La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) expresó públicamente su rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, iniciativa que este jueves es tratada en el Senado de la Nación. A través de una declaración institucional, la casa de estudios sostuvo que la propuesta impulsada por el Gobierno nacional representa un riesgo para la soberanía, la protección del ambiente y la preservación de recursos estratégicos del país.
En el documento, la universidad manifestó que, en su carácter de institución pública dedicada a la generación de conocimiento y comprometida con el desarrollo regional, considera que la reforma normativa "representa una amenaza directa a la soberanía nacional, al resguardo del medio ambiente y a los activos estratégicos que resultan fundamentales para el bienestar de nuestra comunidad". La postura fue difundida en el marco del debate legislativo que se desarrolla este 6 de agosto.
La UNRN advirtió además que la iniciativa podría favorecer la concentración de bienes comunes y profundizar la extranjerización de la tierra, con consecuencias económicas y sociales de largo alcance. Según expresó la institución, este escenario "profundiza la dependencia económica de nuestro país y favorece el drenaje de divisas", además de debilitar el control sobre la integridad territorial y afectar el acceso a la tierra para pequeños productores, sectores populares y pueblos originarios.
En otro de los apartados, la universidad sostuvo que el territorio no debe ser considerado únicamente como un activo financiero sujeto a las reglas del mercado. "El territorio no puede ser reducido a un simple activo financiero ni a una mercancía sujeta a los vaivenes de la especulación global; es, primordialmente, el cimiento físico y social sobre el cual nuestras comunidades edifican su identidad y sus proyectos de vida", remarcó la declaración institucional.
La casa de altos estudios también expresó preocupación por el posible impacto que la normativa tendría sobre regiones estratégicas de la Patagonia. En ese sentido, señaló que la desregulación propuesta podría resultar especialmente sensible en zonas fronterizas, áreas de importancia minera, cuencas hídricas, acuíferos y extensiones de bosque nativo, espacios que calificó como de alto valor geopolítico y ambiental.
Asimismo, la universidad recordó que cuenta con carreras como Ingeniería Ambiental, Licenciatura en Ciencias del Ambiente, Geología y Antropología, además de equipos de investigación especializados en estas temáticas. Según indicó, el conocimiento desarrollado por esas unidades académicas permite formular "serios reparos" respecto de una iniciativa que, a su entender, podría facilitar la transferencia masiva de tierras a manos extranjeras y someter aspectos relevantes de esas operaciones a jurisdicciones legales fuera del país.
En ese marco, la UNRN afirmó que, como universidad pública, tiene la responsabilidad de aportar evidencia científica y análisis técnico al debate sobre políticas públicas que involucren el ambiente, el territorio y los recursos naturales. "Como universidad pública tenemos la responsabilidad de poner nuestras capacidades científicas al servicio de la sociedad y de advertir cuando determinadas decisiones pueden comprometer el ambiente, el territorio, los recursos naturales y, en definitiva, la soberanía sobre decisiones estratégicas para el futuro", sostuvo.
La declaración agrega que las instituciones de ciencia y tecnología deben contribuir a la defensa de los derechos humanos y de la soberanía nacional mediante un análisis "riguroso y crítico" de las iniciativas legislativas. En esa línea, la universidad remarcó que resulta imprescindible que el conocimiento académico participe activamente en la discusión pública sobre temas de interés estratégico para el país.
Finalmente, la Universidad Nacional de Río Negro exhortó a los legisladores nacionales a priorizar la protección de la soberanía argentina durante el tratamiento parlamentario del proyecto. En su pronunciamiento, la institución pidió rechazar un marco normativo que, según su evaluación, "compromete el futuro de la Patagonia y del país en su conjunto", al considerar que podría afectar el control sobre el territorio y los recursos naturales.
El pronunciamiento institucional se dio en coincidencia con el tratamiento del proyecto en el Senado y suma la posición de una de las principales universidades públicas de la Patagonia al debate nacional sobre la regulación de la propiedad de la tierra, la soberanía territorial y la gestión de los recursos estratégicos del país.