Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro propone que la provincia adhiera a un programa nacional destinado a detectar y bloquear teléfonos celulares activos dentro de establecimientos penitenciarios. La iniciativa busca incorporar herramientas tecnológicas para evitar el uso de dispositivos móviles en zonas restringidas y apunta especialmente a prevenir estafas telefónicas, extorsiones y amenazas que, según sus fundamentos, pueden ser coordinadas desde el interior de las cárceles.
El proyecto fue presentado por Martina Lacour, César Domínguez y Marcela González Abdala, quienes plantean sumar a Río Negro al “Programa para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios”, creado por el Ministerio de Seguridad Nacional en agosto de 2026. La propuesta se sustenta además en resoluciones emitidas por esa cartera entre abril y agosto de este año, que establecen el marco para la implementación del sistema.
Según explicaron los autores en los fundamentos, el mecanismo permitiría identificar los teléfonos celulares que se encuentren activos dentro de áreas restringidas sin necesidad de localizar físicamente los aparatos ni proceder previamente a su secuestro. Para ello, se instalarían equipos fijos capaces de detectar los dispositivos y obtener sus identificadores, que luego serían reportados a las empresas prestadoras del servicio de telefonía móvil.
Detección y bloqueo de dispositivos
El sistema propuesto apunta a que los celulares detectados dentro de los sectores restringidos puedan ser bloqueados mediante sus identificadores IMEI e IMSI. De acuerdo con el proyecto, esta herramienta permitiría actuar sobre los dispositivos que permanezcan operativos dentro de las unidades penitenciarias y reducir las posibilidades de que sean utilizados para desarrollar comunicaciones no autorizadas.
La iniciativa aclara que la adhesión al programa no implicaría restringir el derecho de las personas privadas de su libertad a mantener comunicaciones autorizadas. Los autores remarcan que ese derecho continuará vigente en los términos establecidos por la Ley Nacional de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, por lo que la aplicación del sistema deberá diferenciar las comunicaciones permitidas de aquellas realizadas mediante dispositivos detectados en zonas donde su utilización se encuentre restringida.
Los legisladores también recuerdan que el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles ya había sido abordado anteriormente en la Legislatura rionegrina. En ese sentido, mencionan los proyectos 429/2025 y 411/2026, que plantearon alternativas relacionadas con la instalación de inhibidores de señal y con la prohibición de la tenencia de equipos celulares por parte de las personas privadas de la libertad.
En caso de avanzar la adhesión, Río Negro deberá asumir una serie de obligaciones vinculadas con la implementación del programa nacional. Entre ellas se encuentran la instalación y el mantenimiento de los equipos tecnológicos necesarios, el reporte de los dispositivos detectados y la realización de auditorías periódicas destinadas a controlar el funcionamiento del sistema. La propuesta busca así incorporar una herramienta de prevención y control sobre el uso de celulares dentro de los establecimientos penitenciarios de la provincia.