El bloque del Partido Justicialista-Nuevo Encuentro respaldó el proyecto de ley que establece el pase a planta permanente de agentes del Poder Ejecutivo de Río Negro, aunque advirtió que la medida debe analizarse en un contexto marcado por el deterioro del poder adquisitivo y de las condiciones laborales de los trabajadores estatales. La posición fue expresada durante el debate legislativo, donde la bancada acompañó la iniciativa pero planteó reparos sobre la situación económica del sector público.
El legislador Leandro García adelantó el respaldo del bloque al considerar que toda medida destinada a ampliar y garantizar derechos laborales merece acompañamiento. Sin embargo, sostuvo que la estabilidad laboral no puede analizarse de manera aislada de las dificultades económicas que atraviesan las familias de los empleados públicos y señaló que existen otros problemas pendientes vinculados con salarios, endeudamiento y condiciones de trabajo.
Junto a García, los legisladores Daniel Belloso, Luis Ivancich y Alejandra Más centraron parte de sus intervenciones en el impacto que, según plantearon, tiene el desfinanciamiento nacional sobre las cuentas y las políticas públicas de Río Negro. En ese marco, vincularon la discusión sobre las tasas en las Comisiones de Fomento, el traspaso de rutas nacionales, el endeudamiento de los trabajadores y las medidas de ajuste con el retiro de recursos y responsabilidades del Estado nacional.
En relación con el pase a planta, García cuestionó particularmente las políticas económicas implementadas por el Gobierno de Javier Milei. Sostuvo que la administración nacional “ha convertido al salario en la principal variable de ajuste de su modelo económico, degradando sistemáticamente al empleo público y estigmatizando a quienes sostienen diariamente servicios esenciales como la educación, la salud y la seguridad”.
El legislador afirmó además que desde diciembre de 2023 los trabajadores públicos registraron una pérdida significativa de poder adquisitivo. Según los datos mencionados durante la sesión, cada empleado estatal habría perdido en promedio el equivalente a $14 millones en términos reales, como consecuencia de la devaluación inicial, el congelamiento salarial y la dificultad para recomponer los ingresos frente al proceso inflacionario.
García sostuvo que la pérdida de poder adquisitivo también repercute sobre el nivel de endeudamiento de los hogares. “Hoy siete de cada diez trabajadores argentinos se endeudan para llegar a fin de mes, para pagar la luz, el gas o simplemente para poder comer”, afirmó. En ese contexto, cuestionó las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien había atribuido el endeudamiento a decisiones individuales de los ciudadanos.
Reclamo por el endeudamiento familiar
Desde el bloque PJ-Nuevo Encuentro señalaron que Río Negro también enfrenta un crecimiento del endeudamiento de las familias. García aseguró que se registró un incremento de los deudores considerados irrecuperables y planteó que la situación requiere una respuesta por parte del Estado provincial para evitar que las obligaciones financieras continúen afectando los ingresos de los trabajadores.
En ese sentido, recordó que la bancada presentó dos iniciativas legislativas relacionadas con la problemática. Una de ellas es el proyecto N° 586, que propone crear un Sistema Integral de Protección frente al Endeudamiento Familiar, mientras que el proyecto N° 790 busca establecer condiciones para que las entidades crediticias puedan realizar descuentos por planilla sobre los salarios de los trabajadores estatales.
Finalmente, García diferenció el impacto positivo de la estabilidad laboral de los problemas económicos que persisten. “Si bien el pase a planta permanente representa una medida positiva porque brinda estabilidad y certidumbre laboral, ello no alcanza para resolver los problemas que hoy enfrentan miles de trabajadores”, afirmó. Y agregó: “Celebramos la certidumbre que otorga el pase a planta, pero no se puede sostener la vida si el Estado provincial no interviene frente al nivel de endeudamiento que tienen las familias rionegrinas y los trabajadores públicos”. Como antecedente, mencionó una reciente decisión de la provincia de Chubut vinculada con la refinanciación de deudas de empleados públicos.