El proyecto de ley 1137/2026, enviado por el Poder Ejecutivo de Río Negro, avanzó este lunes en la Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura luego de una extensa reunión en la que expusieron autoridades del IPROSS, representantes gremiales y legisladores de distintos bloques. La iniciativa propone modificar la Ley K 2753 para reemplazar el actual régimen de afiliación obligatoria por uno voluntario u optativo.
La propuesta alcanza a los trabajadores activos de la administración provincial y municipal y extiende la posibilidad de optar por otra cobertura a los afiliados actuales y futuros, además de jubilados y pensionados. El expediente fue presentado por el Poder Ejecutivo el 15 de septiembre y actualmente continúa su trámite parlamentario.
Durante el debate aparecieron diferencias entre el oficialismo, sectores de la oposición y las organizaciones sindicales. Uno de los principales interrogantes planteados estuvo relacionado con las consecuencias económicas que podría generar una eventual salida de afiliados y con el destino de los aportes y contribuciones que actualmente recibe el Instituto.
La discusión también se concentró en las condiciones para abandonar el IPROSS, los mecanismos para regresar a la obra social provincial y la situación específica de quienes se encuentran próximos a jubilarse. En distintos momentos de la reunión surgió además el cuestionamiento sobre los tiempos elegidos para tratar la reforma.
Los gremios cuestionaron el cambio de régimen
Una de las exposiciones más críticas estuvo a cargo de la secretaria general de UNTER, Laura Ortiz, quien intervino en representación de sectores sindicales que previamente habían acordado una posición común en defensa del IPROSS.
Ortiz cuestionó que los trabajadores no hubieran contado, según planteó, con suficiente participación previa antes de que el proyecto fuera enviado a la Legislatura. Su intervención puso el foco en la necesidad de discutir primero las dificultades que atraviesa la obra social y las alternativas para mejorar sus prestaciones.
Desde las organizaciones gremiales se sostuvo que la discusión no debería centrarse principalmente en facilitar la salida de los afiliados, sino en analizar cómo fortalecer el sistema provincial de salud y garantizar respuestas adecuadas para trabajadores, jubilados y sus grupos familiares.
Durante las exposiciones sindicales también se plantearon cuestionamientos vinculados con las demoras en las prestaciones, los costos que deben afrontar algunos afiliados y la relación existente entre el Instituto y los prestadores.
Las críticas a la iniciativa habían comenzado antes de la reunión legislativa. Distintas organizaciones sindicales habían expresado reparos sobre el impacto que una modificación del régimen de afiliación podría producir sobre el financiamiento del IPROSS y reclamaron una mayor participación en el debate.
Acevedo planteó un fondo de estabilización
El legislador Javier Acevedo, del bloque ARI-Cambiemos, manifestó una posición favorable al principio de libre elección, aunque advirtió que el nuevo sistema debería incorporar mecanismos destinados a preservar la sustentabilidad financiera del Instituto.
Acevedo planteó que una eventual migración podría concentrarse inicialmente en trabajadores jóvenes, con menores necesidades médicas o con mayores ingresos, mientras que quienes requieran tratamientos más complejos podrían permanecer en el IPROSS.
A partir de ese escenario, propuso analizar la creación de un Fondo de Estabilización de Prestaciones Complejas que permita compensar eventuales pérdidas de recursos y sostener la cobertura de tratamientos de alto costo.
El legislador incluso planteó que, si ese mecanismo resultara insuficiente, debería contemplarse algún tipo de garantía del Tesoro provincial para evitar que una caída de afiliados afecte la capacidad del Instituto para afrontar sus obligaciones.
Sposito cuestionó el carácter solidario
Ayelén Sposito, legisladora de Vamos con Todos, centró parte de sus preguntas en la situación financiera y prestacional del IPROSS. Entre otros puntos, consultó por la deuda que el Instituto mantiene con hospitales públicos y por las garantías que tendría una persona con una enfermedad o tratamiento complejo si decidiera cambiar de cobertura.
También pidió precisiones sobre el destino de la contribución patronal del 7% prevista en el proyecto para determinadas prestaciones especiales.
Durante su intervención, Sposito cuestionó el argumento de solidaridad asociado al nuevo régimen. “Yo no veo nada de solidario”, afirmó, y sostuvo que una eventual modificación podría generar una mayor presión sobre el sistema público de salud si determinadas personas quedaran fuera de las coberturas disponibles.
