El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, cuestionó la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la denominada Ley de Tierras y reclamó al Congreso que rechace el DNU 70/2023 impulsado por el presidente Javier Milei. El máximo tribunal revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto, que había derogado la Ley 26.737 de Tierras Rurales. La Corte fundamentó su decisión en la falta de legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y en la ausencia de un caso o controversia judicial, y aclaró que no se pronunció sobre la validez constitucional de la derogación.
Pesatti sostuvo que el fallo constituye “un golpe directo a la soberanía territorial del país” y consideró que deja a las provincias ante una situación de vulnerabilidad. En particular, planteó su preocupación por el impacto que la eliminación de las restricciones a la propiedad extranjera de tierras rurales podría tener en Río Negro, al señalar que la provincia posee áreas de relevancia geográfica, ambiental y productiva, entre ellas sectores cordilleranos, cuencas de agua dulce, el litoral atlántico y zonas próximas a la frontera.
En ese marco, el vicegobernador afirmó que retirar las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros implica, según su interpretación, “abrirle las puertas al capital transnacional y a los fondos especulativos” para adquirir tierras en la provincia. Sus declaraciones se produjeron luego de que la Corte Suprema dejara sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de La Plata, por considerar que la entidad que promovió la acción no contaba con legitimación para impulsar ese reclamo colectivo. El tribunal precisó que su decisión se limitó a esa cuestión procesal y no implicó un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023.
El funcionario rionegrino también defendió el carácter estratégico de la tierra y cuestionó su consideración como un activo exclusivamente económico. “La tierra para nosotros no es un simple activo financiero, ni un bien de mercado al servicio del mejor postor”, expresó Pesatti, quien vinculó la propiedad rural con la producción, el trabajo de las familias y el desarrollo de las comunidades locales. En esa línea, sostuvo que una eventual concentración de tierras en manos de capitales extranjeros en determinadas zonas podría afectar, a su criterio, cuestiones relacionadas con el federalismo, la seguridad nacional y las futuras generaciones.
A partir de su posición, Pesatti reclamó una intervención del Poder Legislativo frente a la vigencia de la derogación dispuesta por el DNU. “Es nuestro deber rechazar esta visión que pretende poner los recursos estratégicos del país a disposición del mercado global sin resguardo de la soberanía”, manifestó, y pidió al Congreso de la Nación que “ponga un límite definitivo y rechace el DNU 70/2023 en su totalidad”. La decisión de la Corte, en tanto, dejó sin efecto el pronunciamiento judicial que había frenado la derogación de la Ley de Tierras, aunque el propio tribunal aclaró que la cuestión de fondo sobre la validez constitucional del artículo 154 no fue analizada en esa sentencia.
Finalmente, el vicegobernador cuestionó el criterio adoptado por la Corte respecto del CECIM y de su legitimación para impulsar la acción judicial. “Es una vergüenza que la Justicia no le reconozca a los veteranos de la Guerra de Malvinas la entidad y legitimación necesarias”, afirmó Pesatti. El máximo tribunal, sin embargo, sostuvo que no estaba configurado un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo que habilitara la acción promovida y, por ese motivo, rechazó la demanda sin emitir un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras Rurales.