El Gobierno de Río Negro y los gremios ATE y UPCN volvieron a reunirse este miércoles en la Mesa de la Función Pública para analizar la situación salarial y laboral de los trabajadores de la Administración Pública Provincial. Durante el encuentro, el Ejecutivo presentó un informe sobre el estado de las cuentas públicas y confirmó que trabaja en una nueva propuesta de actualización salarial para el último tramo del año.
La reunión fue encabezada por la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra; la secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid; la secretaria de Hacienda, Natalia Crociati; y la subsecretaria de la Función Pública, Antonela Mestre. Por las organizaciones sindicales participaron Leticia Lapalma, en representación de ATE, y Mónica Miranda, por UPCN, en continuidad con las instancias de negociación desarrolladas durante 2026.
Tras exponer el escenario financiero provincial, el Gobierno asumió el compromiso de elaborar una nueva propuesta salarial destinada a cubrir el último tramo del año. Según informó oficialmente la Provincia, el objetivo es sostener la previsibilidad para los trabajadores estatales y administrar los recursos públicos en función de la situación de las cuentas provinciales.
El reclamo de ATE
Desde ATE señalaron que el Ejecutivo concurrió al encuentro sin una oferta concreta de actualización salarial y que, ante esa situación, el sindicato dejó asentado su pedido de una recomposición vinculada con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El gremio sostuvo que ese mecanismo toma como referencia acuerdos alcanzados durante las anteriores instancias de negociación salarial.
El sindicato también planteó que determinados gastos esenciales tuvieron incrementos que, según su análisis, superaron el promedio general de los precios. Entre los rubros mencionados por ATE se encuentran las tarifas de electricidad, gas y agua, los alquileres y la canasta alimentaria, elementos que el gremio incorporó a su planteo para el último tramo de la negociación.
Otro de los temas abordados fue el sistema de control biométrico de asistencia. ATE reiteró su rechazo a que esta herramienta sea utilizada como mecanismo excluyente y aclaró que no cuestiona la necesidad de controlar el presentismo. En ese sentido, reclamó que se contemplen mecanismos alternativos para los trabajadores que no puedan o no quieran incorporar sus datos biométricos.
El gremio también reclamó la regularización de las recategorizaciones pendientes y el pago retroactivo de las diferencias que hayan sido reconocidas. El planteo alcanza a trabajadores de distintos sectores de la Administración Pública Provincial y se suma a demandas que ya habían sido presentadas en anteriores reuniones de la Mesa de la Función Pública.
En materia salarial, el Ejecutivo viene aplicando durante 2026 un esquema de actualizaciones vinculadas con el IPC. En agosto, por ejemplo, se estableció un incremento del 4,21%, calculado a partir del promedio de los índices de precios de junio y julio, mientras que el Gobierno informó que los aumentos acumulados durante los primeros ocho meses del año alcanzaron el 19,44%.
Además de la discusión general sobre salarios, ATE presentó reclamos vinculados con distintos sectores estatales, entre ellos Educación, Salud, SeNAF, Desarrollo Humano y SPLIF. La organización sindical también solicitó respuestas sobre cuestiones específicas de cada área, mientras que el Gobierno continúa con procesos de regularización de pagos y recategorizaciones que habían sido discutidos en mesas anteriores.
Finalmente, las partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta la próxima semana. De esta manera, el Gobierno deberá avanzar en la elaboración de la propuesta de actualización salarial anunciada durante la reunión, mientras que los sindicatos continuarán planteando sus demandas. El próximo encuentro permitirá conocer el alcance de la oferta y la respuesta de las organizaciones gremiales.