La intervención de la legisladora también derivó en un cruce durante la reunión, cuando cuestionó determinadas actitudes de funcionarios y legisladores mientras representantes de los trabajadores exponían sus posiciones ante la comisión.
Odarda preguntó por el apuro
Magdalena Odarda, también integrante de Vamos con Todos, cuestionó tanto algunos aspectos centrales del proyecto como la velocidad con la que se desarrolla su tratamiento legislativo.
“¿Por qué el apuro?”, preguntó durante su exposición, al reclamar que antes de avanzar se escuche a trabajadores, jubilados y organizaciones sindicales vinculadas con el sistema.
Odarda también cuestionó el funcionamiento de la Comisión de Seguimiento del IPROSS y planteó objeciones respecto del procedimiento legislativo elegido para la iniciativa.
En particular, manifestó reparos sobre el tratamiento en única vuelta y consideró que esa modalidad podía reducir las instancias de participación y discusión pública sobre una modificación que alcanza a una parte importante de los trabajadores estatales rionegrinos.
La legisladora defendió además el carácter solidario del Instituto y sostuvo que el debate debería incluir aspectos vinculados con la transparencia, los ingresos, los aportes, la redistribución de recursos y las razones del deterioro de determinadas prestaciones.
Desde esa perspectiva, planteó que antes de facilitar la salida de afiliados deberían analizarse medidas destinadas a fortalecer el funcionamiento del IPROSS y mejorar la cobertura que brinda.
Picotti advirtió sobre los plazos
Gabriela Picotti coincidió parcialmente con algunos de los cuestionamientos planteados por otros sectores de la oposición y sostuvo que el objetivo debería ser que el IPROSS resulte una cobertura que los trabajadores quieran mantener.
“El IPROSS tendría que ser una opción, una buena opción a elegir”, afirmó durante la reunión, al tiempo que manifestó reparos sobre la necesidad de acelerar el tratamiento del proyecto.
La legisladora también identificó una cuestión concreta en la redacción relacionada con los plazos previstos para quienes opten por otra cobertura y posteriormente quieran regresar al Instituto.
Picotti preguntó si los 12 meses iniciales de permanencia en otra cobertura debían sumarse a los 36 meses establecidos para poder retornar al IPROSS, lo que podría llevar a interpretar que el plazo total sería de 48 meses.
Las autoridades explicaron durante la reunión que los 36 meses se contabilizan desde el momento en que el afiliado ejerce originalmente la opción. Ante la observación, admitieron que el punto será revisado en la redacción para evitar interpretaciones diferentes.
El IPROSS presentó tres escenarios de migración
La presidenta del IPROSS, Ivana Porro, explicó durante la reunión que el organismo analizó tres escenarios posibles de migración de afiliados: una salida equivalente al 1%, al 10% y al 15% de los titulares.
Según los números expuestos, el universo tomado como referencia es de 102.381 afiliados titulares. En un escenario de migración del 1%, aproximadamente 1.023 personas dejarían de aportar al esquema correspondiente al afiliado titular.
Porro estimó que una salida de ese volumen representaría una pérdida mensual cercana a los 230 millones de pesos, compuesta por aproximadamente 110 millones correspondientes a aportes y otros 120 millones vinculados con contribuciones.
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es que la contribución patronal del 7% permanecería dentro del IPROSS aunque el trabajador decidiera derivar su cobertura hacia otra entidad.
El proyecto establece una afectación específica de esa contribución: un 3% para planes oncológicos y prestaciones especiales, un 2% para discapacidad, prestaciones especiales y prótesis, y otro 2% para farmacia ambulatoria y enfermedades crónicas.
Porro remarcó que esos recursos no serían derivados a Rentas Generales y continuarían afectados a los programas establecidos por la iniciativa. El argumento busca responder a uno de los principales interrogantes planteados durante la reunión sobre un eventual desfinanciamiento del Instituto.
Murillo Ongaro planteó otra perspectiva
Juan Murillo Ongaro, del PRO-Unión Republicana, introdujo una mirada diferente sobre el posible impacto de la reforma y cuestionó que el debate se concentre exclusivamente en la cantidad de afiliados que podrían abandonar el IPROSS.
