El Gobierno de Río Negro presentó en la Legislatura un proyecto de ley que propone concentrar en un único organismo la regulación y fiscalización de los servicios de electricidad y agua potable en toda la provincia. La iniciativa contempla la creación del Ente Regulador de Servicios y Concesiones, que asumiría funciones que actualmente se encuentran distribuidas entre distintas estructuras estatales.
La propuesta plantea la disolución del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y el traspaso de sus competencias, bienes y personal al nuevo organismo. De esta manera, el Ejecutivo busca modificar el esquema vigente de control sobre las prestaciones eléctricas y establecer una estructura regulatoria de alcance multisectorial.
El proyecto también incorpora al futuro ente las facultades vinculadas con la regulación y fiscalización del servicio de agua potable y los desagües cloacales que actualmente están bajo la órbita del Departamento Provincial de Aguas (DPA). El objetivo es que las tareas de control de ambos servicios esenciales queden concentradas bajo una misma conducción institucional.
Según los fundamentos de la iniciativa, la modificación responde a la necesidad de actualizar el funcionamiento de los organismos encargados de regular los servicios públicos. En ese sentido, el texto sostiene que se busca “dotar a la Provincia de Río Negro de una arquitectura institucional moderna, eficiente y robusta para el ejercicio de la función regulatoria”.
El nuevo ente tendría entre sus fuentes de financiamiento una tasa anual de inspección y control que deberán abonar las empresas prestadoras de los servicios regulados. El mecanismo propuesto establece que el monto no sería uniforme, sino que se determinaría de manera individual para cada prestador en función de los ingresos brutos obtenidos durante el año anterior.
La iniciativa establece además una estructura de conducción integrada por un Directorio de tres integrantes. Los cargos deberán ser ocupados por personas que acrediten antecedentes vinculados con las materias que estarán bajo competencia del organismo, de acuerdo con los requisitos establecidos en el proyecto enviado al Parlamento provincial.
En caso de que la Legislatura apruebe la propuesta, los integrantes del Directorio ejercerán sus funciones durante cuatro años. El proyecto contempla, además, la posibilidad de renovar sus mandatos sin establecer un límite máximo de períodos, una definición que quedaría incorporada al nuevo esquema institucional de regulación.
La reforma implicaría, por lo tanto, una modificación significativa en la organización estatal vinculada al control de servicios esenciales en Río Negro. El EPRE dejaría de existir como organismo independiente, mientras que las atribuciones regulatorias relacionadas con agua potable y saneamiento que actualmente ejerce el DPA pasarían a formar parte de las competencias del nuevo ente.
El proyecto deberá ahora atravesar el tratamiento legislativo, donde se analizarán tanto la conveniencia de concentrar las funciones regulatorias como las condiciones de funcionamiento, financiamiento y conducción del organismo propuesto. La iniciativa del Poder Ejecutivo apunta así a establecer un único esquema de fiscalización para servicios considerados estratégicos para los usuarios de toda la provincia.