El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, difundió una columna de opinión en la que cuestionó el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los llamados discursos de odio y lo vinculó con el reciente rechazo al planteo presentado por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) contra la derogación de la Ley de Tierras Rurales. En su texto, sostuvo que el máximo tribunal debería aplicar el mismo criterio frente a las expresiones provenientes de funcionarios públicos.
Pesatti recordó que los veteranos del CECIM recurrieron a la Justicia para impugnar la derogación de la Ley de Tierras dispuesta mediante el DNU 70/2023. Según señaló, la Corte rechazó la presentación por falta de legitimación y no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación. Posteriormente, el tribunal se refirió a las críticas recibidas y advirtió sobre expresiones de odio y descalificación.
En ese marco, el vicegobernador destacó una frase atribuida al propio tribunal: “La crítica es correcta; la descalificación y el odio solo deterioran las instituciones y la democracia”. A partir de esa definición, Pesatti centró su cuestionamiento en el alcance que debería tener ese criterio cuando las críticas están dirigidas contra integrantes del Poder Judicial y cuando las expresiones cuestionadas provienen de autoridades políticas.
El funcionario rionegrino sostuvo que la caracterización de los cuestionamientos de los excombatientes debe diferenciarse de una incitación al odio. Según su interpretación, calificar de “indigno” al tribunal constituye una expresión de crítica política frente a una decisión judicial sobre un tema de interés público. En ese sentido, citó como antecedente el caso “Kimel” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y remarcó que los jueces también están sujetos al escrutinio ciudadano.
El planteo sobre la libertad de expresión
Pesatti también mencionó la Ley 23.592, cuyo artículo 3 contempla sanciones para determinados actos vinculados con la incitación a la persecución o al odio por motivos de raza, religión, nacionalidad o ideas políticas. A partir de esa referencia, sostuvo que no toda expresión agraviante puede ser equiparada automáticamente con un delito o con un discurso de odio y planteó que para realizar esa calificación deben analizarse las características concretas de cada manifestación.
El vicegobernador trasladó luego el eje de su análisis hacia las expresiones públicas del presidente Javier Milei contra periodistas y medios de comunicación. En particular, recordó la frase “No odiamos lo suficiente a los periodistas” y mencionó otros calificativos utilizados por el mandatario en redes sociales. Reporteros Sin Fronteras informó recientemente que analizó la actividad de la cuenta presidencial durante abril y mayo de 2026 y contabilizó 1.674 publicaciones hostiles contra la prensa en 47 días, incluidos republicaciones.
El informe de Reporteros Sin Fronteras señaló además que el análisis incluyó publicaciones en las que Milei calificó a periodistas y medios de “mercenarios” y los acusó de corrupción, mentiras y actividad política. La organización sostuvo que esa dinámica constituye un mecanismo sistemático de descrédito de profesionales de la información. Se trata de una valoración de RSF sobre las comunicaciones analizadas y no de una calificación judicial.
La cuestión también fue abordada en informes de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su informe anual correspondiente a 2024, la RELE había advertido sobre un contexto adverso para el ejercicio de la libertad de prensa en Argentina y señalado la existencia de discursos estigmatizantes provenientes de altas autoridades estatales contra periodistas y medios.
En su columna, Pesatti vinculó esos antecedentes con los estándares interamericanos referidos al comportamiento de funcionarios públicos. Citó los casos “Ríos” y “Perozo” para sostener que quienes ejercen cargos de alta responsabilidad estatal tienen un deber especial de cuidado respecto de sus expresiones, debido al alcance que pueden adquirir sus declaraciones sobre personas o sectores que participan del debate público.
A partir de esa comparación, el vicegobernador planteó una crítica directa al criterio que atribuye a la Corte. “A mi juicio, la Corte invierte esa escala”, sostuvo, al considerar que el tribunal reaccionó frente a los cuestionamientos formulados por los veteranos mientras, según su interpretación, no otorgaría la misma relevancia a las expresiones provenientes del Poder Ejecutivo. La afirmación forma parte de la valoración política realizada por Pesatti en su artículo.
El funcionario también reivindicó el derecho de los integrantes del CECIM a expresar sus posiciones respecto de la decisión judicial y relacionó su actuación actual con su participación en la guerra de Malvinas. “Merecen que sus argumentos sean escuchados. También tienen derecho a cuestionar a quienes los rechazan”, afirmó en el texto difundido, en referencia a los excombatientes que promovieron la acción judicial.
Finalmente, Pesatti sostuvo que el debate sobre los discursos de odio debe contemplar especialmente las responsabilidades asociadas al ejercicio del poder público. En su conclusión, reclamó que los principios vinculados con la libertad de expresión, la crítica y la independencia judicial sean aplicados de manera consistente frente a ciudadanos, jueces y autoridades políticas, y cerró su columna con una fuerte crítica a lo que considera una aplicación selectiva de esos criterios.