La reforma del IPROSS impulsada por el Poder Ejecutivo de Río Negro avanzó en una reunión plenaria de comisiones de la Legislatura, donde obtuvo dictamen favorable por mayoría luego de incorporar modificaciones al texto original. La iniciativa propone modificar la Ley K N° 2753 para transformar el actual régimen de afiliación obligatoria a la obra social estatal en un sistema voluntario u optativo para trabajadores activos y pasivos de la administración pública provincial y municipal.
Durante el tratamiento legislativo se introdujeron cambios a partir de observaciones formuladas por las distintas bancadas. Entre las modificaciones incorporadas se estableció que quienes decidan abandonar el IPROSS deberán permanecer durante un período mínimo de 12 meses en la nueva entidad elegida. A su vez, podrán solicitar el regreso al instituto estatal después de 36 meses, sin quedar sujetos a períodos de carencia.
Otro de los cambios incorporados establece una exclusión expresa respecto del alcance del derecho de opción. De acuerdo con la nueva redacción analizada en comisión, no podrán optar por abandonar el régimen quienes ocupen cargos electivos o políticos, magistrados y magistradas, ni funcionarios y funcionarias del Poder Judicial. La modificación fue incorporada durante el análisis técnico del proyecto remitido por el Ejecutivo.
Objeciones de SITRAJUR al financiamiento del IPROSS
Durante el debate expusieron representantes del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (SITRAJUR). El secretario general del gremio, Marco Calarco, planteó que el principal problema que atraviesa el IPROSS no estaría relacionado con el carácter obligatorio de la afiliación, sino con el funcionamiento y el esquema de financiamiento de la obra social provincial.
En esa misma línea, Emiliano Sanhueza reclamó mayor información sobre la administración de los recursos del instituto. Entre otros aspectos, solicitó informes detallados sobre el manejo financiero y el estado de las deudas que mantienen los municipios y los distintos poderes del Estado con el IPROSS. El planteo apuntó a conocer con mayor precisión la situación económica del organismo antes de avanzar con una modificación estructural de su régimen de afiliación.
La discusión también generó reparos entre sectores de la oposición. El legislador Juan Martin, del PRO, solicitó una reserva de 48 horas para analizar el proyecto y fundamentó el pedido en sus objeciones respecto de la celeridad del tratamiento y de la falta de consenso para una segunda instancia legislativa. El parlamentario sostuvo que la discusión debería concentrarse en garantizar un funcionamiento sustentable del sistema de salud y preservar la cobertura prestacional de las familias afiliadas.
Los bloques Vamos con Todos (VcT) y PJ–Nuevo Encuentro también solicitaron contar con 48 horas adicionales para definir sus respectivas posiciones. De esta manera, si bien el proyecto obtuvo dictamen favorable por mayoría en las comisiones, el debate dejó planteadas diferencias respecto del alcance de la reforma, su impacto sobre los afiliados y las condiciones financieras del IPROSS.
Otros proyectos con dictamen favorable
En la misma reunión plenaria avanzaron otros proyectos legislativos. Entre ellos se trató una iniciativa vinculada al reconocimiento de la figura de Óscar José Meilán, que obtuvo dictamen favorable, aunque el bloque PRO solicitó una reserva de 48 horas. También recibió respaldo general el proyecto de reconocimiento al ciudadano José Luis Fuertes, con la misma reserva solicitada por esa bancada.
Las comisiones también dieron dictamen favorable al proyecto de adhesión de Río Negro a la legislación nacional de Diagnóstico Humanizado, cuyo objetivo es establecer mecanismos de contención y acompañamiento para las personas y familias que reciben un diagnóstico de trisomía 21 o síndrome de Down durante la gestación o luego del nacimiento. La iniciativa busca incorporar a la provincia a un marco normativo orientado al acompañamiento integral frente a ese tipo de diagnósticos.
