Un proyecto presentado en la Legislatura de Río Negro busca establecer límites a los cortes del suministro eléctrico por deudas de micro y pequeñas empresas que atraviesen dificultades económicas. La iniciativa, impulsada por el legislador Luciano Delgado Sempé, de Vamos con Todos, plantea que las prestadoras, incluidas las cooperativas, deban ofrecer alternativas de regularización antes de suspender el servicio.
El proyecto parte de considerar que para numerosos comercios, talleres y pequeñas empresas de la provincia la electricidad constituye un insumo indispensable para desarrollar su actividad. Según los fundamentos de la iniciativa, la interrupción del suministro puede provocar la paralización de las tareas y comprometer la continuidad de establecimientos que atraviesan dificultades para afrontar sus obligaciones.
“Cuando una deuda impaga deriva en el corte del servicio, la actividad puede paralizarse y comprometer su continuidad”, sostiene Delgado Sempé en los fundamentos del proyecto. Frente a esa situación, propone establecer un régimen de protección para que las micro y pequeñas empresas puedan regularizar sus deudas de electricidad mediante mecanismos de financiación, sin perder el suministro mientras se analiza y formaliza el acuerdo.
La propuesta no contempla la condonación de las deudas acumuladas, sino la creación de condiciones específicas para facilitar su pago. Para ello, establece que las empresas distribuidoras deberán ofrecer un plan de regularización antes de avanzar con un corte por falta de pago, con límites tanto para la cantidad de cuotas como para los intereses aplicables a la deuda.
El esquema prevé financiar las obligaciones pendientes en hasta 60 cuotas, con la posibilidad de extender ese plazo a 84 cuotas en situaciones debidamente justificadas. A su vez, el importe de cada cuota no podrá superar el 50% de la facturación mensual promedio del establecimiento, mientras que la tasa de interés tendrá un límite vinculado con las líneas de crédito administradas por Río Negro Fiduciaria S.A.
Otro de los puntos centrales establece que la solicitud de adhesión al régimen suspenderá cualquier procedimiento de corte mientras se analiza el plan de pago. En caso de que el servicio ya haya sido interrumpido, el proyecto contempla una reconexión sin cargo dentro de las 24 horas posteriores a la formalización del acuerdo. “El corte debe constituir la última instancia y no la primera respuesta” frente a una deuda, sostiene el legislador.
Para implementar el régimen, la iniciativa propone crear una Mesa Provincial de Energía, que estaría presidida por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). El organismo también estaría integrado por representantes de las cámaras empresarias regionales y del Ministerio con competencia en materia energética, y tendría entre sus funciones establecer criterios de aplicación y publicar mensualmente la tasa máxima admitida.
El proyecto incorpora además una cláusula de neutralidad tarifaria para evitar que los costos derivados del nuevo régimen sean trasladados al resto de los usuarios del sistema eléctrico. De acuerdo con el texto presentado, cualquier incremento del costo financiero generado por la aplicación del mecanismo deberá ser absorbido sin incorporarse a las tarifas correspondientes a otros usuarios.
Finalmente, la propuesta establece exclusiones para determinados casos. El beneficio no alcanzaría a las deudas originadas en conexiones clandestinas o adulteración de medidores, ni a los usuarios que hayan incumplido un plan de regularización durante los 12 meses anteriores. De avanzar en la Legislatura, el proyecto deberá atravesar el correspondiente tratamiento parlamentario antes de definir si el régimen se convierte en una herramienta vigente para las micro y pequeñas empresas endeudadas con las prestadoras eléctricas de Río Negro.