El Gobierno de Río Negro avanzó en la Legislatura con el proyecto de ley que busca formalizar el traspaso de las rutas nacionales 22 y 151 a la órbita provincial y habilitar un financiamiento de hasta US$60 millones para ejecutar obras en los sectores más deteriorados. La iniciativa, que ingresó para su tratamiento en única vuelta, también propone declarar la Emergencia Vial sobre ambos corredores.
El proyecto ratifica el convenio firmado el 24 de agosto entre la Provincia y la Dirección Nacional de Vialidad, mediante el cual se establece la transferencia progresiva de la gestión, administración y mantenimiento de las dos rutas dentro del territorio rionegrino. De aprobarse la norma, Vialidad Rionegrina tendrá un rol central en la ejecución de las intervenciones previstas.
La iniciativa expone un diagnóstico sobre el estado actual de las trazas y advierte sobre la presencia de ahuellamientos de hasta 17 centímetros, banquinas deterioradas y una creciente siniestralidad vial. Según los fundamentos, estas condiciones comprometen la seguridad de quienes circulan y requieren respuestas tanto inmediatas como una planificación de infraestructura a largo plazo.
El proyecto plantea que la transferencia permitirá a Río Negro tomar decisiones sobre corredores cuya administración estuvo hasta ahora bajo responsabilidad nacional. En ese sentido, los fundamentos vinculan el deterioro acumulado con la postergación de obras y plantean la necesidad de recuperar la transitabilidad, pero también de diseñar un esquema vial estratégico en coordinación con la provincia de Neuquén.
Uno de los ejes de la propuesta es la declaración de la Emergencia Vial Provincial para las rutas 22 y 151. La medida tendría una duración inicial de un año y podría extenderse por otro período. Vialidad Rionegrina quedaría facultada para realizar obras y contrataciones de urgencia, celebrar convenios, incorporar equipamiento y avanzar con los estudios técnicos necesarios para intervenir sobre los puntos considerados críticos.
La iniciativa también establece que el deterioro de ambos corredores impacta directamente sobre actividades económicas estratégicas. Entre ellas menciona a la producción frutícola del Alto Valle y al desarrollo hidrocarburífero de Vaca Muerta, debido al movimiento de personas, bienes e insumos que se desarrolla a través de estas rutas y a su importancia para la conexión entre Río Negro y Neuquén.
El tercer eje contempla la autorización al Poder Ejecutivo para contraer un endeudamiento de hasta US$60 millones, destinado al “Programa de Obras para la Puesta en Valor de Tramos de Máxima Criticidad”. El financiamiento se prevé gestionar ante FONPLATA-Banco de Desarrollo y también incluirá estudios de preinversión destinados a determinar el esquema de explotación más conveniente para cada corredor, incluida la eventual concesión de determinados tramos.
Con el ingreso del proyecto, el Ejecutivo provincial busca avanzar en una transferencia que implica asumir responsabilidades sobre dos de los principales corredores viales de la región. La Legislatura deberá analizar ahora el convenio, el régimen de emergencia y la autorización de financiamiento, tres componentes que el Gobierno considera necesarios para comenzar a intervenir sobre las rutas 22 y 151 y proyectar una nueva estrategia de conectividad regional.