El legislador planteó que el desafío debería consistir en transformar al Instituto en una cobertura que los trabajadores quieran elegir por sus prestaciones y condiciones, más allá de que actualmente exista una obligación de afiliación.
Murillo Ongaro recordó además que junto con Yolanda Mansilla, de Primero Río Negro, habían impulsado una iniciativa para eliminar la obligatoriedad desde el momento de ingreso al Estado.
Aunque manifestó que su bloque observa algunos aspectos del proyecto “con buenos ojos”, también reclamó mayor tiempo para escuchar a los trabajadores y afiliados antes de avanzar hacia las siguientes etapas del tratamiento legislativo.
La apertura a nuevos afiliados
Porro respondió que uno de los objetivos del nuevo esquema será precisamente permitir que el IPROSS incorpore afiliados que actualmente no tienen acceso voluntario al Instituto.
La titular del organismo mencionó durante la reunión el interés manifestado por asociaciones de empleados de comercio, consejos profesionales y universidades para acceder a la cobertura.
Según explicó, actualmente el régimen no permite incorporar a esos sectores de manera voluntaria. La modificación buscaría ampliar ese universo y permitir que el IPROSS compita con otras obras sociales por nuevos afiliados.
El planteo oficial es que la posibilidad de incorporar voluntarios podría compensar parcialmente una eventual salida de trabajadores estatales y, al mismo tiempo, generar nuevos incentivos para mejorar las prestaciones.
La situación de los jubilados
Yolanda Mansilla puso especial atención en la situación de los trabajadores que están próximos a jubilarse y en las alternativas de cobertura que tendrían al momento de pasar a la condición de pasivos.
La legisladora sostuvo que la posibilidad de elegir debería existir desde el ingreso al Estado y no después de una afiliación obligatoria. En ese marco, planteó dudas sobre qué ocurriría con una persona que llega a la jubilación luego de haber optado por otra cobertura.
También preguntó por qué una persona que inicia su trámite jubilatorio debería ingresar primero al IPROSS para luego optar por PAMI, en lugar de poder tomar esa decisión directamente durante el proceso previsional.
Mansilla reclamó además precisiones sobre los convenios que deberían celebrarse con otras obras sociales y preguntó si existiría previamente un listado de entidades disponibles o si el Instituto tendría que establecer acuerdos en función de las elecciones individuales.
Dantas advirtió sobre el régimen previsional
Pedro Dantas, del PJ-Nuevo Encuentro, planteó otra cuestión vinculada con los trabajadores que se encuentren cerca de jubilarse cuando decidan cambiar de cobertura.
El legislador recordó que el convenio relacionado con la transferencia de la Caja previsional establece la continuidad de los jubilados en el IPROSS y pidió analizar cómo se compatibilizaría esa disposición con el nuevo régimen de opción.
En particular, planteó qué sucedería si un trabajador abandona el Instituto durante su último año de actividad y se jubila antes de completar los 36 meses previstos para regresar.
Para Dantas, podría existir una eventual contradicción entre las condiciones establecidas por el convenio previsional con ANSES y las reglas que propone el nuevo proyecto, por lo que consideró necesario revisar ese aspecto antes de la sanción.
Pilquinao volvió al interrogante central
Fabián Pilquinao, de Vamos con Todos, retomó hacia el final de la reunión una de las preguntas que había atravesado distintas exposiciones: cuál es la razón concreta para modificar ahora el régimen de afiliación.
“No queda claro el porqué”, sostuvo el legislador, al cuestionar la existencia de un eventual pedido masivo de los trabajadores para cambiar el sistema.
Pilquinao también puso en duda que una reforma de semejante alcance deba avanzar con rapidez hacia el recinto y reclamó más tiempo para analizar sus consecuencias económicas, sociales y sanitarias.
López defendió la iniciativa
El presidente del bloque oficialista, Facundo López, realizó una de las principales defensas políticas del proyecto y explicó que la iniciativa responde a una decisión del gobernador Alberto Weretilneck.
Según López, el Ejecutivo recibió planteos de afiliados que quieren contar con la posibilidad de elegir otra cobertura médica y consideró que esa demanda constituye uno de los fundamentos de la reforma.
