y seguridad si el pago de las obligaciones financieras compromete el presupuesto provincial.
Ayelén Spósito (Vamos con Todos) explicó que su voto positivo respondió también al pedido de intendentes cuyos municipios sufren las consecuencias del deterioro de las trazas. La legisladora cuestionó el retiro de funciones del Estado nacional y propuso que cualquier eventual prórroga de la emergencia vial contemplada en el proyecto deba ser analizada y autorizada por la Legislatura.
Martina Lacour acompañó la ratificación del convenio y puso el foco en la necesidad de reducir la siniestralidad vial y garantizar la logística del Alto Valle. No obstante, consideró que resulta injusto que el costo de reparación de la ruta 151 recaiga sobre el conjunto de los rionegrinos, teniendo en cuenta el intenso tránsito de vehículos pesados relacionado con la actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta.
Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) respaldó el traspaso y coincidió con el diagnóstico sobre el deterioro de los accesos y corredores viales. La legisladora sostuvo que la Provincia debe mantener los reclamos judiciales ante Nación por los recursos derivados de los combustibles y planteó la necesidad de dejar expresamente establecido que la asunción de las tareas no implique renunciar a fondos que Río Negro considere que le corresponden.
La defensa del convenio desde el oficialismo
Lorena Matzen (UCR) calificó la decisión de asumir las rutas como “arriesgada”, pero también como “sumamente valiente y obligatoria” frente al riesgo que enfrentan los conductores. La legisladora respaldó la posibilidad de tomar deuda externa ante la falta de recursos propios suficientes y reclamó que la Provincia mantenga los reclamos políticos y judiciales para procurar una compensación nacional por las inversiones que deberá realizar.
Javier Acevedo (CC ARI) votó a favor y atribuyó el déficit de infraestructura vial a décadas de falta de inversión y a problemas de administración pública. El legislador pidió que la representación rionegrina en el Congreso Nacional trabaje de manera conjunta para modificar las normas tributarias y garantizar fondos de compensación para las provincias que se hagan cargo de obras sobre rutas nacionales.
José Luis Berros (Vamos con Todos) señaló que los intendentes del corredor vial ya deben afrontar tareas de bacheo en rutas nacionales ante el desplazamiento de responsabilidades. En ese marco, advirtió que los usuarios podrían terminar pagando la misma infraestructura a través de distintas vías: el impuesto a los combustibles, el crédito internacional y un eventual sistema de peajes.
Juan Martín (PRO) acompañó el proyecto y destacó que el convenio pone fin, a su entender, a años de disputas sobre las responsabilidades de mantenimiento. Sin embargo, reclamó mayores precisiones presupuestarias y recordó que durante el tratamiento en comisiones no se habían presentado planillas completas de costos y cómputos de obra. Por ello, sostuvo que la transparencia administrativa será determinante para evaluar el resultado del traspaso.
Al cierre del debate, el presidente del bloque Juntos Somos Río Negro, Facundo López, rechazó las críticas de la oposición y defendió la estrategia del Gobierno provincial. El legislador sostuvo que las políticas nacionales acompañadas por representantes de su espacio estuvieron vinculadas con el objetivo de impulsar el desarrollo energético y atraer inversiones de infraestructura, y destacó que la Provincia mantiene activa su obra pública.
López también defendió el financiamiento de hasta 60 millones de dólares y señaló que las condiciones de amortización son favorables y cuentan con el respaldo de las regalías hidrocarburíferas que recibe Río Negro. Además, afirmó que el convenio contempla un mecanismo de recupero de inversión que permitiría compensar los recursos destinados a las trazas en caso de una futura concesión o de una eventual intervención del Estado nacional.
Con la aprobación de la ley, Río Negro queda habilitada para avanzar en la instrumentación del traspaso operativo de las rutas 22 y 151, junto con el programa de emergencia vial y el financiamiento previsto para las obras prioritarias. La decisión abre ahora una etapa de implementación que deberá definir los mecanismos administrativos, financieros y técnicos para intervenir sobre dos de los principales corredores de circulación de la provincia.