Los bloques PJ-Nuevo Encuentro y Vamos con Todos de la Legislatura de Río Negro solicitaron explicaciones al Gobierno provincial por el apartamiento preventivo de cuatro docentes del Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) de Villa Regina y por el inicio de cinco sumarios administrativos. El pedido de informes fue dirigido al Ministerio de Educación y Derechos Humanos, al Consejo Provincial de Educación y a la Dirección de Educación Superior.
La presentación busca determinar las circunstancias que derivaron en las medidas adoptadas y conocer los fundamentos jurídicos y administrativos utilizados para disponer el apartamiento de las docentes. Las cuatro trabajadoras integraban el Consejo Directivo del instituto y, según señalaron públicamente docentes y estudiantes, su situación estaría vinculada con decisiones tomadas por ese órgano en relación con la aplicación de la Resolución 439/26.
La normativa cuestionada establece un nuevo reglamento para los concursos destinados a cubrir cargos de docentes interinos y suplentes en los Institutos de Formación Docente Continua de Río Negro. La aplicación de esa resolución generó diferencias dentro de la comunidad educativa de Villa Regina, que reclama la reincorporación de las docentes y el restablecimiento del funcionamiento del Consejo Directivo.
Desde los bloques legislativos plantearon que el Gobierno debe precisar las razones por las cuales las cuatro docentes fueron desafectadas de sus funciones. “Lo primero que tiene que explicar el Gobierno es por qué cuatro docentes que fueron elegidas por su propia comunidad educativa para integrar el Consejo Directivo terminan desafectadas de sus cargos”, señalaron los legisladores, quienes remarcaron que se trata de representantes de un órgano de gobierno institucional.
Los representantes del PJ-Nuevo Encuentro y Vamos con Todos cuestionaron además que una eventual controversia sobre la aplicación de una resolución pueda derivar en medidas que afecten a integrantes del Consejo Directivo. “Si hubo una controversia sobre la aplicación de una resolución, lo que corresponde es discutirla institucionalmente, escuchar a los claustros y respetar las competencias de los Consejos Directivos”, sostuvieron.
El legislador Leandro García, integrante del bloque PJ-Nuevo Encuentro, centró parte de sus críticas en el mecanismo utilizado para implementar la Resolución 439/26. “Una modificación de estas características no puede hacerse de espaldas a las comunidades educativas”, afirmó, y vinculó el debate con la situación salarial que atraviesan los trabajadores de la educación.
En ese sentido, García sostuvo que las nuevas condiciones para acceder a cargos en el nivel superior deberían contar con un mayor nivel de consenso. “No puede unilateralmente el gobierno modificar y restringir las condiciones de acceso a cargos para docentes con formación, experiencia y trayectoria en nuestros institutos”, planteó el legislador.
El dirigente también consideró que el conflicto excede la discusión administrativa sobre los concursos y puso el foco en el funcionamiento institucional de los IFDC. “Acá hay una discusión de fondo sobre qué modelo de educación superior queremos”, expresó, al señalar que los Consejos Directivos deben mantener espacios efectivos de participación para docentes y estudiantes.
En la misma línea, García afirmó que la Dirección de Educación Superior debe garantizar el reconocimiento de las atribuciones de los órganos de gobierno de cada instituto. “Los Consejos Directivos no pueden ser órganos decorativos que solamente sean escuchados cuando resulta conveniente para la Dirección de Educación Superior”, sostuvo.
El pedido de informes requiere conocer los criterios utilizados para aplicar la Resolución 439/26 y los procedimientos implementados en los concursos alcanzados por la normativa. También solicita información sobre el respeto del orden de mérito y las circunstancias que dieron origen a los cinco sumarios administrativos iniciados en el marco del conflicto.
Otro de los puntos incluidos en la presentación está relacionado con los fundamentos que respaldaron el apartamiento preventivo de las cuatro docentes. Los legisladores solicitaron que se informe qué normativa fue utilizada para adoptar esas medidas y qué actuaciones administrativas se llevaron adelante antes de disponerlas.
La solicitud también incorpora preguntas sobre el funcionamiento actual del Consejo Directivo del IFDC de Villa Regina y las acciones adoptadas para garantizar su continuidad institucional. “Queremos saber qué pasó, quién tomó cada decisión y bajo qué normativa”, afirmó García, quien agregó: “No estamos pidiendo privilegios para nadie: estamos pidiendo transparencia, debido proceso y respeto por las instituciones de la educación superior”.
El pedido de informes lleva las firmas de Leandro García, Daniel Belloso, José Luis Berros, Magdalena Odarda, Ayelén Sposito, Alejandra Mas, Luis Ivancich, Luciano Delgado y Fabián Pilquinao. A través de la presentación, los legisladores buscan que los organismos provinciales involucrados aporten información oficial sobre las decisiones adoptadas y los procedimientos administrativos en curso.
Los legisladores también advirtieron sobre el impacto que, a su criterio, podría tener el conflicto en la participación democrática dentro de los institutos de formación docente. “Si hay irregularidades, que se investiguen. Pero investigar no puede convertirse en una herramienta de disciplinamiento ni en una forma de castigar a quienes ejercen la representación de sus compañeros”, afirmaron.
Finalmente, los bloques señalaron que continuarán siguiendo la situación del IFDC de Villa Regina y defendieron el funcionamiento de los espacios de representación institucional. “Vamos a defender la educación pública, el derecho de los docentes a trabajar y participar y, fundamentalmente, la autonomía y el funcionamiento democrático de nuestros Institutos de Formación Docente”, concluyeron.