Otro de los expedientes que avanzó fue el relacionado con la declaración vinculada a la estación ferroviaria Vicealmirante Eduardo O’Connor. Asimismo, obtuvo dictamen favorable por mayoría el proyecto que modifica la legislación provincial sobre prevención, control y asistencia integral de las enfermedades de transmisión sexual. En este último caso, el bloque Vamos con Todos solicitó una reserva de 48 horas.
Nueva Unidad Procesal de Familia en General Roca
Durante otra instancia de la reunión de comisión, el vocal del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Sergio Cesi, presentó el proyecto que propone crear una cuarta Unidad Procesal de Familia en General Roca mediante una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El magistrado explicó que la iniciativa surge a partir del análisis de la demanda que actualmente deben atender los tres organismos de familia que funcionan en esa ciudad.
Cesi cuestionó la utilización exclusiva de indicadores tradicionales para determinar las necesidades de los tribunales, como el número de expedientes o las estimaciones poblacionales. Según explicó, esos parámetros constituyen “datos bastante estáticos” y no permiten establecer por sí solos si las variaciones en la demanda judicial tienen carácter permanente o responden a situaciones coyunturales.
Como alternativa, el Superior Tribunal utilizó un indicador denominado “carga ponderada de trabajo”, que busca contemplar las distintas características y complejidades de las tareas que realizan los juzgados. Cesi explicó que “no todos los gajos judiciales son iguales, no todos llevan el mismo trabajo, no todos tienen la misma cantidad de audiencias”, por lo que consideró necesario incorporar una medición que permita dimensionar con mayor precisión el esfuerzo requerido por cada organismo.
Según los datos expuestos por el vocal del STJ, las tres unidades de familia actualmente existentes en General Roca superan los 13.500 puntos de demanda cada una, por encima del máximo recomendado de 12.000. Frente a ese escenario, Cesi sostuvo que la creación de una cuarta unidad tiene como objetivo “generar una descongestión en la medida de lo posible” y permitir que el nuevo organismo absorba especialmente los trámites urgentes durante su primer año de funcionamiento.
Guardia Mitre busca regularizar 40 parcelas
Por otra parte, las comisiones emitieron dictamen favorable por unanimidad para el proyecto que autoriza a la Provincia de Río Negro a donar 40 parcelas a la Municipalidad de Guardia Mitre, con el objetivo de avanzar en la regularización dominial de los terrenos a favor de las familias que actualmente los ocupan. El intendente de la localidad, Miguel Evans, participó de la reunión y explicó ante los legisladores los antecedentes de la iniciativa.
Las parcelas corresponden principalmente a viviendas construidas alrededor de 1984 mediante un sistema de esfuerzo propio, en un esquema en el que la Nación aportó financiamiento, el municipio adquirió materiales y los vecinos construyeron sus propias casas. Sin embargo, la situación dominial de los terrenos permaneció sin regularizar durante décadas, lo que impidió completar el proceso de escrituración de las propiedades.
Evans explicó que el origen del problema se remonta a la conformación institucional del municipio. “Creería desde que se creó la ley 279, desde 1961 que Guardia Mitre era un municipio de tercera categoría, entonces la provincia no cedió los lotes a la municipalidad”, señaló. Según detalló, la aprobación legislativa permitirá al municipio asumir la titularidad de las parcelas y avanzar posteriormente con la escrituración a nombre de los vecinos.
El intendente precisó además que la mayoría de los terrenos ya cuenta con construcciones y que solamente tres o cuatro permanecen baldíos, ubicados en el sector céntrico de Guardia Mitre. También destacó la importancia de disponer de lotes que ya cuentan con infraestructura y servicios básicos instalados. “Es caro llevarle servicio a nuevos lotes que se están haciendo y valoramos mucho aquellos lotes que están en el centro y ya tienen servicio”, afirmó.
Con el dictamen unánime obtenido en comisión, el proyecto quedó en condiciones de continuar su tratamiento legislativo. En caso de completarse el procedimiento correspondiente, la Municipalidad de Guardia Mitre podrá avanzar mediante ordenanza con la adjudicación de las escrituras a las familias ocupantes, cerrando un proceso de regularización dominial que se inició varias décadas atrás.