La Legislatura de Río Negro avanzó con el tratamiento del proyecto que ratifica el convenio firmado entre la Provincia y la Dirección Nacional de Vialidad para asumir durante 20 años la gestión integral de 518 kilómetros correspondientes a las rutas nacionales 22 y 151. La iniciativa fue respaldada por mayoría en el plenario de las comisiones de Planificación, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, y ahora continuará su recorrido legislativo.
Durante la reunión, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; el ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez; el presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün; y el Fiscal de Estado Adjunto, Luciano Minetti, explicaron los alcances del convenio y respondieron las consultas formuladas por los legisladores. El proyecto contempla que la Provincia pueda ejecutar obras, realizar tareas de mantenimiento y controlar las cargas en los tramos transferidos.
El esquema incluye 518 kilómetros de las rutas nacionales 22 y 151 y apunta a intervenir principalmente en sectores del Alto Valle y Valle Medio. Para financiar las obras prioritarias de rehabilitación y seguridad vial, el Gobierno provincial prevé utilizar un crédito de 60 millones de dólares gestionado ante el Banco de Desarrollo de la Cuenca del Plata, conocido como Fonplata.
Echarren fundamentó la necesidad de avanzar con la ratificación del convenio y vinculó la iniciativa con el deterioro de ambas trazas. Según detalló, desde 2018 se registraron 212 personas fallecidas en esos corredores, en un contexto marcado por un tránsito estimado en 21.000 vehículos diarios, de los cuales el 26% corresponde a transporte pesado, y por la paralización de seis contratos nacionales.
El funcionario explicó que Río Negro no asumirá automáticamente todos los contratos existentes. La Provincia prevé hacerse cargo de dos obras actualmente vigentes: la rotonda de Choele Choel, que presenta un avance del 60%, y la repavimentación de la Ruta 151 entre los kilómetros 3 y 109. Respecto de los otros cuatro contratos, reclamó que Nación los sanee o rescinda, debido a que sus proyectos tienen más de dos décadas y, según planteó, no responden a las condiciones actuales.
La estrategia operativa contempla una primera división entre las denominadas “trazas liberadas” y aquellos sectores condicionados por litigios o procesos de neutralización. De acuerdo con la explicación brindada en comisión, existen 305 kilómetros sin contratos vigentes que pasarían a manos provinciales dentro de los 60 días hábiles posteriores a la aprobación de la ley.
Entre las obras consideradas prioritarias figura la construcción de un nuevo puente ferroviario sobre la Ruta 151 para el Tren del Valle. Echarren planteó que la alternativa provincial contempla elevar y ensanchar la estructura, en lugar de bajar la calzada como había sido previsto en una alternativa nacional. También mencionó repavimentaciones en hormigón en sectores de frenado pesado, bacheo, nivelación de banquinas e iluminación en cruces considerados críticos.
El Ministro sostuvo además que la declaración de emergencia vial permitirá agilizar determinados procedimientos administrativos. Según explicó, esa herramienta facilitaría contrataciones directas en sectores considerados de alta peligrosidad y permitiría encuadrar las obras bajo la Ley provincial 286, de acuerdo con las condiciones previstas en la normativa.
La planificación propuesta no se limitará exclusivamente a las rutas nacionales 22 y 151. Echarren anunció la contratación de una consultoría técnica integral a través del Consejo Federal de Inversiones, en coordinación con la provincia de Neuquén. El estudio abarcará la red vial del Alto Valle, incluyendo las rutas provinciales 65 y 69, los accesos locales y los cambios en los flujos de tránsito asociados al desarrollo de Vaca Muerta.
Otro eje planteado durante la exposición fue el control de cargas. Echarren sostuvo que se implementará un sistema permanente para preservar las obras que se realicen con los fondos del crédito internacional. Al mismo tiempo, remarcó que Río Negro continuará reclamando la transferencia de los recursos correspondientes al impuesto nacional a los combustibles destinados a la red vial federal.
El ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, brindó precisiones sobre las condiciones del financiamiento de 60 millones de dólares. Estimó que el directorio de Fonplata podría aprobar la operación durante octubre y explicó que el programa tendría cuatro años de ejecución, con un impacto directo estimado sobre 438.000 habitantes e indirecto sobre otros 300.000.
