El Gobierno de Río Negro impulsa una reforma del sistema de regulación y control de los servicios públicos mediante la creación del Ente Regulador de Servicios y Concesiones (ERSEC). La iniciativa fue enviada por el gobernador Alberto Weretilneck a la Legislatura y propone concentrar en un solo organismo las funciones vinculadas con la electricidad, el agua potable y los desagües cloacales.
El proyecto plantea modificar el esquema vigente, en el que las tareas regulatorias están distribuidas entre el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y el Departamento Provincial de Aguas (DPA). De acuerdo con los fundamentos de la propuesta, la unificación permitiría integrar capacidades técnicas, administrativas y jurídicas, además de establecer criterios comunes y procedimientos más simples para los usuarios.
Según sostiene el Poder Ejecutivo, el nuevo modelo apunta a incorporar una estructura de regulación multisectorial, una modalidad aplicada en diferentes jurisdicciones. El objetivo es contar con un organismo especializado que pueda abordar los distintos servicios desde una perspectiva integral y disponer de mayores herramientas para fiscalizar la calidad de las prestaciones, las inversiones y las obligaciones asumidas por las empresas.
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la protección de los usuarios. El ERSEC tendría entre sus atribuciones la resolución de reclamos relacionados con deficiencias en los servicios y problemas de facturación, además del control de tarifas, el establecimiento de estándares de calidad, la fiscalización de planes de inversión y la aplicación de sanciones cuando corresponda.
La propuesta también contempla mecanismos de participación ciudadana y acceso a la información. En ese marco, el futuro ente tendría que promover instancias como consultas y audiencias públicas, con el propósito de incorporar la participación de los usuarios en los procesos vinculados con la regulación de los servicios esenciales en Río Negro.
Otro de los cambios proyectados consiste en otorgarle al nuevo organismo una estructura que pueda incorporar en el futuro otras actividades o servicios sujetos a regulación. El Gobierno sostiene que esta posibilidad permitiría evitar la creación de organismos específicos ante cada nueva necesidad y conformar una estructura institucional adaptable al crecimiento de la provincia y a la incorporación de nuevas infraestructuras.
El proyecto establece, además, que la transformación no implicaría modificar los marcos regulatorios vigentes para la electricidad, el agua potable y el saneamiento ni afectar la continuidad de los contratos existentes. La modificación propuesta se concentra en la estructura desde la cual el Estado provincial regula y fiscaliza las prestaciones, con la intención de unificar recursos y fortalecer la capacidad técnica del sistema.