Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro propone crear un régimen para que municipios, comunas y comisiones de fomento puedan asociarse voluntariamente en entes regionales destinados a gestionar de manera conjunta los residuos sólidos urbanos. La iniciativa busca dar una respuesta coordinada a una problemática que, según sus impulsores, excede las capacidades individuales de numerosos gobiernos locales.
Los autores del proyecto advirtieron especialmente sobre la situación de los centros de disposición final y la persistencia de basurales a cielo abierto. En los fundamentos señalaron que “la saturación de los vertederos municipales y la persistencia de basurales a cielo abierto configuran, para buena parte del territorio rionegrino, un pasivo ambiental que ningún municipio logra resolver en soledad”.
La propuesta establece la posibilidad de constituir Entes Interjurisdiccionales GIRSU, integrados por dos o más municipios, comunas o comisiones de fomento. Estos organismos tendrían competencia sobre distintas etapas del manejo de los residuos, incluyendo su reducción, reciclado, tratamiento y disposición final, además de la planificación de la logística necesaria para trasladarlos entre diferentes puntos de la región.
Uno de los aspectos contemplados es la posibilidad de utilizar infraestructura ferroviaria provincial para el traslado de residuos, siempre que los estudios correspondientes determinen que resulta técnica, económica y ambientalmente viable. De esta manera, el proyecto incorpora una alternativa de transporte dentro de un esquema que apunta a organizar la gestión de los residuos más allá de los límites administrativos de cada localidad.
Cooperación entre municipios
La iniciativa toma como sustento jurídico el artículo 229, inciso 10, de la Constitución de Río Negro, que contempla la creación de organismos intermunicipales de cooperación. Desde ese marco, los legisladores sostienen que la autonomía municipal puede complementarse con mecanismos de asociación para abordar problemas comunes.
“La autonomía municipal no debe entenderse como el derecho al aislamiento”, sostuvieron los impulsores del proyecto, al fundamentar la necesidad de generar herramientas para que los gobiernos locales puedan coordinar políticas ambientales y de infraestructura. El mecanismo propuesto tendría carácter voluntario y permitiría que cada jurisdicción determine su incorporación a los organismos regionales.
En materia económica, el régimen contempla distintas fuentes de financiamiento para sostener el funcionamiento de los entes. Entre ellas figuran los aportes municipales vinculados con la coparticipación, el Fondo Específico GIRSU establecido por la ley M 5491 y los recursos que puedan generarse mediante tasas asociadas a la prestación del servicio.
El proyecto también habilita a los organismos interjurisdiccionales a gestionar financiamiento ante entidades multilaterales de crédito. Entre las instituciones mencionadas aparecen el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento (CAF), una alternativa que permitiría buscar recursos para obras e infraestructura de escala regional.
Control legislativo y ambiental
En cuanto a los mecanismos de control, la propuesta establece que los entes estarán sometidos al control externo del Tribunal de Cuentas de Río Negro. Además, prevé la creación de una comisión especial de seguimiento dentro de la Legislatura provincial, integrada por cinco legisladores.
Ese órgano tendría entre sus funciones monitorear la incorporación de municipios al sistema, el movimiento y destino de los fondos y el avance de las políticas destinadas a eliminar los basurales a cielo abierto. De esta manera, el proyecto busca incorporar mecanismos de seguimiento institucional sobre el funcionamiento de los nuevos organismos.
El proyecto fue firmado por 21 legisladores pertenecientes a distintos bloques de la Legislatura. Entre los firmantes se encuentran José Luis Berros, Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Fabián Pilquinao y Luciano Delgado Sempé, de Vamos con Todos; Daniel Belloso, Leandro García, Luis Ivancich y Alejandra Mas, del Partido Justicialista-Nuevo Encuentro; y representantes del PRO y otros espacios legislativos.
La propuesta se presenta en un contexto de discusión sobre las alternativas para mejorar la gestión de los residuos sólidos urbanos en Río Negro. Sus impulsores plantean que la conformación de estructuras regionales permitiría compartir infraestructura, recursos y capacidades técnicas entre distintas jurisdicciones, con el objetivo de avanzar hacia sistemas de tratamiento y disposición final que reduzcan el impacto ambiental y eviten que cada municipio deba afrontar el problema de manera aislada.