Según Sánchez, el crédito contempla una tasa basada en la SOFR del 3,65% más un margen del 2,10%, lo que arroja una tasa anual estimada del 5,75%. El plazo total de amortización será de 15 años y se prevén cinco años de gracia, por lo que el pago del capital comenzaría en 2032.
El funcionario defendió además la capacidad financiera de Río Negro para afrontar el nuevo endeudamiento. Señaló que el stock de deuda en dólares disminuyó desde el inicio de la gestión y destacó el proceso de cancelación del Plan Castello. De acuerdo con sus proyecciones, el indicador de servicios de deuda sobre los ingresos corrientes descendería del 71% al 14%, por debajo del límite del 15% establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Durante el debate, los legisladores plantearon cuestionamientos y pedidos de información sobre distintos aspectos del proyecto. Luciano Delgado Sempé, de Vamos con Todos, cuestionó el funcionamiento de las balanzas en las rutas 2 y 65 y alertó sobre el impacto de los camiones sobrecargados de áridos y fruta. También pidió conocer el detalle de las obras que serán financiadas con los 60 millones de dólares y consultó sobre la posibilidad de consolidar la Ruta Provincial 7 como corredor productivo hacia el puerto.
Lorena Matzen, de la Unión Cívica Radical, valoró la decisión del Ejecutivo provincial de asumir la problemática vial, aunque manifestó preocupación por una eventual superposición de cargas para los contribuyentes mediante impuestos, endeudamiento y futuros peajes. En ese marco, propuso una comunicación legislativa conjunta para reclamar a Nación la restitución de los fondos viales correspondientes a Río Negro.
Desde la Coalición Cívica ARI, Fernando Frugoni reclamó la finalización del pavimento de la Ruta Nacional 23 y consultó sobre el funcionamiento del sistema de pesaje dinámico en la Ruta Provincial 2. Yolanda Mansilla, de Primero Río Negro, planteó la necesidad de proteger el patrimonio provincial y propuso incorporar expresamente una cláusula que preserve el derecho de la Provincia a reclamar judicialmente los recursos viales retenidos.
También hubo cuestionamientos vinculados con la distribución territorial de las inversiones. Daniel Sanguinetti expresó preocupación porque el endeudamiento sería afrontado por el conjunto de los rionegrinos mientras buena parte de las obras se concentraría en el Alto Valle. En ese sentido, mencionó necesidades de infraestructura en la zona cordillerana, particularmente en Bariloche y El Bolsón, además del deterioro de las rutas nacionales 23 y 40.
Ayelén Spósito, de Vamos con Todos, cuestionó la transferencia de competencias sin recursos suficientes y pidió detalles sobre el costo de la consultoría vial. Leandro García, del PJ-Nuevo Encuentro, advirtió sobre una posible triple imposición a los contribuyentes y reclamó que Neuquén participe económicamente ante el impacto del tránsito pesado vinculado con Vaca Muerta. Otros legisladores solicitaron precisiones sobre rutas nacionales y provinciales, controles de peso, contrataciones de emergencia y evolución de la deuda.
Raúl Grün respondió parte de las inquietudes vinculadas con el control de cargas y explicó que obligar a los camiones a descargar el exceso de peso en el lugar de control no resulta técnicamente viable. “El deterioro del pavimento no se produce por unidades aisladas sino por la repetición sistemática del sobrepeso por eje”, sostuvo. Detalló que Vialidad Rionegrina utiliza balanzas móviles y puestos de pesaje dinámico con sensores y cámaras, con multas polinómicas que pueden ubicarse entre 3 y 5 millones de pesos o superar ese monto.
El titular de Vialidad Rionegrina también informó que el organismo administra una red de aproximadamente 800 kilómetros de rutas pavimentadas y 5.500 kilómetros sin pavimentar, además de unos 2.000 kilómetros de caminos vecinales que son repasados anualmente en coordinación con comisiones de fomento y el Ente de la Región Sur. Como antecedente de obras provinciales, mencionó la repavimentación de 180 kilómetros de las rutas provinciales 6 y 8.
Finalmente, el dictamen de la iniciativa fue aprobado por mayoría. El bloque de Juntos Somos Río Negro confirmó su respaldo al convenio, mientras que distintas bancadas plantearon observaciones y pedidos de precisiones antes de fijar una posición definitiva. Los bloques del PJ-Nuevo Encuentro y del PRO se reservaron un plazo de 48 horas para expedirse sobre el proyecto que establece el traspaso de la gestión de las rutas 22 y 151 a Río Negro por 20 años.