La Secretaría de la Función Pública de Río Negro defendió este miércoles en la Legislatura el proyecto de ley de regularización contractual para agentes públicos, una iniciativa que busca otorgar estabilidad laboral a trabajadores del Estado que cumplan con una serie de requisitos establecidos. Durante un plenario de comisiones, funcionarios del Ejecutivo respondieron las consultas de los legisladores y brindaron precisiones sobre los criterios, plazos y condiciones previstos para la implementación del proceso.
La presentación estuvo encabezada por la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, quien expuso ante las comisiones de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo; Asuntos Constitucionales y Legislación General; y Presupuesto y Hacienda. En ese ámbito, la funcionaria explicó los principales alcances de la propuesta y respondió las inquietudes planteadas por los parlamentarios respecto de la regularización de los vínculos laborales dentro de la administración pública provincial.
Durante su intervención, Lastra precisó que la fecha de corte para acceder al proceso será el 31 de diciembre de 2025. Asimismo, detalló que quienes aspiren a la estabilidad deberán aprobar un examen de idoneidad a través del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), no registrar sanciones disciplinarias superiores a diez días de suspensión, contar con un informe favorable de desempeño y acreditar aptitud psicofísica mediante la Junta Médica Provincial.
La secretaria también aclaró que el proyecto garantiza que los trabajadores alcanzados por la iniciativa no sufrirán reducciones en su salario neto. Además, sostuvo que todo el procedimiento se desarrollará respetando "criterios objetivos, igualdad de oportunidades, publicidad, transparencia y derecho a la revisión administrativa", con el objetivo de asegurar un proceso abierto y sujeto a mecanismos de control.
En relación con el cronograma legislativo, Lastra informó que la iniciativa será tratada este jueves durante la sesión de la Legislatura de Río Negro. Agregó que, en caso de ser aprobada y posteriormente promulgada, el Poder Ejecutivo dispondrá de un plazo de 60 días para dictar el decreto reglamentario que establecerá los aspectos operativos y administrativos necesarios para su aplicación.
Finalmente, la titular de la Función Pública remarcó que la propuesta no solo apunta a brindar una solución a los agentes que reúnan las condiciones para acceder a la estabilidad, sino también a fortalecer la administración pública provincial. "No solamente esto es una solución para los agentes en condiciones de rendir, sino que también implica cuidar cómo se lleva adelante el proceso. Tenemos que dar cuenta a todos los rionegrinos de que el trabajo va a ser hecho con absoluta responsabilidad y con la visión de que quienes estén trabajando en el Estado sean los mejores", concluyó la funcionaria.