La iniciativa oficial fue presentada públicamente como un mecanismo para establecer la libre elección de obra social para trabajadores públicos provinciales y municipales, además de jubilados y pensionados.
López rechazó que el objetivo sea desfinanciar al IPROSS y sostuvo que la reforma persigue tres objetivos principales: evitar que los trabajadores se sientan obligados a permanecer en una cobertura, generar competencia para el propio Instituto y producir mayores incentivos para mejorar la relación con los prestadores.
El legislador afirmó que quien considere que puede obtener una cobertura diferente mediante sus aportes podrá ejercer esa opción y, si el costo de la alternativa elegida supera el monto disponible, deberá afrontar la diferencia correspondiente.
En relación con el IPROSS, López sostuvo que la competencia debería funcionar como un incentivo para que el Instituto conserve a sus afiliados actuales y, eventualmente, consiga nuevos afiliados voluntarios.
“No queremos que se vaya nadie, queremos que se queden todos”, afirmó, aunque explicó que el objetivo del proyecto es que esa permanencia se produzca por elección y por la calidad de las prestaciones, y no exclusivamente por una obligación legal.
El argumento sobre los prestadores
Otro de los argumentos expuestos por López estuvo relacionado con la relación entre el IPROSS y los profesionales y establecimientos que brindan servicios de salud.
El legislador sostuvo que algunos prestadores pueden priorizar a pacientes de otras obras sociales porque los afiliados del IPROSS actualmente no cuentan con la posibilidad de cambiar de cobertura.
Según su planteo, esa situación se observaría especialmente en Viedma, donde existe una alta proporción de trabajadores vinculados con el Estado provincial.
López consideró que la libre elección podría modificar esa relación porque los prestadores tendrían incentivos para brindar una atención competitiva a los afiliados del IPROSS si quieren conservarlos.
El debate sobre la representación sindical
Durante la reunión también se discutió la representación de los trabajadores dentro de la conducción del Instituto y, en particular, la ausencia de representantes de determinados sindicatos.
López recordó que la Junta de Administración del IPROSS está integrada por un presidente y siete vocales, cuatro de ellos representantes de los afiliados, y sostuvo que las organizaciones gremiales cuentan con mecanismos propios para determinar a sus representantes.
Ante los cuestionamientos relacionados con la participación de UNTER, el legislador afirmó que esos representantes no son designados por el Poder Ejecutivo, sino por las propias organizaciones, mientras que el Gobierno provincial designa a sus representantes institucionales.
La discusión sobre la composición del organismo se vinculó así con uno de los reclamos centrales planteados por los sindicatos: la necesidad de ampliar la participación de los trabajadores en cualquier modificación estructural del sistema.
Un proyecto que seguirá en debate
Con la aprobación por mayoría en la Comisión de Asuntos Sociales, el proyecto 1137/2026 continuará su recorrido parlamentario y deberá atravesar las restantes instancias previstas en la Legislatura. El expediente tiene además intervención prevista de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General y de Presupuesto y Hacienda.
El debate dejó abiertos distintos aspectos de la iniciativa, entre ellos los plazos para regresar al IPROSS, la situación de los jubilados, los convenios con otras entidades y las condiciones económicas que podrían producirse ante una eventual migración de afiliados.
También quedó planteada la discusión sobre el modelo de cobertura que tendrá el Instituto en caso de aprobarse la reforma: un sistema que mantenga una base obligatoria o uno en el que los trabajadores puedan elegir entre distintas alternativas.
Para los gremios y parte de la oposición, la prioridad debería ser fortalecer el IPROSS, mejorar las prestaciones y preservar su esquema solidario antes de habilitar una salida voluntaria de afiliados.
El oficialismo, en cambio, sostiene que la posibilidad de elegir puede convertirse en un mecanismo de competencia que obligue al Instituto a mejorar sus servicios y, al mismo tiempo, le permita captar nuevos afiliados.
La Comisión de Asuntos Sociales dejó así planteadas dos posiciones diferentes sobre el futuro del sistema provincial de salud, mientras el proyecto avanza hacia las próximas etapas legislativas. El eje de la discusión ya no está solamente en la obligatoriedad de la afiliación, sino también en cómo sostener financieramente al IPROSS, garantizar prestaciones y definir el lugar que ocupará frente a otras opciones de cobertura.