La Legislatura de Río Negro aprobó por mayoría el proyecto que ratifica el convenio mediante el cual la Provincia transfiere al Municipio de San Carlos de Bariloche la jurisdicción sobre la avenida Exequiel Bustillo, en el tramo comprendido entre el Monolito y la rotonda de acceso al Hotel Llao Llao.
El acuerdo, firmado el 19 de marzo, establece que la Municipalidad asumirá de manera plena y exclusiva las responsabilidades vinculadas con la conservación y el mantenimiento de la traza, una vez concretada la transferencia. La medida busca adecuar la administración de la avenida a las características urbanas que adquirió ese corredor con el crecimiento de la ciudad.
A partir de la sanción legislativa, el Municipio también tendrá a su cargo la señalización horizontal y vertical, la regulación del tránsito y la implementación de políticas vinculadas con la seguridad vial. La transferencia contempla además las autorizaciones para usos especiales y obras complementarias sobre la traza.
El convenio establece que quedarán bajo responsabilidad municipal las consecuencias civiles, administrativas y patrimoniales derivadas de accidentes, daños u omisiones relacionados con tareas de mantenimiento o señalización. De esta manera, se concentra en el gobierno local un conjunto de atribuciones que hasta ahora se encontraban distribuidas entre distintos organismos.
La iniciativa fue fundamentada en el crecimiento urbano, demográfico y turístico registrado por San Carlos de Bariloche en torno a la avenida Bustillo. Debido a que el tramo se encuentra dentro del ejido municipal y funciona como una arteria de circulación cotidiana, el acuerdo plantea que la administración directa permitirá una respuesta más rápida frente a las necesidades del sector.
Los argumentos del oficialismo
Durante el debate, el legislador de Juntos Somos Río Negro, Carlos Valeri, defendió la transferencia y sostuvo que el desarrollo de Bariloche modificó el carácter de la avenida. “Con el paso de los años, la ciudad creció alrededor de la avenida Bustillo y ya no tenía sentido que siguiera funcionando como parte de una ruta provincial, con problemas de mantenimiento y superposición de jurisdicciones”, afirmó.
Valeri señaló además que Bariloche presenta una particular complejidad en materia de competencias institucionales, debido a la presencia de organismos nacionales y provinciales que intervienen sobre distintos sectores del territorio. Entre ellos mencionó al Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Parques Nacionales, el Departamento Provincial de Aguas y Vialidad Rionegrina.
Según explicó el legislador, la coexistencia de diferentes jurisdicciones puede dificultar la toma de decisiones frente a situaciones relacionadas con la seguridad vial, accidentes de tránsito y otras intervenciones que requieren respuestas coordinadas. En ese contexto, consideró que centralizar la administración de la avenida permitirá agilizar los procedimientos.
Para Valeri, la transferencia constituye “la mejor solución” alcanzada entre el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Walter Cortés. El legislador sostuvo que el acuerdo permitirá que una vía con características predominantemente urbanas sea administrada directamente por el Municipio.
La posición oficialista fue acompañada por distintos argumentos vinculados con la necesidad de reducir la superposición de competencias. La transferencia no implica solamente el mantenimiento de la calzada, sino también la responsabilidad sobre señalización, tránsito, obras complementarias y las consecuencias derivadas de eventuales incumplimientos en esas áreas.
Críticas por el estado de la avenida
La legisladora del bloque PRO Unión Republicana, María Laura Frei, acompañó el proyecto, aunque planteó reparos respecto del estado actual de la avenida y reclamó que la Provincia mantenga un acompañamiento económico para avanzar con su recuperación.
“Hay que decir las cosas como son”, sostuvo Frei, quien afirmó que el Municipio recibirá “una avenida totalmente rota”, con sectores sin señalización y numerosos pozos que, según consideró, demandarán una inversión considerable para alcanzar condiciones adecuadas.
La legisladora aclaró que el deterioro de la Bustillo no puede atribuirse exclusivamente a diferencias políticas entre el Gobierno provincial y el municipal, debido a que también se registró durante períodos en los que ambas administraciones pertenecían al mismo espacio político.
En ese sentido, recordó que en 2020 comenzaron obras destinadas a modernizar la avenida, pero señaló que para 2023 los trabajos se encontraban paralizados. Según indicó, existía además una deuda con la empresa contratista y no se había completado siquiera el primer kilómetro de intervención previsto.
Frei valoró que el convenio contemple un aporte económico de la Provincia durante el proceso de transferencia, aunque consideró que ese desembolso resulta insuficiente frente al deterioro acumulado. “Un pago único no alcanza para reparar años de deterioro”, sostuvo durante el debate legislativo.
La legisladora diferenció las tareas de conservación cotidiana de una obra de reconstrucción integral y reclamó que Río Negro continúe aportando recursos para recuperar la avenida mientras el Municipio comienza a ejercer las nuevas competencias.
“Vamos a votar a favor, pero descentralizar sin plata no es autonomía, es sacarse un problema de encima”, concluyó Frei, al plantear que la transferencia debe estar acompañada por los recursos necesarios para afrontar las obras que requiere la traza.
La respuesta del oficialismo
El presidente del bloque Juntos Somos Río Negro, Facundo López, fue el encargado de cerrar el debate y rechazó la interpretación de la oposición respecto de que la Provincia estaría trasladando el problema al Municipio sin asumir sus responsabilidades.
“No es que nosotros nos quisimos sacar la Bustillo de encima”, afirmó López. Según explicó, la iniciativa surgió de un acuerdo entre el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Walter Cortés, a partir del planteo de que la avenida presenta actualmente características propias de una calle urbana.
El legislador sostuvo que el corredor atraviesa la costa del lago Nahuel Huapi y cumple una función central en la movilidad cotidiana de Bariloche, por lo que consideró más eficiente que las tareas de mantenimiento y las respuestas operativas dependan directamente del gobierno municipal y no de Vialidad Rionegrina.
López también diferenció el convenio provincial de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional en materia de infraestructura vial. “Nosotros no hicimos la gran Gobierno Nacional”, expresó, al cuestionar el retiro de financiamiento nacional para obras viales y la pretensión de transferir rutas a las provincias sin los recursos correspondientes.
El presidente del bloque oficialista remarcó que el convenio contempla un aporte económico provincial para acompañar el proceso de transferencia y sostuvo que existe un trabajo coordinado entre las administraciones provincial y municipal.
No obstante, López reconoció que el mantenimiento cotidiano no constituye una solución definitiva para el estado de la avenida y que será necesaria una inversión de mayor magnitud para resolver los problemas estructurales de la traza.
“Con bacheo y arreglos no alcanza. Todos los días los barilochenses tienen dificultades para movilizarse, por lo que en algún momento habrá que darle una solución definitiva”, concluyó el legislador.
Con la aprobación de la Legislatura, el Municipio de San Carlos de Bariloche avanzará hacia la asunción de las nuevas responsabilidades sobre la avenida Bustillo. El debate dejó planteadas dos cuestiones centrales: por un lado, la necesidad de ordenar las competencias sobre una arteria que atraviesa el ejido urbano; por otro, la disponibilidad de recursos para afrontar el deterioro y avanzar hacia una recuperación integral de uno de los principales corredores viales y turísticos de la ciudad.